Hacienda y el Gobierno vasco ultiman la renovación del cupo con un ojo en Cataluña

La renovación del cupo del vasco (la cantidad de dinero que cada año deben entregar las diputaciones forales a la Hacienda central por los servicios prestados en esa comunidad por el Estado) está a punto de cerrarse. “En enero o febrero”, aseguran fuentes de la negociación, estará listo. Es decir, con algo más de dos años de retraso respecto del calendario inicial.

El concierto, que regula las relaciones financieras entre el Estado y el País Vasco (año 2002), establece que cada cinco años se debe aprobar la metodología para elaborar el cupo, pero ese plazo acabó en 2011. Desde entonces, apenas se había avanzado en medio de un secretismo absoluto de las dos partes, si bien en un clima de diálogo inusual entre Moncloa y el lendakari vasco, Iñigo Urkullu. El Gobierno vasco mira de reojo todo lo que sucede en Cataluña, pero ese proceso soberanista nunca ha contaminado las negociaciones.

Lo que está en juego, por un lado, es la cantidad a pagar a las arcas del Estado (el Ministerio de Hacienda reclama 1.524 millones y las diputaciones forales hablan de 851), pero también la inclusión en el sistema foral de cinco nuevos tributos que el Gobierno central ha aprobado en los últimos años.

En concreto, se trata del impuesto que grava la producción de energía eléctrica y una variante que carga los residuos nucleares, aunque en este caso su impacto en el País Vasco es residual al no existir ninguna central atómica. Igualmente, entre los tributos concertados también estará el que grava las actividades de juego (creado en 2011) y el de gases fluorados. Al igual que el de depósitos bancarios que está ultimando el Gobierno, y cuya recaudación se distribuirá entre las comunidades autónomas. Por último, también se cederán las retenciones derivadas de los premios de lotería (ONCE, Cruz Roja y Loterías del Estado).

El Gobierno vasco podrá recaudar estos tributos dentro de una horquilla que fija el Estado para que no se produzcan distorsiones.

La discrepancia sobre la valoración del cupo (los 673 millones de euros de diferencia) debe discutirse en el marco de la Comisión Mixta del Concierto Económico, integrada por cuatro altos funcionarios de cada una de las dos Administraciones.

Desde el Gobierno vasco también se reclama atender la liquidación definitiva de seis cupos anteriores. Ambas partes discrepan sobre el cálculo debido a que tampoco hay acuerdo sobre el coste de las competencias no traspasadas. A estas alturas de la negociación, no está claro que pueda haber acuerdo sobre este punto. Y de hecho, en respuesta a una reciente pregunta parlamentaria, el Gobierno vasco señalaba que, previamente a la renovación del cupo, debería haber acuerdo sobre la aplicación de la actual ley quinquenal, y eso “condiciona” el pacto definitivo sobre la metodología para el periodo 2012-2016. En este caso, lo que están en juego son unos 800 millones de euros.

Una señal política

El acuerdo sobre el asunto central, en todo caso, se produce semanas después de que el Partido Popular en el País Vasco haya respaldado con su voto la aprobación de los Presupuestos de las diputaciones forales de Vizcaya y Álava para 2014. Toda una señal política que explica el optimismo que reina en la Hacienda central sobre la firma del acuerdo. Está por ver si lo que sucede en Cataluña influye en la marcha de las reuniones. Hasta ahora, el Gobierno vasco se ha mantenido completamente al margen y no ha querido meter más presión a Moncloa publicitando sus demandas.

La negociación, en todo caso, es compleja porque también interviene la diputación de Guipúzcoa, gobernada por Bildu. De hecho, la Diputación Foral aseguró hace unos días que observaba “dificultades para apoyar” el principio de acuerdo. En opinión de la institución “acudir a la Diputación en el último momento con una propuesta cerrada no es el procedimiento más adecuado”.

El cupo del País Vasco se calcula desde 1981 como el 6,24% de la diferencia entre el valor de las competencias no asumidas y los ingresos no concertados. Entre las primeras están los costes de la Corona, la defensa, la política exterior, el AVE o los puertos y aeropuertos de interés general, además de lo que le corresponde pagar al País Vasco por la deuda del Estado y el Fondo de Compensación Interterritorial.

Recientemente, el grupo parlamentario de UPyD en el Congreso reclamó que las negociaciones bilaterales (tal y como establece la Constitución) se hicieran atendiendo a principios de “claridad, transparencia y equidad”. Y es que el partido de Rosa Díez sospecha que los cálculos no se realizan con rigor. UPyD pide, en concreto, que el ajuste por IVA se calcule “mediante coeficientes actualizados que recojan el peso del País Vasco y de Navarra en el consumo nacional y en la base del impuesto”.

Según algunas estimaciones, las comunidades españolas del régimen común (todas salvo las que se benefician de un sistema foral)‘subvencionan’cada año al País Vasco en 1.820 millones de euros debido al cálculo que hace el Estado sobre la recaudación por IVA. El problema no es el concierto, que tiene anclaje constitucional, sino el cálculo del cupo, que infravaloraría el consumo en el País Vasco, algo que se niega con rotundidad desde Ajuria Enea.