El sector público reparte más de 16.400 millones en subvenciones pese a los recortes

Los recortes presupuestarios tienen un límite. Y este no es otro que la política de subvenciones a fondo perdido, que no ha sufrido los ajustes en el gasto público. Tanto es así que, en 2013, el conjunto de las Administraciones Públicas repartió en subvenciones nada menos que 16.408 millones de euros. O lo que es lo mismo, el volumen de ayudas públicas descendió apenas un 0,6% respecto del año anterior. De esa cantidad, 10.447 millones corresponden a ayudas concedidas por las distintas Administraciones Públicas españolas y el resto a subvenciones de la Unión Europea (UE) en el marco de su política presupuestaria para favorecer a los distintos sectores productivos.

Esto quiere decir que el sector público, lejos de haber reducido las subvenciones en coherencia con la política de austeridad, las ha ido aumentado. Hoy las ayudas públicas se sitúan un 6,8% por encima de las que existían en 2008, al comienzo de la crisis. Las dos terceras partes se destinan a subvencionar los distintos productos que se ponen en el mercado y el resto se dirige a ayudas a la producción.

Tan sólo en 2012, respecto al año anterior, se produjo un significativo ajuste del 14,9%, pero en el resto de ejercicios el sector público ha mantenido globalmente su política de subvenciones hasta representar el 1% del PIB (sin contar las ayudas de la UE). El descenso, de hecho, fue especialmente significativo en las transferencias de la Seguridad Social (-23%), mientras que en el resto de capítulos no se produjo recorte alguno.

No se trata, por lo tanto, de un fenómeno asociado a la coyuntura económica, sino que la política de subvenciones está dentro del ADN del sector público. Hasta el extremo de que el Gobierno ha previsto en el Programa de Estabilidad 2013-16 que el peso de las ayudas públicas respecto del PIB permanezca en el entorno del 1% del PIB (unos 10.000 millones de euros) hasta el final de ese periodo. Paradójicamente, muy por encima de lo que llegó a prever el último Gobierno de Rodríguez Zapatero, quien llegó a comprometerse ante Bruselas a rebajar el peso de las ayudas públicas hasta el 0,8% del PIB.

No ha sido así. La política de subvenciones a empresas y particulares afecta atodoslos sectores económicos: fomento de la biodiversidad, vivienda protegida, cultura, escuelas taller, transporte, zonas de promoción económica, procesos de reindustrialización o sectores en reconversión industrial. Además de inmigración o incluso la remodelación de barrios. Y ello sin incluir losbeneficios fiscalesque disfrutan los agentes económicos privados, que merman la recaudación fiscal. Ni, por supuesto, las prestaciones sociales de carácter económico, como los complementos de mínimos para alcanzar un determinado umbral de pensiones públicas. Estas cifras tampoco incluyen las ayudas de Estado notificadas a la UE, que tan sólo en 2011, según el último informe de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, rozó el 8% del PIB, principalmente por el auxilio de las cajas de ahorros.

El Gobierno define las ayudas como una prestación otorgada por el poder público para el sostenimiento de una empresa, “sin que el beneficiario de la misma haya de pagar nada a cambio por los bienes o servicios obtenidos con motivo de la subvención”.

Palabras de Rajoy

El presidente Rajoy se comprometió en el Discurso de Investidura a reformar y racionalizar la política de subvenciones (la legislación actual es de 2003). Y en concreto, anunció una nueva Ley de Subvenciones que, con carácter general, eliminaría las ayudas nominativas (a las personas físicas o jurídicas) e incrementaría la transparencia en su otorgamiento, ejecución y evaluación de su impacto. Esa ley todavía no ha visto la luz. En el Programa de Estabilidad tan sólo se incluye un compromiso de carácter general de eliminar aquellas que no tuvieran el carácter de “esenciales”.

Como se ve, todas las subvenciones deben serlo. Y, de hecho, el Gobierno ha puesto en marcha una web–137 páginas el último número– en la que publica con carácter quincenal todas las ayudas y subvenciones concedidas por el sector público. Tan sólo cuatro organismos (CDTI, IDEA, ENISA y Sepides) repartieron entre 2005 y 2011 nada menos que 8.563 millones de euros en préstamos bonificados y subvenciones a empresas privadas, según el último informe del Tribunal de Cuentas.