¿Socialización de pérdidas? El Estado paga la factura de la huelga de limpiezas

La huelga de limpiezas en Madrid ha acabado. Y sin despidos, pese a que inicialmente se habló de 1.200 extinciones. ¿Cuál es la causa? Pues ni más ni menos quelos contribuyentes del conjunto del paísserán quienes corran con los gastos generados por el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que ha puesto punto y final a la estrategia de las escobas paradas.

Los 1.200 trabajadores afectados por el acuerdo cobrarán su salario durante 45 días de los Servicios Públicos del Empleo (el antiguo INEM). Aunque no sólo eso. Las concesionarias del servicio de limpieza de los espacios públicos tendrán derecho a una bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, tal como establece la ley para los trabajadores en situaciones de suspensión de contrato o reducción temporal de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

O dicho en otros términos, como asegura un experto en legislación laboral, se ha generalizado el sistema de altas y bajas que viene funcionado en la industria del automóvil desde hace muchos años, donde los trabajadores entran y salen del antiguo INEM en función de la demanda de vehículos. Algo que explica que en los últimos meses se haya disparado el número de empresas que optan por la suspensión de los contratos o la reducción de jornada en lugar de la extinción, toda vez que son los servicios públicos de empleo los que corren con el coste del ajuste.

Un dato lo ilustra. Entre enero y agosto (últimos datos disponibles) el número de trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo ascendió a 281.416, de los que nada menos que el 60.6% (170.621 trabajadores) son de suspensión de contrato durante un tiempo determinado. Pasado ese tiempo, vuelven a la empresa. Otro 20,3% ha pactado una reducción de jornada, también financiada por los servicios públicos de empleo en la parte correspondiente, mientras que los despidos colectivos apenas representan ya el 19,1% del conjunto de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. Es decir, que tras la reforma laboral la suspensión temporal de empleo ha ido ganando terreno a la extinción pura y dura.

Lo positivo, y lo negativo

La parte de positiva de este sistema de ajustes laborales es que los trabajadores, en lugar de ser despedidos, tienen acceso a una suspensión temporal de su empleo. Pero la parte más negativa es que son los recursos públicos quienes corren con el coste. Y no es una cantidad pequeña.

En el caso de la huelga de limpiezas de Madrid, hay que partir de que el ERTE afectará a unos 5.000 trabajadores de las cuatro empresas concesionarias, que estarán suspendidos de empleo (y por lo tanto figurarán como parados en los servicios públicos de empleo) durante 45 días en cada uno de los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Es decir, en total, 180 días. O lo que esigual, seis meses de trabajo. Teniendo en cuenta que la cuantía media bruta de los beneficiarios de prestaciones contributivas de desempleo asciende a 830 euros mensuales (27,6 euros diarios), eso significa unos 25 millones de euros que abonarán los servicios públicos de empleo durante la aplicación del ERTE. Sin costar el coste de las bonificaciones en el pago a la Seguridad Social.

Es verdad que si no existiera esta fórmula de ajuste laboral, como sucedía en el pasado en la mayoría de las empresas, el Estado tendría que pagar en cualquier caso la prestación de desempleo a los trabajadores despedidos. Pero a quien beneficia realmente es a las empresas, que se ahorran indemnizaciones y los salarios correspondientes durante el tiempo que el trabajador se encuentra en suspensión temporal de empleo. De hecho, estas incluso pueden complementar el salario de los trabajadores con empleo suspendido para acercarlo al que tenían antes de la medida. Durante el ERE temporal, el trabajador tiene el contrato de trabajo suspendido y la empresa la obligación de mantenerlo dado de alta y cotizar a la Seguridad Social por él.

La ley establece que para que puedan aplicarse los incentivos es necesario que las solicitudes de regulación de empleo se hayan presentado hasta el 31 de diciembre de 2013. La ley, igualmente, prevé que para la obtención de la bonificación será requisito necesario que el empresario se comprometa a mantener en el empleo a los trabajadores afectados durante al menos un año con posterioridad a la finalización de la suspensión o reducción.

El Ministerio de Empleo ha presupuestado gastar el año que viene en desempleo contributivo 1.260 millones de euros mensuales, que beneficiarán a 1,30 millones de parados. A estos hay que sumar 1,13 millones del nivel asistencial. En total, 29.429 millones de euros en el conjunto del año.