Montoro pide más tiempo a Bruselas para que funcione la nueva ‘policía’ fiscal

La entrada en vigor de la nueva autoridad fiscal independiente –una especie de ‘policía’ dedicada a perseguir las desviaciones en el gasto público– tendrá que esperar. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha pedido a las autoridades económicas de la Unión Europea más tiempo para su entrada en vigor. O dicho en otros términos, España ha comunicado a la Unión Europea que no podrá cumplir los plazos previstos.

Oficialmente, la causa de este retraso tiene que ver con la acumulación de trabajo en el departamento de Hacienda, que ha impedido aprobar el Estatuto orgánico de esta institución, una exigencia de Bruselas llamada a cumplir un papel fundamental en el control del gasto público.

La ley que dio carta de naturaleza a su creación fue publicada el pasado 15 de noviembre en el BOE y establece que antes del 31 de diciembre del año pasado el Gobierno debería haber aprobado por real decreto el Estatuto orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es su nombre oficial. Ese es el plazo que no se ha cumplido. Fuentes oficiales hablan de que se aprobará “en las próximas semanas”, pero sin precisar fechas.

Este obstáculo legal es el que parece explicar que el Gobierno tampoco haya propuesto el nombre del presidente de esta nueva institución, que debe ser elegido “entre personas de reconocido prestigio y experiencia mínima de diez años de ejercicio profesional en materias de análisis presupuestario, económico y financiero del sector público”. La propia ley matiza que se valorará especialmente “su independencia y objetividad de criterio”.

Es el propio Montoro quien debe elegir su candidato, que tendrá rango de subsecretario y estará sometido a las reglas generales de incompatibilidades para los altos cargos del sector público. Para ello contará con una plantilla propia.

Reforma de la Constitución

El puesto es de extraordinaria importancia, habida cuenta de que no sólo tendrá competencias para hacer un seguimiento de la política fiscal de la Administración central, sino que vigilará el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria consagrado en el artículo 135 de la Constitución después de su polémica reforma en agosto de 2011. Por eso se trata de una ley orgánica.

La ‘policía’ fiscal, de hecho, tendrá autoridad sobre las cuentas públicas en todo el territorio nacional. Es decir, que también podrá hacer un seguimiento –la labor de fiscalización seguirá descansando en el Tribunal de Cuentas– de las actuaciones presupuestarias de las comunidades autónomas. Aunque la ley precisa que en el caso del País Vasco y Navarra recaerá en el marco de sus respectivos sistemas forales.

La ley, en todo caso, deja bien claro que ejercerá sus funciones sobre “todos los sujetos integrantes del sector público”. Y establece que si una Administración incumple la obligación de suministrar información a la autoridad fiscal, el Estado deberá autorizar sus operaciones de endeudamiento. Es decir, en línea con lo que fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria, una de las primeras leyes aprobadas por el actual Gobierno.

Entre las competencias de la nueva autoridad se encuentra la elaboración de previsiones macroeconómicas que obligatoriamente deben incorporar en sus leyes de presupuestos todas las Administraciones Públicas o el propio Programa de Estabilidad del Reino de España.

La creación de una autoridad fiscal independiente en materia presupuestaria forma parte de las recomendaciones que hizo ya en 2012 el Consejo Europeo a España tras analizar el Plan Nacional de Reformas. Y no fue, desde luego, una propuestanueva. La Unión Europea lo ha venido recomendandode forma sistemáticadesde hace años, pero siempre se dio la callada por respuesta.