Guindos gana competencias frente a CNMV y Banco de España para salvar la Sareb
El Gobierno mueve ficha ante las estrecheces económicas de la Sareb, entidad que aglutina los activos inmobiliarios tóxicos del sector financiero.
El Gobierno mueve ficha ante las estrecheces económicas de la Sareb, entidad que aglutina los activos inmobiliarios tóxicos del sector financiero. Y lo hace reforzando la capacidad del Ministerio de Economía para moldear las normas de contabilidad que se aplica a las entidades de crédito. Todo después de que una circular del Banco de España amenace a la sociedad de gestión con un tsunami en sus balances, al obligarle a tasar de forma recurrente sus activos y dotar provisiones si su valor de mercado actual es inferior al del traspaso. Al menos eso se desprende de dos enmiendas presentadas por el PP a la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, actualmente en trámite en el Senado.
Según ambos textos, a los que ha tenido acceso El Confidencial, el Grupo Popular busca rebajar el nivel de supervisión que en el texto original se concedía a organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). “Se amplía el ámbito de habilitación [del Ministerio de Economía] para dictar las normas de contabilidad y los modelos a que deberán sujetarse los estados financieros de las entidades de crédito”, justifica las enmienda. Fuentes parlamentarias confirman sin ambages que el movimiento tiene el delicado estado de salud de la Sareb en el punto de mira. “Te saltas a la CNMV y al Banco de España”, explican. Fuentes del departamento de Luis de Guindos precisaron que, aunque las enmiendas abren la puerta a cambios de competencias contables, el movimiento en ningún caso afectará a la Sareb.
Como ha venido publicando este periódico, la situación del banco malo no puede ser más comprometida. Al punto que la nueva circular del Banco de España le haría decir adiós a los beneficios previstos para 2014 y 2015, debido a las citadas provisiones extras. Del mismo modo, la rentabilidad anunciada para sus 15 años de vida, que se situaba en un 14%, pasaría a ser una quimera. La norma, no obstante, no es definitiva y podría modificarse en el periodo de alegaciones, de cara a una presumible aplicación total en 2016. Por si fuera poco, la entidad que preside Belén Romana ya arrojó pérdidas netas de 261 millones en 2013, muy lejos de los 47 estimados en su plan de negocio.
La primera enmienda afecta al apartado 2 del artículo 84, que contempla que el Ministerio de Economía podrá “establecer y modificar las normas de contabilidad y los modelos a que deberán sujetarse los estados financieros de las entidades de crédito”. Ahora se propone una nueva redacción que elimina un párrafo clave: “Para el establecimiento y modificación de las señaladas normas y modelos, con la excepción de los estados contables reservados, será preceptivo el informe previo del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores”. Vía libre para el departamento de Luis Guindos sin esta limitación.
Reorganizar competencias
De hecho, será el propio Ministerio el que decidirá quién tiene voz. “La orden ministerial en la que se establezca la habilitación determinará los informes que, en su caso, serán preceptivos para el establecimiento y modificación de las señaladas normas y modelos, así como para la resolución de consultas sobre esa normativa”, reza la enmienda en cuestión. “Se trata de reorganizar las competencias para dotar de más poder a Economía a la hora de adecuar las normas contables”, añaden las citadas fuentes, dejando claro que, cuando se apruebe la norma, el Ejecutivo tendrá más margen para ayudar a la Sareb.
La segunda enmienda –la número 150– camina también en esa dirección. En este caso, se modifica el apartado 24 de la disposición final primera, que a su vez modifica el artículo 86, que constata las obligaciones de información contable y de consolidación. El precepto faculta al Ministerio de Economía –y a la CNMV, Banco de España e ICAC con su habilitación expresa– para establecer “las normas contables y los modelos a que se deben ajustar sus estados financieros, así como los referidos al cumplimiento de los coeficientes que se establezcan, disponiendo la frecuencia y el detalle con que los correspondientes datos deberán ser suministrados (…) o hacerse públicos”.
La redacción inicial condicionaba el ejercicio de ese control a un informe previo del ICAC, que ya no será necesario. “El ejercicio de estas facultades requerirá los informes preceptivos que, en su caso, se determinen en la orden ministerial de habilitación”, se limita a apuntar el nuevo documento. La Sareb tiene como principal accionista al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con el 45% de la sociedad, seguido de los propios bancos, véase Santander (17%), CaixaBank (12%), Sabadell (6%) y Popular (5%). No es de extrañar que el Ejecutivo quiera poner pie en pared, después de arrastrar a las entidades financieras al banco malo y constatar el fiasco económico que se avecina. Nobleza obliga.
El Gobierno mueve ficha ante las estrecheces económicas de la Sareb, entidad que aglutina los activos inmobiliarios tóxicos del sector financiero. Y lo hace reforzando la capacidad del Ministerio de Economía para moldear las normas de contabilidad que se aplica a las entidades de crédito. Todo después de que una circular del Banco de España amenace a la sociedad de gestión con un tsunami en sus balances, al obligarle a tasar de forma recurrente sus activos y dotar provisiones si su valor de mercado actual es inferior al del traspaso. Al menos eso se desprende de dos enmiendas presentadas por el PP a la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, actualmente en trámite en el Senado.