Montoro acelera la reforma fiscal para aplacar las presiones antes de las europeas

¿Cómo será la reforma fiscal que prepara el Gobierno? El Ministerio de Hacienda no suelta prenda. Pero sí tiene una cosa clara. La presión de todos los sectores económicos y sociales que estos días están viendo a Cristóbal Montoro (mundo de la cultura, ONG, asociaciones de discapacitados o de familias numerosas)ha obligado al Gobierno a reclamar a los expertos que no agoten el plazo previsto para que entreguen su informe.

El real decreto que dio vida legal a su constitución preveía que la opinión de los expertos se entregaría al Gobierno antes de que acabara el mes de febrero, pero ahora se da por hecho que ya la semana próxima el documento será presentado en público. De esta manera, se pretende acabar con la ola de filtraciones (muchas interesadas) desatadas en los últimos días sobre el alcance de la reforma fiscal. El ministro trata de aplacar las presiones en vísperas de las elecciones europeas.

Lo que sí ha logrado el Montoro es estimular el debate sobre el modelo fiscal más apropiado para una economía como la española.

Los últimos en sugerir sus propias recomendaciones han sido los miembros de la Asociación España de Asesores Fiscales (AEDAF), que han elaborado un documento de 47 páginas en el que se propone una reforma en profundidad, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta. La filosofía general de la propuesta es lograr un sistema tributario que integre “armoniosamente” todas las figuras impositivas.

La propuesta más radical se refiere al Impuesto sobre la Renta, y en conexión con ese principio de mayor coherencia tributaria se propone que el tipo marginal máximo del IRPF no supere en 10 puntos porcentuales el tipo de gravamen que esté vigente para el Impuesto de Sociedades. O lo que es lo mismo, que se sitúe entre el 40% y el 45% (frente al 52% actual sin tramos autonómicos).

No sólo eso. Lo que propone la asociación de asesores fiscales es que se eleve la cuantía a partir de la cual se aplican los diferentes tramos de la tarifa del impuesto, y que hoy son extremadamente bajos. Con sólo una base imponible equivalente a 53.407 euros al año, se aplica un tipo impositivo del 47%, lo que da idea de su progresividad. Los asesores, igualmente, estiman que la base imponible del ahorro debería gravarse a un tipo fijo proporcional entre cinco ydiez puntos porcentuales por debajo del tipo de gravamen aplicable al Impuesto de Sociedades. Es decir, que se plantea mantener el sistema de tributación dual en función de si se trata de rentas del trabajo o del ahorro.

Rentas inmobiliarias

Más rupturista, si cabe, es la propuesta de eliminar como ingresos la imputación de rentas inmobiliarias. Bajo esta premisa, dicen los autores del estudio, se está gravando en la actualidad “una renta presunta que resulta inexistente o ficticia y que no se corresponde con una fuente real de renta”. Los asesores recuerdan que España es el único país de la Unión Europea que establece este tipo de gravamen en el IRPF. Igualmente, proponen que las plusvalías generadas por la transmisión de inmuebles deben tributar como ganancia de patrimonio a incluir en la base imponible del ahorro, “con independencia de su periodo de generación”.

En cuanto a la tributación de los dividendos, se plantea la necesidad de que no estén gravados a un tipo superior al máximo efectivo de la renta del ahorro, es decir, de 27%. Y en esta línea se propone una importante novedad. En concreto, modificar el tratamiento fiscal de los planes de pensiones y otros sistemas de previsión social. Más específicamente, se reclama que las rentas obtenidas en el momento del rescate (por jubilación, desempleo o enfermedad) pasen a considerarse rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro. Es decir, que no vayan, como ahora, al tipo marginal del beneficiario. En cuanto a la tributación de las rentas vitalicias, se propone que su tributación no dependa de la edad del rentista, sino de los rendimientos reales obtenidos.

Otra de las novedades importantes se refiere al régimen de estimación objetiva por signos, índices y módulos. Y en este sentido, la AEDAF aboga lisa y llanamente por su supresión, “dado que se trata de un régimen injusto, que genera un alto volumen de fraude”. Y en este sentido, se plantea que el actual régimen de estimación objetiva se sustituya por un sistema que no determinase directamente el rendimiento neto, sino que, partiendo del ingreso íntegro, permita una deducción de gastos, total o parcial, a tanto alzado. El régimen se acompañaría, en todo caso, de la necesidad de cumplimentar las obligaciones formales simplificadas.

Mínimos exentos familiares

Los asesores fiscales, de la misma manera, proponen cambios profundos en el tratamiento fiscal de las rentas irregulares. Y en concreto, piden volver el régimen existente en 1978, cuando se creó el IRPF. Es decir, diferenciar el tratamiento de la renta que es percibida de forma periódica de la que lo es “de forma excepcional”. Aquella ley consideraba rendimientos irregulares los obtenidos con un ciclo superior a un año. Y para completar su propuesta se plantea suprimir “o al menos unificarse”, los diferentes límites establecidos en la regulación actual que determinan la cuantía máxima sobre la que se puede aplicar (con carácter general se sitúa en 300.000 euros) la reducción del 40% (el resto tributa al tipo marginal).

En relación con los gastos deducibles en el IRPF, lo que se propone es sustituir el actual sistema de enumeración tasada por Hacienda por un modelo forfait, proponiendo un porcentaje de gastos fijos. La determinación de este porcentaje debería basarse en las estadísticas de declarantes del IRPF.

Un asunto importante es el de los mínimos exentos en el Impuesto sobre la Renta, y en este sentido se proclama la necesidad de que se mantenga el actual esquema (se tributa por la capacidad económica). Lo que se sugiere es que el nuevo IRPF se base en el establecimiento de mínimos exentos (personales y familiares) elevados, de forma que queden así cubiertas las necesidades vitales. Ahora bien, los expertos aclaran que, al mismo tiempo, deben eliminarse las deducciones de carácter familiar, tanto las de carácter estatal como las de las comunidades autónomas.

Entre las novedades que se planten, igualmente, se encuentra la necesidad de revisar el concepto de unidad familiar “para adaptarlo a la realidad social”. Con la actual legislación, se excluye a las parejas de hecho de la posibilidad de tributar de forma conjunta. Igualmente, se propone cambiar el tratamiento fiscal del cónyuge separado o divorciado obligado al mantenimiento de sus hijos, toda vez que la legislación no le permite tributar como unidad familiar. “Esta situación de desigualdad”, se asegura, “puede suponer un ataque a la protección constitucional de la familia”.