El Tribunal de la UE multa con 30 millones a España por las ayudas fiscales vascas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) impuso hoy una multa de 30 millones de euros a España por no haber recuperado adecuadamente unas ayudas fiscales concedidas a empresas del País Vasco en los noventa y declaradas ilegales por la Comisión Europea (CE). El Ejecutivo comunitario, que inició el procedimiento judicial contra España en 2003, había pedido una sanción de más de 64 millones de euros.

Los jueces de Luxemburgo estuvieron de acuerdo en que España merecía una sanción económica por su reiterado comportamiento ilícito, pero rebajaron la multa a más de la mitad con respecto a lo que reclamaba Bruselas. El Tribunal considera que España no ha ejecutado adecuadamente la sentencia que pronunció esta corte en 2006, que señalaba la ilegalidad de las ayudas y pedía su recuperación.

Asimismo confirma que el país no recuperó íntegramente las ayudas ilegales antes de la fecha límite fijada por Bruselas, el 7 de agosto de 2008.

La corte recalca que el proceso de recuperación de las ayudas se prolongó durante más de cinco años desde la sentencia y que este retraso no podía achacarse a dificultades relacionadas con la recuperación de las ayudas.

Señala también que este tipo de ayudas son particularmente perjudiciales para la competencia, debido a lo elevado de su cuantía y al gran número de beneficiarios de las mismas, y destaca que España merece la sanción por reiterar un comportamiento ilícito pese a que varias sentencias señalaban la ilegalidad de las ayudas y pedían su recuperación.

Las conocidas vacaciones fiscales vascas engloban tres medidas vinculadas a la exención del impuesto de sociedades, la reducción de la base imponible del impuesto de sociedades y al crédito fiscal del 45% del importe de ciertas inversiones. El primer grupo de ayudas fue objeto de un procedimiento anterior, mientras que los otros dos seguían pendientes de sentencia del Tribunal. Se calcula que unas 300 empresas se beneficiaron de estas ayudas.

La CE inició un procedimiento de investigación formal sobre este caso en 1999 a raíz de una denuncia y en 2001 llegó a la conclusión de que constituían ayudas estatales incompatibles con el mercado común, por lo que debían ser suprimidas y los beneficiarios devolver los importes recibidos.

El Ejecutivo comunitario, ante la falta de respuesta de España a su petición, interpuso seis recursos por incumplimiento contra el país en noviembre de 2003. El Tribunal de Justicia confirmó en 2006 que España había incumplido la orden de la Comisión y urgió al país a recuperar las ayudas.

Cinco años después, la CE consideró que España seguía sin cumplir la sentencia de 2006 y presentó este recurso en el que solicitaba a la máxima instancia judicial comunitaria que condenase a ese país al pago de una multa coercitiva y de una suma a tanto alzado. Sin embargo, en 2013 se celebró una vista pública en la que la Comisión admitió que, aunque tarde, España había recuperado todas las ayudas pendientes y como consecuencia retiró su petición de multa coercitiva, pero mantuvo el de la suma a tanto alzado.

Está por ver ahora cómo hace frente España al pago de esta multa, una cuestión que ya ha enfrentado con anterioridad a las diputaciones vascas. La secretaria general del PP vasco, Nerea Llanos, ha defendido hoy la propuesta de la diputación de Álava sobre el reparto de la sanción, que consiste en que el Gobierno vasco asuma el 70 por ciento del importe.

Esa diputación entiende que puesto que ese fue el porcentaje de los ingresos por las 'vacaciones fiscales' que correspondieron al Ejecutivo vasco, ahora también debe cubrir ese mismo porcentaje de la sanción.