Histeria fotovoltaica por los ajustes de Soria al afrontar refinanciaciones de bono basura

Los teléfonos de las asociaciones fotovoltaicas no dejaban ayer de sonar. Apenas 24 horas después de que empezara a circular la orden ministerial que regula lo que cobrarán las plantas una vez eliminado el sistema de primas, muchos promotores no eran siquiera capaces de vincular su huerto a uno de los 579 supuestos de retribución que contempla la nueva hoja de ruta de Industria. Y necesitaban ayuda. “Preguntan por nuestros ingenieros o nuestro departamento de consultas, pero hay que ser cauto. Cada inversor es un mundo”, explican fuentes de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), que aglutina a 4.700 afectados.

¿Resignación o enfado? “La gente está muy nerviosa. Los estamos frenando para que no vayan todavía a los bancos”, zanja un portavoz de la asociación, que avanza que las refinanciaciones que se están cerrando están al nivel de bono basura por su elevado riesgo. Eso sí, Anpier ha hecho sus cálculos a mano alzada, y son inquietantes. Según sus estimaciones, los casi 600 estándares previstos por el Ministerio de Industria supondrán una reducción de los ingresos de la industria fotovoltaica de hasta el 40%. No es el planteamiento más agresivo. La Unión Española Fotovoltaica (Unef) va más allá y asegura que “los costes estándares tienen un impacto no homogéneo entre los diferentes proyectos y tecnologías, con recortes entre el 10% y el 54%”.

El desenlace en marcha se produce después de que el Gobierno aprobara antes del verano una reforma del sistema eléctrico que eliminaba el sistema de primas y garantizaba a las energías limpias una rentabilidad del 7,5%. Eso sí, Industria dejaba para una posterior orden ministerial la definición de los costes sobre los que aplicar esa tasa, alentando el temor entre los afectados de que los patrones que se establecieran quedasen muy alejados de las inversiones que realmente efectuaron. Una inquietud lógica si se tiene en cuenta que Industria admitía que necesitaba detraer 1.300 millones a las renovables para cuadrar sus números.

Según las estimaciones de Unef y a la vista de la orden ministerial finalmente aprobada, la fotovoltaica contribuirá a ese ajuste con entre 550 y 600 millones. “El nuevo marco normativo llevará a la mayoría del sector (…) al concurso de acreedores, pues no podrán hacer frente al servicio de la deuda adquirida con los bancos, a los que el sector fotovoltaico adeuda 22.000 millones de euros, 17.000 de ellos a la banca española”, expone la asociación que preside José Donoso. En muchos casos, esa deuda está avalada por viviendas o haberes personales. De acuerdo con los cálculos de la industria, hay más de 55.00 inversores pillados en huertos solares.

La 'ayuda' de los bancos

El camino que seguirán ahora muchas de esas instalaciones es el que ya han seguido en anteriores ajustes, casi cotidianos desde 2008. Esto es, los inversores que aún tengan margen buscaran árnica de sus bancos para refinanciar su deuda y poder afrontar los pagos mensuales con el menor nivel de ingresos. Claro que el proceso no está siendo gratis. No en vano y según explica Anpier, muchas de estas reestructuraciones bancarias se están haciendo previa asunción de importantes intereses, que llegan a superar el 7%“para evitar la pérdida de plantas y hogares”. En general, la casuística es variada, pero “se han llegado a firmar refinanciaciones al 8%”, se expone desde la asociación. Las empresas en apuros están reestructurando su deuda a Euribor más 350 o 400 puntos básicos.

Para Unef, el diagnóstico no difiere, con el concurso de acreedores como destino final de la mayor parte de las plantas. “Junto a la inseguridad jurídica creada con los constantes cambios normativos, el carácter retroactivo y revisable cada tres años de la nueva norma obligará a los inversores fotovoltaicos a refinanciar sus deudas con los bancos en una condiciones muy desventajosas en todos los casos o incluso a no poder hacerlo, lo que llevará a gran parte de los proyectos a la quiebra”, subraya la organización en un comunicado. También se queja de que los recortes afectan más a las instalaciones más grandes, obviando que muchos inversores individuales se agruparon por la proximidad de sus plantas y sufren ahora un ajuste desproporcionado.

Ante el escenario de tensión entre los inversores y la complejidad para darles respuesta, Anpier ha decidido convocar una asamblea general de urgencia para acordar un plan de acción. Se celebrará el próximo 22 de febrero. No han sido pacatos en el pasado, incluso con inserciones publicitarias en medios de comunicación internacionales que sirvieran para poner de manifiesto el nivel de inseguridad jurídica que recorre la energía en España. Todo en plena campaña del Ejecutivo para vender los brotes verdes de la economía. Pocas dudas hay de que ese esfuerzo volverá a difuminarse por una nueva oleada de demandas. La enésima.