HACIENDA TIENE EN VILO AL SECTOR FINANCIERO

Montoro se niega a 'tragarse' los 50.000 millones que cuesta el ajuste de activos fiscales bancarios

División de opiniones en el sector financiero. Mientras algunos lanzan campanas al vuelo, otros se tientan la ropa porque Cristóbal Montoro no está dispuesto a ‘tragarse el

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Montoro se niega a 'tragarse' los 50.000 millones que cuesta el ajuste de activos fiscales bancarios

División de opiniones en el sector financiero. Mientras algunos lanzan campanas al vuelo, otros se tientan la ropa porque Cristóbal Montoro no está dispuesto a ‘tragarse el nuevo sapo’ de 50.000 millones de euros que la banca española suma en lo que se denomina activos fiscales diferidos, DTA por sus siglas en ingles. Estos futuros créditos contra la Hacienda Pública están contabilizados ahora dentro del core capital de primera calidad (CT1), pero la regulación internacional de Basilea III obliga a descontarlos si el Gobierno no reconoce a priori su potencial deuda con las entidades financieras.

El problema de los DTA se ha ido demorando de forma premeditada para no abrir un nuevo frente de discusiones en el complejo marco de relaciones políticas que mantienen los principales bancos del país con los distintos ministros del área económica. Esta vez el interlocutor válido o rival a batir, según se prefiera, no es Luis de Guindos, sino su colega de Hacienda, Cristóbal Montoro, un ‘hueso más duro de roer’ dada la naturaleza de su propia función ministerial.

El ajuste de los activos fiscales diferidos se contemplaba hasta hace poco como una asignatura de segundo ciclo, desde el momento en que las normas de Basilea III otorgan un periodo gradual de 10 años para ir descontando estas partidas del capital, a razón de  un 10% anual a partir de 2014. Las urgencias han llegado de manera sobrevenida cuando las grandes entidades sistémicas han comprobado que los analistas tienen mucha más prisa y han decidido aplicar ipso facto el descuento de golpe en sus informes de valoración. El llamado fully loaded de los inversores globales supone literalmente una ‘carga completa’ que hunde de nuevo las expectativas de solvencia de las entidades financieras.

La mayor parte de los grandes países europeos y también Estados Unidos han resuelto ya el nuevo régimen de sus DTA mediante fórmulas que aseguran la compensación fiscal aún en el supuesto de liquidación de una determinada entidad financiera. En Alemania y Francia se ha optado por una solución de carry back, que establece el compromiso de Hacienda para devolver en un plazo máximo de 12 años todos los importes sujetos a reembolso.

Cinco puntos más de deuda pública sobre PIB 

Montoro no está por la labor de una medida que afecta de lleno a las arcas del Estado y se inclina de forma preferente por seguir el ejemplo de Italia, donde los activos diferidos se han reconocido como si fueran créditos fiscales a compensar contra todo tipo de impuestos, incluyendo el IVA, y no sólo con bases imponibles positivas en el impuesto de sociedades. Dicha alternativa supone, al cambio, la concesión a la banca de un nuevo préstamo institucional, lo que puede ser considerado dentro del procedimiento de déficit excesivo abierto por Bruselas contra España y, en todo caso, aumenta el stock de deuda pública en casi 5 puntos porcentuales de PIB.

Otra posibilidad que también está sobre la mesa de Hacienda consiste en habilitar un aval a través del BOE, al estilo de lo que se ha hecho en el sector eléctrico con el galopante déficit de tarifa. En cualquier caso, el Gobierno tendrá que elevar su propuesta a las autoridades de Bruselas para que el remedio del sistema financiero no agrave la enfermedad de las maltrechas cuentas públicas y añada nuevos esfuerzos de consolidación fiscal al contribuyente.

La palma de activos fiscales diferidos se la lleva el Banco Santander, con cerca de 17.000 millones de euros, en su mayor parte generados en los propios planes de pensiones de la entidad presidida por Emilio Botín. El BBVA suma otros 7.000 millones de euros y CaixaBank poco más de 4.500. También aparecen muy afectados el Banco Popular, con 3.200 millones de euros y el Banco Sabadell que acumula 4.000 millones de euros.

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