su PORTAVOZ DE EMPLEO DESMIENTE AL MINISTERIO

El PP echa la culpa a Hacienda de impedir a los parados acceder a la jubilación a los 61

Parecía que el caos en el Gobierno sobre las prejubilaciones no podía ser mayor. La portavoz del PP en la Comisión de Empleo ha liado más el ovillo

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto a la titular de Empleo, Fátima Báñez. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto a la titular de Empleo, Fátima Báñez. (EFE)

Parecía que el caos en el Gobierno con la polémica de las jubilaciones anticipadas no podía ser mayor. Pero no. La portavoz del PP en la Comisión de Empleo del Congreso, María del Carmen Álvarez-Arenas, ha conseguido liar más el ovillo. Ha echado la culpa del cambio de criterio a la Intervención General del Estado, organismo dependiente del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para descargarla del Departamento de Fátima Báñez. Es más, ha acusado a dicho organismo de actuar en contra de los intereses de los ciudadanos. Y, por si fuera poco, contradice al Ministerio de Empleo al asegurar que sí se están revisando los 35.000 expedientes, incluyendo los que han sido denegados.

"La Intervención General del Estado (IGAE) es la que ha empezado a denegar expedientes que estaba revisando en algunas provincias, dando una interpretación jurídica de lo que todos habíamos entendido cuando se tramitó el Real Decreto diferente a lo que estaba haciendo el INSS. La Intervención es la que ha parado el procedimiento de interpretación que había dado el INSS de forma general a todos los expedientes en los que, efectivamente, se estaban dando casos en los que convenios especiales individuales se estaban dando por buenos y se estaban jubilando esas personas", explicó esta portavoz en la Diputación Permanente del Congreso del martes para argumentar la denegación de la comparecencia de la ministra en la cámara por este asunto.

Un portavoz de Hacienda asegura que Álvarez -Arenas se equivocó y no se refería a la Intervención General del Estado sino a la Intervención de la Seguridad Social, pese a que en su alocución parlamentaria repitió claramente que hablaba de la del Estado, "a la que los demás grupos no tienen el mismo respeto que el Popular y el Gobierno".

En todo caso, esta explicación contradice totalmente a la que ha ofrecido el Ministerio de Empleo desde que estalló el escándalo a mediados de mes. El departamento de Báñez sostiene que no ha habido ningún cambio de criterio, sino que detectaron que algunas demarcaciones (no especifica cuáles) estaban respondiendo a los afectados que podían jubilarse a los 61, y lo que ha hecho es establecer como criterio general el de los 63, que es el correcto. Según Álvarez-Arenas, sí ha habido un cambio de criterio provocado por la IGAE, porque antes la Seguridad Social estaba aplicando el de los 61 años.

María del Carmen Álvarez-Arenas.
María del Carmen Álvarez-Arenas.

Pero no contenta con eso, la portavoz parlamentaria va más allá al decir que "claro que ha habido conflicto: el INSS ha interpretado de una manera, a favor de los ciudadanos, que es la Seguridad Social siempre (sic), que se ha paralizado cuando ha intervenido un órgano tan importante como la Intervención. Y lo que se ha hecho es una interpretación jurídica, que es la que está dando unos resultados que probablemente no son los que se estaban buscando en el espíritu de la ley". Una declaración que da a entender claramente que el criterio de la IGAE va en contra de los ciudadanos, al oponerse al de la Seguridad Social.

¿Se revisarán todos expedientes o sólo los nuevos?

Para completar el cúmulo de contradicciones con el Ministerio, la representante del Grupo Popular afirma que no es necesaria la comparecencia de Báñez porque su departamento ya ha actuado: "El órgano central de la Seguridad Social ya ha reclamado todos los expedientes, esos 35.000, que se están analizando uno a uno para ver si se han producido resultados no deseados. Y la Seguridad Social está abierta a estudiar si las resoluciones actuales no se ajustan claramente al espíritu de la ley".

El Ministerio desmintió la semana pasada las informaciones de algunos medios que anunciaban esa revisión individual de todos los expedientes. Según un portavoz del departamento, no va a haber ninguna revisión, sino que simplemente se van a centralizar las decisiones a partir de ahora en la Subdirección General de Prestaciones sólo para los nuevos expedientes, no para aquellos sobre los que ya hubiera resolución. Asimismo, negó que haya quedado en suspenso el nuevo criterio, sino que esta centralización sólo pretende garantizar que se aplica un criterio uniforme en toda España.

Estas informaciones, refrendadas ahora por Álvarez-Arenas, abren la puerta a la esperanza de aquellos afectados que esperaban jubilarse con 61 y que han visto cómo la Seguridad Social rechazaba su solicitud y los obligaba a esperar hasta los 63. Pero con este caos y esta multitud de contradicciones –que se completan con las distintas versiones que les cuentan en las oficinas de este organismo–, nadie sabe a qué atenerse.

En algunos círculos políticos se considera que el Gobierno no va a tener más remedio que dar marcha atrás, como hizo con la tributación de las indemnizaciones por despido, a la vista del escándalo. Además, es una medida desfavorable y retroactiva, incluso con tintes de inconstitucionalidad. Y, por si fuera poco,  en lo único en que coinciden el Ministerio y la portavoz parlamentaria es en que el ahorro que se consigue con este retraso es irrelevante.

Perjuicio de 80.000 euros

Como informó hace dos semanas El Confidencial, la Seguridad Social cambió en junio el criterio que aplicaba a los parados mayores de 55 años que se habían quedado sin prestación y seguían pagando de su bolsillo a la Seguridad Social para que el período en el paro no disminuyera su pensión (lo que se conoce como convenio especial), por el que podían jubilarse a los 61 años. Ahora les está denegando esta posibilidad, con lo que tendrán que seguir contribuyendo y sin poder acceder a la pensión hasta los 63 años, pese a que la mayoría sólo cobra un subsidio de 426 euros mensuales.

Los afectados (35.000 según Empleo, 130.000 según los sindicatos) se presentan con un perfil muy similar: personas que llevaban cotizando más de 40 años y que son despedidos con más de 55, edad con la que es prácticamente imposible recolocarse. Dado que el período en el paro les bajaría la cuantía de su pensión después de tantos años, se acogieron a esta fórmula para mantener su poder adquisitivo al retirarse, y estas aportaciones salían de la prestación de desempleo y del finiquito. Según sus testimonios, la cotización se sitúa en unos 1.000 euros al mes como media.

Todos ellos habían hecho sus cálculos para poder mantener este sistema hasta los 61 años y, al tener que prolongarlo durante dos años más, se encuentran ante un serio apuro económico. Sumando lo que deben aportar y la pensión que van a dejar de percibir, muchos de ellos cifran el perjuicio en torno a 80.000 euros. Lo que más les duele es que se hayan "cambiado las normas a mitad del partido", ya que, de haberlo sabido desde el principio, no se habrían embarcado en estos convenios. Además, se llega al absurdo de que quienes cumplieran años antes del 15 de junio se han podido jubilar con 61 años, mientras que quienes los cumplan después no podrán hacerlo.

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