El TSJC ordena a Artur Mas que anule la venta de ATLL a Acciona
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El TSJC ordena a Artur Mas que anule la venta de ATLL a Acciona

La Generalitat de Cataluña debe anular la venta de la compañía pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a un pool de empresas lideradas por Acciona inmediatamente. Así lo

La Generalitat de Cataluña debe anular la venta de la compañía pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a un pool de empresas lideradas por Acciona inmediatamente. Así lo afirma el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en varias interlocutorias con fecha de hoy, 19 de julio de 2013. La venta se produjo por sorpresa el pasado 6 de noviembre, en plena precampaña electoral. Merced a ella, el Gobierno de Artur Mas se embolsará unos 1.000 millones de euros, de los que 300 se hicieron efectivos antes de fin de año y sirvieron para hacer cuadrar las cuentas de la Generalitat del ejercicio 2012.

Con posterioridad, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), otro organismo del Gobierno, se pronunció en contra de la venta por una serie de irregularidades que había detectado en su tramitación. Paralelamente, la compañía Agbar también interpuso recurso contra la adjudicación porque consideraba que la misma incumplía las cláusulas del concurso y que la oferta de Acciona adolecía de severos fallos. El OARCC le dio la razón a Agbar y falló que debía anularse la venta a Acciona. Y entonces se produjo una gran paradoja: el Gobierno autonómico, para no tener que deshacer la venta, interpuso recurso ante los tribunales contra la resolución del OARCC, que es un organismo suyo, pidiendo que anulase ésta.

El TSJC ya emitió el pasado 26 de marzo una interlocutoria donde admitía los argumentos del OARCC y ordenaba a la Generalitat la retroacción de la venta. El Gobierno, así como algunas de las compañías que formaban parte del pool ganador del concurso, volvieron a interponer recurso y ahora, nuevamente, el máximo órgano judicial de la comunidad confirma su anterior fallo. Además, ordena que los apelantes paguen las costas del recurso.

Las interlocutorias cuentan, sin embargo, con el voto particular del magistrado Alberto Andrés Pereira. En su razonamiento, este magistrado apela a planteamientos extrajurídicos para oponerse a la anulación de la adjudicación a Acciona. “La ejecución de la resolución del OARCC –explica- comportará la necesidad de restituir al adjudicatario una cantidad cercana a los 300 millones de euros, con las lógicas dificultades de tesorería en los actuales momentos de crisis económica. Además, el impacto sobre el déficit públicoalcanzaría el 0,51% del PIB de Cataluña (…) lo que podría hacer necesarias nuevas medidas de austeridad que compensasen la pérdida de los ingresos computados en el ejercicio 2012”.

Para el juez divergente, “es obvio que estas consecuencias económicas desbordan claramente el marco del contrato litigioso y tienen una incidencia macroeconómica que debe ser tenida en cuenta a la hora de resolver sobre la medida cautelar solicitada”.

Sin embargo, una nota oficial del TSJC señala que éste “toma en consideración que la UE impone la necesidad de que el recurso especial en materia de contratación sea eficaz para evitar que los plazos relativamente dilatados que conlleva la tramitación de un recurso jurisdiccional lleven finalmente a una situación de hechos consumados en perjuicio de los contratistas injustamente desplazados”.

Y, en oposición a las argumentaciones de Alberto Andrés, señala que “no se puede constatar que el mantenimiento de la decisión del OARCC comporte necesariamente daños de suficiente entidad, ya que la ley obliga a la selección de un nuevo contratista, de forma que inicialmente los perjuicios se limitarían al proceso de transición al nuevo concesionario”.

Al mismo tiempo, el TSJC rechaza también el recurso de Acciona, de Aguas de Valencia, de Sociedad Española de Abastecimientos y de Aqualia contra el contrato de gestión conjunta del servicio de abastecimiento de agua y del servicio de aguas residuales mediante una sociedad mixta formada por Agbar y por el Área Metropolitana de Barcelona (AMNB). En este caso, los recurrentes pedían que la suspensión provisional del acuerdo hasta tanto no se resuelva el contencioso, pero el tribunal deniega esta petición (ya la había denegado por primera vez el pasado mes de mayo) por entender que dicho acuerdo no ocasiona daños que no puedan ser reparados en su momento. La batalla del agua en la capital catalana, pues, sube de peldaño y se dirimirá en el futuro en el Tribunal Supremo.

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