EN EL INFORME QUE ELABORA la cnmc

La CNMV tendrá voz sobre la 'subasta maldita' por la presencia masiva de brokers

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tendrá voz en la elaboración del informe que lleva a cabo el macrosupervisor, la flamante CNMC

Foto: La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez. (EFE)
La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez. (EFE)

El drama eléctrico está lejos de llegar a su desenlace. De hecho, el segundo acto amenaza con incorporar nuevos actores. Y es que según aseguran fuentes próximas a Industria, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tendrá voz en la elaboración del informe que actualmente elabora el macrosupervisor -la denominada CNMC- para justificar su decisión de no validar la subasta celebrada el pasado jueves para fijar el precio de la luz en el primer trimestre del año y que apuntaba a una subida del recibo del 11%. No en vano la mitad de los operadores presentes en la puja maldita eran traders o bancos de inversión, entidades financieras cuya supervisión recae en el organismo que preside Elvira Rodríguez.

Según ha cuantificado la patronal eléctrica (Unesa), de los 36 operadores que participaron en la subasta, sus asociados apenas constituían entre un 8% o un 10% del volument total negociado. Y añade que el grueso de los operadores, aproximadamente la mitad, eran brokers especializados, la mayoría de ellos extranjeros. Aunque el operador de mercado (Omie) no ha desvelado los participantes en esta última puja, firmas como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank o JP Morgan han sido de la partida en otras ocasiones. La propia normativa que regula el Omie deja claro que tanto la Comisión Nacional de la Energía -la actual CNMC- como la CNMV son las entidades encargadas de supervisar su actividad.

El resultado de la subasta Cesur del jueves pasado disparaba todas las alarmas y ponía al ministro, José Manuel Soria, entre la espada y la pared. El titular de Industria, ante un alza de la luz inasumible para el Gobierno, movía ficha ipso facto y pedía una informe de urgencia a la CNMC, que se pronunciaba horas después no validando la subasta ante “la concurrencia de circunstancias atípicas” y “en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas”. Una vez hecho ese anuncio y según la orden ministerial 1659/2009, por la que se establece el cálculo y la estructura de las tarifas, el supervisor “deberá hacer público, en un plazo no superior a dos semanas desde la celebración de la subasta, un informe detallando los motivos que justificaron su recomendación”.

El ministro de Industria, José Manuel Soria. (Reuters)
El ministro de Industria, José Manuel Soria. (Reuters)

La CNMC, con la colaboración de la CNMV, tendrá que realizar dicho informe bajo una presión inusitada, en tanto el Gobierno parece haber decidido ya que las eléctricas manipularon los precios de la subasta. Al menos eso se desprende de los mensajes públicos -Soria aseguraba el sábado en una entrevista con el diario ABC no saber en base a qué criterios las eléctricas podían decir "de entrada que la subasta había sido transparente"- y, sobre todo, de los privados. Sotto voce, fuentes del Gobierno atribuyen el descontrol en las ofertas al desencanto de las compañías con la reforma energética, que les habría llevado a “ejercer su poder oligopolista para incrementar los precios del mercado”. Todo un aviso a navegantes de cómo respira el gabinete popular.

El propio Soria ha mantenido esta semana la línea del discurso, insistiendo en que hay "sospechas de manipulacion". Para mantener las espadas en alto, el presidente de Unesa, Eduardo Montes, pidió el pasado lunes que se pongan sobre la mesa lo antes posible los informes de la CNMC, y solicitó encarecidamente que el nuevo coste de la electricidad no sea un estropicio para el mercado. Todo tras recordar que la situación "no tiene precedentes" y que se está "demonizando" a las compañías. A la vista de los hechos y antes de que continúe la rodada, no falta quien en el sector ya apunta que no vendría mal una suerte de arbitraje -incluso desde el propio Ejecutivo por un ministro no contaminado o por la propia vicepresidenta- que pacifique un sector en llamas.

No ayudan en nada las cifras, en tanto sigue generándose déficit de tarifa, esto es, la diferencia entre los ingresos y los costes regulados que perciben las eléctricas-. Hasta octubre y según los datos hechos públicos por la CNMC, ese agujero alcanzó los 4.481 millones de euros, si bien la cifra es solo provisional en tanto no incluye el impacto a la baja que provocará en las cifras la reforma eléctrica aprobada en julio por el tándem Soria-Nadal. Esta recortará, entre otras partidas, las primas a las renovables, que se situaron en los diez primeros meses del año en 8.188 millones de euros, un 3,8% inferior a lo previsto. No en vano "una parte sustancial de las instalaciones fotovoltaicas han alcanzado el número máximo de horas de producción con derecho a prima". Sin el impacto de la reforma, la previsión de déficit para final de año supera los 4.800 millones.

Una oleada de demandas

Eso sí, la intervención del sector por parte del Gobierno amenaza con desencadenar otros impactos colaterales, véase una oleada de demandas. Y no tanto por parte de las eléctricas -que también se guardan esa carta-, sino por los traders y bancos de inversión que participaron en la subasta y que habían comprometido posiciones financieras con antelación con la expectativa de obtener beneficios en la puja. Ahora tendrán que afrontar el precio de venta administrativo que fije la dupla Gobierno-CNMC y puede que las cuentas no les salgan. “Si te ponen un precio que te supone operar a pérdidas, o no vendes o te vas a los tribunales”, expone uno de los afectados, bajo condición del anonimato.

“Puede que el mecanismo no sea el más justo. Se celebra un día y se fijan los precios de todo un trimestre. Pero llevas 25 subastas y hasta ahora el procedimiento ha sido el que es. Si ha habido concertación, investíguese y que actúe la ley, pero si no, el daño es tremendo. Muchos han pedido líneas de crédito para cubrir sus posiciones”, añaden estas fuentes. Según aseguró el pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Industria está trabajando en nuevo real decreto para sustituir el actual mecanismo de fijación de precios por otro más “transparente” y “objetivo”, previa consulta a la CNMC. Esto es, las subastas tienen las horas contadas.

“Hay bancos de inversión que han cerrado posiciones en falso y que, en cuanto se sepa el precio de venta, van a registrar pérdidas latentes. Se trata de activos financieros –explican desde una firma afectada-. El Ministerio ha abierto otro frente sin darse cuenta de que el fiasco en la subasta tiene mucho que ver con la incertidumbre regulatoria. Si los renovables no han ido a la puja y no han bajado el precio de la misma es porque no saben la retribuciónque van a tener a partir del 1 de enero. Lo mismo ha sucedido con algunos bancos. La incertidumbre es la que ha hecho que haya habido menos competencia. Es una auténtica prima de riesgo”. Y es que en materia de seguridad jurídica, el Ejecutivo aún tiene trabajo por delante. 

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