Bruselas marca a Montoro la hoja de ruta de la reforma fiscal

El documento es aparentemente técnico. Pero tiene tras de sí un indudable carácter político. No en vano, se hace público semanas antes de que el Gobierno vaya a presentar su reforma fiscal, y semanas después de que lo hiciera la Comisión de Expertos creada en su día por el Ministerio de Hacienda. Y lo que dice el informe de la Comisión Europea es que España debe afrontar una devaluación fiscalque pasa por subir el IVA. Por lo tanto, lo contrario de lo que ha dicho en público el ministro Montoro.

En principio nada nuevo, aunque lo relevante es que, por primera vez, pone números. Es decir, plantea de forma clara al Gobierno que debe bajar los impuestos que gravan el trabajo, y, en su lugar, aumentar la presión fiscal de la imposición indirecta (IVA) y de los impuestos especiales (tabaco o hidrocarburos). Ofrece un par de datos para justificar esta estrategia. Si el Gobierno reduce la presión fiscal directa un punto del PIB, el desempleo descendería en la misma medida. O lo que es lo mismo, se podrían crear alrededor de 168.000 puestos de trabajo de forma inmediata respecto de los niveles actuales de ocupación.

El informe ha sido elaborado por cuatro economistas de la unidad que vigila a España, Kristian Orsini, Matthias Burgert, Oskar Grevesmühl y Massimo Suardi, y se construye a partir de dos hipótesis.

Bajo la primera conjetura, se pretende reducir un punto la tasa de desempleo, y para ello se propone que los impuestos que gravan el trabajo se reduzcan de forma permanente en 5,7 puntos porcentuales, mientras que la imposición sobre el consumo aumentaría en 4,2 puntos porcentuales.

El importe global en términos de recaudación sería equivalente a unos tres puntos de PIB, y su conclusión es que el empleo aumentaría en todos los segmentos, independientemente de su cualificación. La variación del PIB apenas se vería afectada en el primer año, pero se incrementaría en 0,7 puntos porcentuales en los años siguientes. Aunque el consumo se vería afectado negativamente en 0,24 puntos de PIB, no se producirían restricciones de liquidez para los hogares como consecuencia de la creación de empleo.

Bajo el segundo escenario –también basado en una rebaja de los impuestos que gravan el factor trabajo orientada a reducir la tasa de desempleo en un punto porcentual– la tasa fiscal sobre el trabajo de baja cualificación debería disminuir en alrededor de 7 puntos porcentuales, y la tasa de impuesto al consumo debería aumentar en sólo 1,2 de forma permanente. El importe global de la factura fiscal sería de alrededor de 1% del PIB.

Productividad y cotizaciones

En este caso, la mejora de las exportaciones es casi la mitad que en el primer escenario, y la contracción de las importaciones casi un tercio, lo que resulta en un aumento de apenas el 0,2 puntos en la balanza comercial.

La Comisión Europea comparte la tesis expuesta en anteriores trabajos en el sentido de que rebajar las cotizaciones sociales de los trabajadores con salarios más reducidos impulsaría su productividad, ya que tenderían a trabajar más horas para lograr el mismo salario.

La CE sostiene que todos los estudios concluyen que altas cotizaciones sociales penalizan sobre todo a los trabajadores menos cualificados, y de ahí que concluya que es una vía eficaz para crear empleo. Ahora bien, admite el carácter no progresivo del IVA, si bien este argumento lo neutraliza con el hecho de que al incrementarse la renta disponible de las familias (por el mayor aumento del empleo), el peso de los salarios respecto del PIB también crece. Y esto es progresividad. Bruselas, en todo caso, también recuerda que existen instrumentos como las transferencias sociales para mejorar la equidad de la carga fiscal.

El informe de la Comisión Europea insiste una y otra vez en que la solución pasa por subir el IVA, cuyo impacto sobre la competitividad es nulo, toda vez que las empresas exportadoras no lo pagan. Pero si con esa subida de tipos no se alcanzaran los resultados previstos, se pide al Gobierno que use el margen de maniobra que tiene tanto con los impuestos medioambientales como con los vinculados a la propiedad de la vivienda.

La Comisión recuerda que esta estrategia ha dado resultados positivos en Dinamarca, en el año 1987, y Alemania, en 2007. En ambos casos, el incremento del IVA fue de tres puntos, y esos recursos se destinaron íntegramente a recortar las cotizaciones sociales. Se trata, por lo tanto, de una subida finalista.

El informe de la CE recuerda que el problema del sistema impositivo español en términos de ingresos apenas deriva de la llamada ‘cuña fiscal’ (la parte del salario que se queda Hacienda), sino de la propia estructura del modelo. Mientras que las cotizaciones sociales que pagan los empleadores están en línea con las existentes en la UE, las que abonan los empleados son muy inferiores (ver gráfico).