Las CCAA presionan a Montoro para generalizar el impuesto sobre la banca

El impuesto sobre depósitos bancarios (formalmente operativo en cinco comunidades autónomas) entra en una nueva fase. Algunos Gobiernos regionales, incluidos los del Partido Popular, están presionando al ministro Montoro para que lo extienda al conjunto del territorio. La Comunidad Valenciana ha sido la última ensumarse a este movimiento. El Gobierno de la Generalitat ha incluido por este concepto unos ingresos equivalentes a 230 millones de euros en el proyecto de ley de Presupuestos de 2014 que ha remitido al parlamento regional.La cantidad es similar a lo que espera recaudar por el impuesto de sucesiones y donaciones, lo que revela su importancia desde el punto de vista de los ingresos.

¿Y cómo se articularía este tributo (que pagarían las entidades y no directamente los clientes bancarios)? Pues a través de dos vías. Ya sea mediante la imposición de un tipo único de carácter general (cuyos rendimientos se distribuirían entre las Administraciones territoriales) o a través de su cesión a las comunidades autónomas con la correspondiente capacidad normativa (libertad de tipos dentro de una horquilla).

En ambos casos, el objetivo sería el mismo: lograr recursos adicionales que hoy están congelados después de que el año pasado el Gobierno incluyera en la Ley de Presupuestos un tipo cero que, en la práctica, como admiten fuentes del sector, supone un auténtico fraude de ley.

Ese tipo cero, de hecho, anula la posibilidad de recaudar, toda vez que se grava el mismo hecho imponible, y la norma de carácter estatal tiene jerarquía respecto de la autonómica. Sólo las tres comunidades autónomas que aprobaron el tributo antes de que lo hiciera la Hacienda central (Extremadura, Andalucía y Canarias) tienen derecho a una compensación por el daño causado por la normativa estatal, pero el resto no. Y eso es, precisamente, lo que quieren cambiar las comunidades autónomas que se han apuntado al carro del impuesto después de que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso presentado contra Extremadura en 2002 por el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar.

Intereses particulares y generales

Posteriormente, el TC decidió desestimar el recurso de súplica interpuesto por el abogado del Estado contra un auto anterior del mismo tribunal, lo que significó en la práctica levantar la suspensión del decreto-ley de Cataluña sobre el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito. Asturias está en una situación parecida. Lo que dijo el TC en el auto es que “es también doctrina reiterada que los intereses particulares, como lo son los del sector financiero, sin perjuicio de su relevancia para el buen funcionamiento de la economía nacional, no pueden prevalecer sobre los generales”. Un argumento contundente que no deja lugar a dudas. Y eso que el abogado del Estado llegó a asegurar en su defensa que los 5.095 millones de euros que se recaudarían por el gravamen a los depósitos podrían poner en peligro el conjunto del sistema financiero.

La situación actual es tan paradójica que incluso Cataluña ya ha planteado a los representantes de sus empleados públicos que, si el Gobierno central les compensa por la anulación en la práctica del impuesto sobre depósitos bancarios, abonará la próxima paga extraordinaria que ha anunciado que suprimirá por falta de dinero. En todo caso, si no recibe esa compensación, ha adelantado que subirá el sueldo de los empleados públicos el año que viene un 0,5% para compensar la subida de los precios. Al contrario que la Administración central, que volverá a congelar las retribuciones de los funcionarios.No se trata de una cantidad pequeña. La Generalitat, con su propia normativa aprobada antes de la Ley de Presupuestos de 2012, llegó a calcular unos ingresos adicionales de unos 500 millones de euros al año.

Junto a las tres regiones que ya lo tenían en vigor antes de aprobarse la normativa estatal y Cataluña, Asturias también lo aprobó. Pero ahora también la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, está por la labor. El tipo cero actualmente vigente puede modificarse mediante una enmienda a la Ley de Presupuestos.

Como es obvio, la patronal bancaria rechaza de plano el impuesto, que, en su opinión, rompe la unidad de mercado. Pero el TC ya advirtió de que “a los efectos del principio de territorialidad, lo relevante es que las normas contables permiten individualizar los depósitos captados por cada sucursal bancaria que efectivamente radiquen en la Comunidad Autónoma”, es decir, que se puede identificardónde radican los depósitos.

Libre circulación de capitales

Y es que, según el Constitucional, la Carta Magna no impide la aprobación de cualquier norma que pueda afectar a la libertad de circulación, sino sólo de aquellas que supongan una “fragmentación del mercado”. O dicho también en palabras del Constitucional, el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito no supone un obstáculo a la libertad de circulación, fundamentalmente porque se trata de un impuesto que no grava transacciones, sino el volumen de los depósitos captados por los sujetos pasivos del impuesto, de manera que no es una medida susceptible de afectar a la circulación de capitales.

Hacienda, hasta el momento, está obligada a compensar a las CCAA que hubieran aprobado el impuesto antes del 1 de diciembre de 2012, pero lo que no se sabe es la cantidad. En una nota de prensa publicada en marzo de este año ya habló de establecer un gravamen que se situaría en torno al 0,1% o 0,2% por cada 1.000 euros de depósitos, porcentajes que las CCAA consideran muy por debajo de sus expectativas. Ahora, como dice una fuente de Hacienda, la idea está en stand by.