El Gobierno convierte en permanentes los recortes en el gasto público

La economía española tiene el camino despejado en los próximos tres años. Al menos, eso es lo que prevé el Programa de Estabilidad 2014-2017 enviado por el Gobierno a Bruselas. Pero eso no significa que se vaya a abrir la mano en el gasto público. Al contrario. El plan prevé recortes adicionales hasta al menos el año 2017. O dicho en términos más concretos, si en 2014 el peso del gasto público respecto del PIB será equivalente al 44,4%, ese año deberá situarse en el 40,1%. Es decir, un ajuste adicional de algo más de cuatro puntos de Producto Interior Bruto, lo que representa unos 40.000 millones de euros.

¿En qué partidas se reducirá el gasto público? El Gobierno da algunas pistas. En primer lugar, la remuneración de asalariados públicos perderá 1,7 puntos porcentuales de peso, llegando a un 9,6% sobre el PIB en 2017; los consumos intermedios, 0,8 puntos porcentuales, situándose en 4,7% al final del período de proyección y las transferencias en especie 0,4 puntos porcentuales, llegando a un 2,3% del PIB en 2017. En su conjunto, el peso de consumo público sobre el PIB descenderá tres puntos porcentuales hasta alcanzar en 2017 un 17,1%.

Como sostienen el documento del Gobierno, otro capítulo fundamental por su peso dentro del conjunto de los gastos son las prestaciones sociales no en especie, que verán reducir su participación en el PIB desde un 16,6% a un 15,5% debido principalmente a dos causas. La primera, por razones cíclicas, la caída del gasto en prestaciones por desempleo, que se estima en alrededor de 6.000 millones entre 2013 y 2017. La segunda, relacionada con la introducción desde 2014 del factor de revalorización en el sistema de pensiones, que generará un incremento de las mismas en un 0,25% durante todo este período. Probablemente, por debajo de lo que marque el IPC.

¿Mucho o poco? Si se cumplen esas previsiones, el gasto público español se alejará todavía más del que existe como media en la Unión Europea, donde en 2013, según Eurostat, llegó a representar nada menos que el 49,8% del PIB. Por lo tanto, más de diez puntos por encima de lo que ahora plantea el Gobierno. En palabras del Ministerio de Economía, la reducción del déficit “será posible” gracias a una contribución tanto de la ratio de ingresos/PIB, que aumenta 1,2 puntos porcentuales, hasta 39%, como de la de gasto/PIB, que disminuye 4,8 puntos porcentuales, hasta 40,1%.

El cumplimiento de las cifras incluidas en el Programa de Estabilidad, lógicamente, dependerá de las circunstancias económicas de los próximos años, pero lo que está claro, y a la vista de lo que plantea el documento del Gobierno es que el Ejecutivo a ha diseñado su política fiscal en los próximos años no a partir de un aumento de los ingresos, sino de un recorte de los gastos. De hecho, la recaudación -pese a la subida de impuestos decidida en los últimos años (que sólo se compensará parcialmente con la rebaja del IRPF y del Impuesto de Sociedades)-, apenas pasará del 38,5% del PIB en 2014 al 39% pese a que el contexto exterior será más favorable. Es decir, que se creará empleo y, lógicamente, debería aumentar la recaudación de forma relevante.

¿Recuperar los recortes?

Esos niveles de recaudación se situarán en casi siete puntos por debajo de la media de la Eurozona, lo que da idea de la diferente política presupuestaria que plantea el Gobierno. Lo que está por ver es si ese 39% máximo de ingresos es suficiente para financiar los principales servicios públicos: sanidad o educación, además de la renovación de las infraestructuras o la existencia de una administración pública de calidad para los ciudadanos. O al menos se pondrá compensar los recortes aplicados en materias como las universidades, la investigación o las ayudas al transporte.

Las cifras dadas a conocer este miércoles reflejan que el mayor ajuste en el gasto del sector público tiene que ver con el comportamiento de las administraciones, toda vez que la Seguridad Social, pese a que entre 2014 y 2015 se crearán unos 600.000 empleos, según estima el Gobierno, continuará acumulando déficits. Al menos hasta 2017. En este caso, por la evolución del empleo y de las bases de cotización (a la baja) al sistema público de protección social.

La reducción prevista del déficit, en todo caso, es compatible con un aumento progresivo del endeudamiento público. Hasta el extremo de que alcanzará en 2015 un 101,5% del PIB, nuevo máximo histórico. Lo verdaderamente sorprendente es lo que sucederá ese año. El Gobierno ha estimado que la deuda avance apenas 2,2 puntos del PIB (unos 22.000 millones de euros) cuando el déficit será equivalente al 4,2%, es decir, prácticamente el doble. El Ministerio de Hacienda no explicó ayer esta ‘anomalía’ que se refleja en el nuevo cuadro macroeconómico, aunque previsiblemente pueda achacarse al aumento del PIB nominal (que incorpora la evolución de los precios). Más inflación, al contrario de lo que sucede ahora, neutraliza el déficit público.