España teme que el vacío de poder en Bruselas descafeíne la reforma fiscal

El vacío de poder que se ha instalado en Bruselas tras las elecciones al parlamento europeo -previsiblemente hasta los primeros días de noviembre no se conocerá la identidad de los nuevos comisarios- preocupa al Gobierno español, según fuentes de toda solvencia.

O más en concreto al ministro de Economía, Luis de Guindos, quien teme que los altos funcionarios que tomen las decisiones en los próximos meses sean más duros y exigentes con España que los propios comisarios europeos a la hora de examinar la actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017 y el Programa Nacional de Reformas.

No en vano, se trata de técnicos menos proclives a las negociaciones y hasta el ‘compadreo’ que habitualmente existe en Bruselas, donde la mayoría de las decisiones se toman casi siempre con el consentimiento de los gobiernos afectados. La desbandada ha sido general y el propio comisario de Asuntos Económicos, el finlandés Olli Rehn, ha sido elegido diputado del parlamento europeo, función incompatible con la de ser miembro del Ejecutivo comunitario y por lo tanto estará ausente de todas las decisiones.

No es un asunto menor. La provisionalidad de los órganos de dirección de las instituciones no detiene el funcionamiento normal de la Comisión Europea, que es quien fiscaliza y hace las recomendaciones en política económica a los Estados miembro.

Y hay que tener en cuenta que en las próximas semanas la Comisión en funciones debe aprobar las recomendaciones específicas para España en materia presupuestaria, reformas económicas y cuestiones sociales. Todo ello, en el marco de lo que se conoce como semestre europeo. Posteriormente, ya en julio, será el Consejo Europeo -donde se sientan los jefes de Estado y de Gobierno- quien dicte las recomendaciones definitivas con la información que les suministren los técnicos de la Comisión, pero sin la orientación dictada por el colegio de comisarios. Y la presencia de España en las estructuras comunitarias, ya se sabe, es escasa, lo que limita su capacidad de influencia sobre los órganos más técnicos.

Esas recomendaciones son clave para España. No sólo porque el déficit público sigue siendo uno de los más elevados de la Eurozona, sino porque en esas fechas la Comisión Europea podrá ya dar su opinión sobre la reforma fiscal que debe presentar el Gobierno en las próximas semanas. En todo caso, antes de acabe el mes de junio.

El filtro de la Comisión Europea

Hasta el momento, el único documento que anticipa de manera muy superficial lo que va a proponer el Ministerio de Hacienda es el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas: donde se avanza que el coste de recaudación en el Impuesto sobre la Renta ascenderá a 4.947 millones de euros entre 2015 y 2016. La cantidad es tan pequeña (respecto de lo que subió el IRPF el 30 diciembre de 2011) que probablemente está sesgada a la baja para que pase, precisamente, el filtro de los funcionarios de la Comisión Europea.

La Comisión Europea ya dejó un mensaje al ministro Montoro recientemente cuando aprobó el documento sobre desequilibrios macroeconómicos de España. En ese informe, que debe servir de guía para fijar las recomendaciones definitivas, se decía textualmente que “la futura reforma fiscal podría contribuir a fortalecer las finanzas públicas reduciendo la volatilidad de los ingresos”. Y no sólo eso. Advertía que había que tener en cuenta “la necesidad de ajustar ingresos y gastos a medio plazo”. La Comisión recomendaba, incluso, que si como consecuencia de que la recuperación es más intensa de lo previsto, el Gobierno destinara todos los excedentes a reducir el déficit en lugar de a aumentar el gasto público.

Hay que recordar que en las previsiones de primavera de la Comisión Europea se estimaba un déficit público para España equivalente al 5,6% del Producto Interior Bruto (PIB) para este año y del 6,1% para el próximo. En el primero año, dentro del escenario de consolidación presupuestaria, pero no en el segundo, lo que debería llevar a ajustes adicionales que para nada quiere el Gobierno español. Sobre todo teniendo en cuenta que 2015 será doblemente electoral. Es por eso que las recomendaciones sobre España del mes de junio y julio son claves para España, toda vez que la reforma fiscal será examinada por los funcionarios -y no por los políticos-.