Fogasa no da ni una: ha modificado todos sus presupuestos al alza desde 2008

La crisis ha desbordado año tras año las previsiones presupuestarias de Fogasa (Fondo de Garantía Salarial). Desde 2008, la partida destinada a pagar las indemnizaciones de los trabajadores despedidos ha sido modificada al alza sin excepción al no cubrir las necesidades de ese año.

Y 2013 no ha sido una excepción. Fogasa tenía previsto gastar el año pasado 840 millones de euros en pagar a los trabajadores, dinero que acabó liquidando en agosto. El Gobierno tuvo que autorizar en junio un suplemento de crédito de 530 millones para hacer frente a los pagos. En total, 1.373 millones de euros, la misma cantidad que, ahora sí, ha presupuestado para 2014.

Los sindicatos ya se opusieron a este presupuesto y advirtieron en septiembre de 2012 que 843 millones eran insuficientes para hacer frente a lo que se avecinaba. Sobre todo cuando en 2012, el Fondo Salarial se había gastado 1.550 millones. CCOO y UGT estimaron entonces que la cifra podría alcanzar los 1.550 millones, no muy lejos de la realidad. Fuentes del Ministerio de Trabajo justifican que los presupuesto son previsiones y estimaciones y que intentan ajustarse a la realidad.

Tiempo de espera: un año

No es el único problema que tiene Fogasa. Los sindicatos se movilizan este jueves frente a las diferentes oficinas del país para denunciar el atasco de más de 180.000 expedientes sin resolver.Desde el Ministerio de Empleo no niegan esta cifra y reconocen ese colapso que comenzó en 2008.

Mónica Madrid lleva esperando 18.000 euros desde hace dos años. Su empresa cerró y desde de entonces ha sufrido un proceso burocrático que parece que no finaliza. “He tenido muy mala suerte. Mi empresa se declaró en concurso de acreedores. Hubo que esperar a que se resolviera ese proceso en Sevilla, donde estaba su domicilio fiscal. Mi expediente empezó a resolverse allí, luego se trasladó a Madrid, donde resido, luego de vuelta a Sevilla…”.

Su caso es similar al de otros trabajadores en el que Fogasa no puede tramitar el expediente hasta que no hay una sentencia y eso, unido al colapso de las oficinas, se dilata eternamente en el tiempo. Hay colapso hasta para pedir información. “Ya sólo puedes ir a preguntar cómo va lo tuyo si tienes cita previa. La pedí en diciembre y me han dado para el 17 de febrero”, explica Mónica.

Lomismo le pasa Gema Garrido. Su expediente lleva en Fogasa desde mayo de 2012, después de resolverse el proceso concursal de su empresa. Le deben alrededor de 27.000 euros. "He mandado emails, estuve el lunes en las oficinas y nadie te dice nada. No te informan de nada, ni de cuál es el proceso ni cuánto tiempo queda para su resolución".

La desesperación de la espera le hace pensar que este año tampoco recibirá el dinero, aunque lo necesite. Ha montado una empresa llamada Gesbel Asesores y necesita los 27.000 euros para invertirlos en su negocio. "Te sientes impotente, no puedes hacer nada.He llegado a pensar que han perdido mi expediente".

El volumen de expedientes ha desbordado al Fondo de Garantía Salarial. Entre 2008 y 2013, el número de trabajadores despedidos que han tenido que cruzar la puerta de sus oficinas se ha incrementado un 160% y el importe desembolsado se ha disparado un 216%. A falta de datos definitivos en el número de empresas que han acudido a Fogasa en 2013, la cifra apunta a un incremento del 345% desde el inicio de la crisis.

Cifras desorbitadas que se traducen en tiempo de espera. Según el Ministerio, existe una media de demora de ocho meses, a pesar de que la ley dictamina un máximo de tres. Este retraso aumenta o disminuye según la provincia; en algunas como Valencia se puede dilatar más de un año. CCOO y UGT denuncian retrasos de casi dos años.

No estaba preparado

Desde el Ministerio reconocen que Fogasa no estaba preparado para la situación de crisis y estiman que su modernización tendría que habersehecho antes de 2008. Actualmente hay en marcha un plan de viabilidad centrado en la reorganización interna y en un contrato con Tragsatec, una empresa de carácter público que tiene por objetivo desatascar el entuerto de los expedientes.

Su función es detectar los casos con más retraso -como los casos de Mónica y Gema- y realizar tareas de verificación para que Fogasa pueda abonar, posteriormente, la indemnización. Se puso a trabajar en noviembre de 2013 y la previsión es que acabe con el problema a lo largo del año, momento en el que finalizará también el contrato entre ambos.

Eso sí, la plantilla, salvo la contratación de algunos interinos en 2012, no se ha tocado, un asunto primordial para los sindicatos. Para Miguel Sánchez, representante de UGT en el Consejo Rector de Fogasa, Tragsatec no es la solución. “Nosotros nos opusimos desde el principio, apostamos más por cubrir las vacantes con contratos de una duración mínima de 18 meses y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores”.

Desde CCOO, Susana Bravodenuncia que sólo hay 406 empleados para tal cantidad de trabajo; el ministerio apunta a 500. “Tragsatec no está funcionado. Los expedientes más recientes los sigue gestionando Fogasa y se resuelven antes que los de la empresa pública que, además, no informa a los trabajadores del estado de su situación”, explica Bravo.

El Gobierno está convencido de que las medidas puestas en marcha en 2012 permitirán desatrancar la situación a lo largo de este año. Los sindicatos tiene esta semana una nueva oportunidad para aportar su granito de arena en la reunión que mantendrán con la secretaria de Estado. Mientras, los trabajadores deberán seguir cultivando la paciencia.