"NO ES NECESARIO HACER RECORTES"

Los ‘sabios’ de la izquierda contestan a los de Báñez: las pensiones son viables

La batalla ideológica alrededor de la próxima reforma de las pensiones aumenta. Ahora 24 expertos critican duramente los cambios planteados por Báñez

Foto: La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez (Efe)
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez (Efe)

La batalla ideológica alrededor de la próxima reforma de las pensiones, va en aumento. Ahora son 24 expertos (vea la lista completa) -el doble de los convocados por el Gobierno- quienes critican duramente los cambios planteados por la ministra Báñez. Y lo hacen con un argumento central: la reforma del sistema público de pensiones se ha planteado siempre “como un problema técnico cuando es un problema político”.

En opinión de estos economistas, “se ha querido enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medios, cuando en realidad el quid de la cuestión es la distribución de la renta”. Y ponen como ejemplo que en 1993 la Fundación BBVA contrató a 34 sabios, expertos y técnicos para que estudiasen el tema de las pensiones. Se concluyó que en el año 2000 el desajuste entre ingresos y gastos de la Seguridad Social habría aumentado en una cantidad equivalente al 2% del PIB. Pero lo cierto es que el año 2000 llegó “y no se produjo prácticamente nada de lo que pronosticaron. De hecho, se registró un superávit del 0,4%”.

Los expertos parten para su análisis de un principio. El factor más importante para garantizar la viabilidad del sistema “no es el número de personas dispuestas a trabajar, sino las que realmente puedan hacerlo”. Y en este sentido, critican la decisión de retrasar la edad de jubilación, que, en su opinión,  carece de todo sentido cuando existe un altísimo nivel de paro. En 2013, en España, con 6 millones largos de parados, elevar la edad de jubilación de los 65  a los 67 años “no tiene demasiada lógica”, sostienen.

La clave, según ellos, es la productividad. Y recuerdan que 100 trabajadores pueden producir lo mismo que 1.000 si su productividad es diez veces superior, “de tal modo que los que cuestionan la viabilidad de las pensiones públicas cometen un gran error al basar sus argumentos únicamente en la relación del número de trabajadores por pensionistas pues, aun cuando esta proporción se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor”.

Entre los expertos se encuentran, Francisco Javier Braña catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Salamanca; Cristina Carrasco, profesora de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona; Fernando Esteve, profesor titular de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Autónoma; Miren Etxezarreta, durante 35 años catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona; Alberto Garzón, economista y diputado de IU; Juan López Gandía, catedrático de la Universidad de Valencia; Juan Francisco Martín Seco, ex Interventor General del Estado; José Luis Monereo, catedrático de Derecho del Trabajo; Pedro Montes, economista del Banco de España; Jordi Roca Jusmet, catedrático  del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona o Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario.

La principal amenaza

Para los firmantes del documento, “la auténtica amenaza sobre las pensiones se cierne cuando se pretende presentar la Seguridad Social como algo distinto y separado del Estado”. En su opinión, la separación de fuentes se ha entendido como algo estructural, no como un mero instrumento para la transparencia y una administración racional de los recursos del Estado. Este mecanismo se ha transformado en una característica esencial del sistema y, lejos de garantizar las futuras pensiones, ha dado ocasión a que algunos conciban la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública.

Según recogen en el escrito, “en un Estado definido como social por la vigente Constitución, es inconcebible, y en todo caso inaceptable, que las pensiones se deban financiar exclusivamente mediante cotizaciones sociales”. Y en este sentido, aseguran que “son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las pensiones”.

Según sus cálculos, el equilibrio financiero depende no solo del número de pensionistas y empleados y de la magnitud de las pensiones, sino de otros factores de los que no se habla cuando se propone rebajar las pensiones:

Del empleo, pues cuanto mayor sea el número de empleados más ingresos recibirá la Seguridad Social.

De la productividad, pues a medida que aumenta (como viene sucediendo en los últimos años), se puede obtener más producto e ingresos para financiar las pensiones incluso con menos empleados.

Del nivel de los salarios y, por tanto, de la participación de los salarios en los ingresos totales, pues cuanto mayor sea ésta más masa salarial habrá para financiar las pensiones.

De la extensión de la economía sumergida, pues cuanto más pequeña sea más cotizantes habrá y, en consecuencia, también más ingresos para la Seguridad Social.

Los autores del documento recuerdan que el artículo 50 de la Constitución afirma que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Es decir, que las pensiones, en tanto que derechos subjetivos de los ciudadanos establecidos en la Constitución, tienen la consideración de “gastos obligatorios” que por su naturaleza no están ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios, ni a la evolución de una determinada fuente de ingresos. El Estado ha de concurrir con los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con cualquier otro impuesto.

Y para avalar sus argumentos recuerdan que el gasto del sistema público de pensiones español en relación al PIB es reducido cuando se compara con el de la mayoría de los países de nuestro entorno, “por lo que no parece que tenga mucho sentido hablar de que su viabilidad esté en cuestión”. Se destina el 10% del PIB, mientras que la media de la Eurozona tiene un gasto del 12,2%, y el conjunto de la UE, el 11,3%.

Tras la reforma de 2011, el máximo de gasto en pensiones que alcanzaría España, según admite la Comisión Europea en su informe The 2012 Ageing Report, sería del 14% del PIB en 2050 (a partir de ese momento el gasto se reduce rápidamente debido a que la presión demográfica de la llegada a la edad de jubilación de las generaciones del baby boom es sustituida por el efecto contrario: la llegada de las generaciones de la más baja tasa de natalidad de la historia). Es decir, se tendrá que destinar a las pensiones públicas lo mismo que hoy gastan sin demasiadas complicaciones países como Austria, Francia o Italia

Existen sospechas bien fundadas, dicen los firmantes, de que las múltiples campañas realizadas para sembrar dudas acerca de la viabilidad de las pensiones públicas tienen también como finalidad potenciar los fondos privados de pensiones. De ahí que en todas las reformas se plantee la necesidad de completar las pensiones públicas con pensiones privadas.

Economía
Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
40 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios