La Administración Tributaria en Cataluña dictó una instrucción "ilegal", según el TSJC

"Si no lo piden, no se devuelve un euro". La frase la recoge una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del pasado julio, haciéndose eco de la declaración de uno de los testigos que motivaron su fallo, jefe de unidad en la región, que se la atribuía directamente al Jefe de la Dependencia Regional de Cataluña, hoy Delegado Especial de la Agencia Tributaria en Cataluña, Gonzalo DavidGarcía de Castro (el mismo que ha firmado informes de Hacienda sobre la Infanta Cristina). Según el testigo, García de Castro resumía de forma tan gráfica, y de palabra, el sentido de una instrucción suya -escrita-sobrela devolución de oficio, como recoge la legislación,de los 'ingresos excesivos', es decir, aquellos pagados (por el contribuyente) o cobrados (por la administración) de más.

Hace unos días,el portavoz económico de UPyD en el Congreso, Álvaro Anchuelo, registraba una pregunta escrita en el Congreso para que se aclare precisamente si la Agencia Tributaria (AEAT) dio alguna instrucción a la Dependencia Regional de Recaudación de Cataluña para impedir las devoluciones de oficio de estas cantidadesy reclamar al Gobierno mejoras en la transparencia.

El origen de la sentencia del TSJC está en un recurso contencioso administrativo interpuesto por Elisabeth Cueto Faus, inspectora de dicha delegación. Cueto -que hoy se niega a hacer más declaraciones y se remite exclusivamente a dicha sentencia- denunciaba en él que, tras negarse a obedecer una instrucción de este superior sobre los llamados 'ingresos excesivos', dictada el 3 de mayo de 2011, por considerarla ilegal, la Agencia Tributaria en Cataluñaacometió una reestructuración organizativa "en represalia" y "degradándola en el ejercicio de las funciones y competencias" que hasta entonces ejercía.

Los 'ingresos excesivos' a los que se refiere la citadaorden de García de Castro son ingresos superiores a los legalmente exigibles a los contribuyentes que obran en poder de la administración. Se trata de una categoría contable que se nutre de ingresos indebidos, por error del interesado (que paga de más) o porque Hacienda le cobra de más (en deudas liquidadas por la AEAT o por otros entes, como una multa).Puede darse, por poner un ejemplo, cuandouna persona ha pagado una multa y su recargo, pero mientras ese pago ha llegado a conocimiento de la AEAT, esta había procedido ya al embargo de cuentas por un valor superior. Según este organismo, "los procedimientos de devolución [de estos ingresos excesivos] se inician cuando se ha detectado una duplicidad en el pago, se ha ingresado por un importe superior al de la deuda que se trate o el ingreso correspondía a una deuda ya prescrita". La AEAT devuelve "todo, parte o nada, dependiendo de si existen [otras] deudas pendientes del contribuyente".

La sentencia indica que el tribunal tiene la 'convicción de la ilegalidad de la instrucción' que dictó en su día García de Castro

La cuestión está en que estos procedimientos de devolución, cuando corresponde, se realizan "a petición del contribuyente o de oficio", según la Ley General Tributaria. Y la orden de García de Castro que dio origen al caso (de 3 de mayo de 2011) especificaba la condición de que "el deudor haya presentado una solicitud de devolución de ingresos indebidos". Cueto, según consta en la sentencia, manifestó que esas cantidades debían devolverse de oficio, y se negó a "colaborar en una conducta que significara a sabiendas la apropiación indebida de cantidades de los contribuyentes". Uno de los testigos, el citado jefe de unidad, señaló que Castro le manifestó aquello de "si no lo piden, no se devuelve un euro".

La sentencia del TSJC es muy dura con la AEAT. Señala que la supuesta reestructuración organizativa pretendía "sancionar o castigar de forma encubierta" a la funcionaria 'rebelde', que no había incumplido la orden por "capricho", sino por considerar que "podría ser contraria a la legalidad". Tacha las declaraciones de Castro en el juicio de "faltas de credibilidad"y, lo que parece más grave, asegura que la citada instrucción de García de Castro, "que viene a proscribir la devolución de oficio de los ingresos indebidos", contraviene "de forma flagrante y palmaria el artículo 222-1 de la Ley General Tributaria", lo que lleva al tribunal "a la convicción de la ilegalidad de la instrucción". Señala también que "deliberadamente se quiso perjudicar a la Sra. Cueto", cuya conducta fue "diligente, imparcial, rigurosa y leal". Ordena, por tanto, el restablecimiento de esta funcionaria a sus funciones anteriores.

El propio García de Castro dio marcha atrás poco después y en junio de 2011 dictó una nueva instrucción de "matización" en la que "desaparece la alusión, pues nada se dice, de que la devolución se habrá de llevar a cabo previa solicitud del deudor". Sin embargo, hace unos días, fuentes del sindicato CGT con representación en la Agencia Tributaria de Cataluña aseguraban en la publicación El Temps quetenían "constancia" de que la delegación catalana "no está devolviendo a los contribuyentes sus ingresos de oficio". Y en la Asociación contra la Corrupción y la Regeneración Social (ACCORS) suscriben que han contrastado que "aquella fue una orden generalizada, no sólo en Cataluña, pero ejecutada de una manera u otra dependiendo de la agresividad del responsable de cada zona".

Reducción de los ingresos excesivos en Cataluña

Desde la AEAT inciden en que la sentencia se cumplió en todos sus términos y en que la valoración que el TSJC hacía en ella contra la instrucción de García de Castro excedía el objeto de aquel juicio. Señalan, además, que "de los nueve casos que esta inspectora aportó al TSJ, en cuatro se acordó la devolución antes de que el Jefe de Dependencia matizara la comunicación criticada por la inspectora, de manera que su unidad sí entendió que, con la comunicación criticada, podía practicar esas devoluciones".Añaden, además, que la Audiencia Provincial archivó otra causa de esta inspectora "por las mismas circunstancias" (se trataba de una querella posterior por acoso y prevaricación).

Los ingresos excesivos se han reducido en Cataluña un 44% desde mayo de 2011, cuando García de Castro dictó su polémica instrucción, según la AEAT

La AEAT asegura que en Cataluña se están haciendo hoy "depuraciones semanales de los ingresos excesivos", recalca que "en ningún caso la comunicación interna del Jefe de Recaudación pretendía contradecir el mandato legal de devolución de oficio" y recuerda que, "de hecho, un mes después de la primera comunicación, se emitió una segunda para aclarar posibles confusiones al respecto".Aporta la agencia datos contundentesde la reducción de los ingresos excesivos en Cataluña, que pasaron de 14 millones en mayo de 2011 (antes de la citada instrucción) a poco más de nueve millones en diciembre de ese año, y en agosto de 2013 estaban por debajo de los ocho(reducción total del 44%). No especifica, sin embargo, en qué medida contribuyen a esa reducción las devoluciones de oficio o a petición de los interesados.

"A nivel general, en España, está establecida la devolución de oficio de los ingresos excesivos", señalaFrancisco Vázquez, secretario de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IEH), que añade que, "sin embargo, esas devoluciones no pueden hacerse con la prontitud que quisiéramos"."¿Qué ocurre?Existeun programa automático que detecta los ingresos excesivos y alerta a los funcionarios, pero las dependencias de Recaudación, que son las encargadas [él mismo pertenece a una, en Galicia], están muy saturadas. Estamos desbordados. Uno, cuando no puede hacer todo, tiene que elegir. Y tratándose de dependencias de Recaudación, es obvio que la prioridad no está en las devoluciones", explica.

Vázquez no quiere entrar en lo que pudo ocurrir en Cataluña. "Se ha resuelto por vía judicial", constata. En la AEAT recalcan que esa sentencia ya fue ejecutada "en sus estrictos términos", aunque desde ACCORS señalan que una nueva reorganización del área de Recaudaciónha hecho que la restitución de Cueto a su puesto de trabajo sea"formal", pues desempeña otras funciones a consecuencia de esa nueva norma. Y añaden un dato que, sin duda, sí afecta a todos los contribuyentes: la sentencia del TSJC obligaba aimponer las costas a la Administración, "unos 10.000 euros que hemos pagado todos".