La Intervención del Estado revisará los déficit de algunas autonomías de 2012

¿Cuál fue el déficit de las comunidades autónomas en 2012? La respuesta se conocerá en las próximas semanas. Cuando la Intervención General del Estado (IGAE) remita a Bruselas la segunda notificación oficial. Pero lo que está claro es que los datos que envíe el gobierno español a Eurostat a últimos de septiembre serán diferentes a los que comunicó el pasado 27 de marzo. Y por lo que ha trascendido hasta ahora, algunas comunidades autónomas verán como su desequilibrio presupuestario fue el año pasado superior al previsto inicialmente. Lo que no está claro es cómo alterarán las nuevas cifras el resultado final: un 1,76% del PIB en 2012.

La revisión de los datos es habitual, toda vez que la primera notificación tiene carácter provisional. Pero el cambio es relevante porque el déficit individual que se fije para este año-algo que se decidirá hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera- marcará el tope del que no se puede pasar en 2013. Y ya Hacienda ha adelantado que el Gobierno no permitirá que ninguna comunidad autónoma acabe el año con más déficit que el anterior.

Este será uno de los criterios que aprobará hoy el Consejo de Política Fiscal a la hora de fijar el déficit autonómico, aunque en todo caso lo que está fuera de toda duda es que será ‘a la carta’. Es decir, cada región tendrá su propio desequilibrio fiscal, compatible con alcanzar globalmente el -1,3% del PIB este año.

Hacienda ha mantenido hasta el momento un absoluto secreto sobre las cifras que desvelará esta tarde en el Consejo, aunque ya por la mañana las comunicará en la reunión que previamente, y como es habitual, celebrará el grupo de trabajo. Eso sí. Se han producido encuentros bilaterales con todas las comunidades autónoma que, por el momento, no han logrado ninguna unanimidad. Entre otras cosas, como sostiene una consejera de Hacienda, porque “lo que se dé demás a una comunidad autónoma se le quitará a otra”, y de ahí que se vea con recelo tanto secretismo.

Y todos los gobiernos autonómicos vuelven a mirar, en este sentido, a Cataluña, que es quien abandera la idea de que la Administración central se apriete más el cinturón para que se pueda aflojar el de las regiones. Cataluña cerró el año pasado (de forma provisional) con un déficit equivalente al 1,96% de su PIB, y de ahí, en teoría, no debe pasar. Pero teniendo en cuenta que el déficit del conjunto de las CCAA no debe superar el 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB), eso quiere decir que cada décima en que se sobrepase esa cifra, otras comunidades tendrán menos margen para gastar. De ahí que algunas regiones ‘cumplidoras’, como Madrid, no quieran oír hablar de déficit asimétrico.

El 40% del PIB, perjudicado

El presidente Artur Mas ya ha dicho que no se conforma ni siquiera con el 1,7%, pero un déficit superior a esa cifra es probable que desate fuertes críticas en el Consejo, en particular de las regiones gobernadas por el PP, que son, precisamente las más cumplidoras. El año pasado el déficit provisional ascendió a 18.436 millones, mientras que este año se quería inicialmente rebajar ese desfase entre ingresos y pagos hasta los 7.440 millones en contabilidad nacional. Como se sabe, Bruselas ha suavizado ese objetivo, y ahora se está hablando de un déficit que rondará los 13.000 millones de euros.

Siete comunidades (Asturias, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid, y La Rioja), que representan el 40% del PIB nacional, tuvieron el año pasado un desequilibrio fiscal inferior al 1,3% -el tope de este año-, lo que significa que si se cumple lo que ha anunciado el ministro Cristóbal Montoro, no tendrán ningún margen para gastar más, pese a que cumplen el nuevo objetivo de déficit. El caso de Valencia es el más singular debido a que el año pasado cerró con un déficit del 3,52%, lo que significa que tendría que hacer unos enormes recortes para situar el desequilibrio en casi la tercera parte del año pasado.

La intención del Gobierno -y así se lo han pedido las regiones del PP- es objetivar el déficit a la carta, pero siempre queda un margen de discrecionalidad en manos del Gobierno central. Inicialmente, lo que está sobre la mesa es que las regionesmás endeudadasen relación a su PIB -Comunidad Valenciana, Cataluña o Castilla-La Mancha- puedan incurrir este año en mayor déficit presupuestario habida cuenta de que su nivel de partida es sensiblemente peor.

Para el resto de comunidades, el déficit sería el mismo, toda vez que de esta forma se garantizaría unafinanciación de los servicios públicosigual para todas. Es decir, que el factor que se tendría en cuenta sería el llamadodéficit primario, que tiene en cuenta el desequilibrio entre ingresos y gastos sin contabilizar el pago del servicio de la deuda pública, que, lógicamente, es mayor en las regiones conmayor endeudamiento.

Ayer, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, dijo que el déficit asimétrico debería tener en cuenta que “el esfuerzo de los años anteriores, los gastos extraordinarios, la relación con el PIB y el peso de la deuda pública en los presupuestos”.

La revisión de los datos de 2012 tiene que ver, fundamentalmente, con la aplicación de criterio de contabilidad nacional (derechos y obligaciones y no sólo el saldo de caja) al déficit presupuestario. En particular las operaciones que afectan a las inversiones mediante instrumentos de colaboración, como son las de naturaleza público-privada. Dicho en otras palabras, lo que se discute es la contabilización de diferentes inversiones, una fuente histórica de conflictos entre los gobiernos nacionales y Eurostat.