LAS REMUNERACIONES, EL CAPÍTULO MÁS OSCURO

Ninguna empresa del Ibex cumple los estándares internacionales de buen gobierno

El endurecimiento de las normas de gobierno corporativo que va a abordar el Ejecutivo se justifica porque España cosecha un rotundo suspenso en los estándares internacionales.

Foto: Ninguna empresa del Ibex cumple los estándares internacionales de buen gobierno
Ninguna empresa del Ibex cumple los estándares internacionales de buen gobierno
El endurecimiento de las normas de gobierno corporativo que va a abordar el Ejecutivo se justifica porque España cosecha un rotundo suspenso en los estándares internacionales. Es la principal conclusión del informe "Reinventando los consejos: Transparencia voluntaria en la web de los consejos de administración de las empresas del Ibex 35" de la Fundación Compromiso y Transparencia, que señala que sólo cuatro empresas del índice -Abengoa, BME, Inditex y Santander- publican toda la información requerida. El capítulo en el que nuestras empresas son más oscuras es el de las remuneraciones, y las mayores lagunas en gobierno corporativo están en la división de poderes y en la presencia de mujeres en los consejos.
 
Este informe se basa en una serie de indicadores de transparencia que van más allá de las obligaciones del 'código Conthe' actualmente en vigor en nuestro país, pero que resumen las tendencias internacionales en gobierno corporativo. Como se aprecia en el gráfico adjunto, ninguna empresa llega a cumplir el 50% de estos criterios; las que más se acercan al aprobado son Iberdrola y Bankinter, y las que menos, Técnicas Reunidas y Grifols. La mayoría de las empresas no publica en su web documentos como el informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, y 14 tampoco revelan el informe de la comisión de auditoría. Tres (Acerinox, Sabadell e IAG) ni siquiera divulgan los de retribuciones o de gobierno corporativo, pese a que la ley las obliga a hacerlo. 

El mayor problema de gobierno corporativo en España es la acumulación de poder del presidente ejecutivo, ya que sólo nueve de las 35 empresas del Ibex tienen separadas sus funciones de las del consejero delegado. La fórmula habitual de esquivar esta división de poderes es nombrar un consejero principal, normalmente independiente, que actúa como contrapeso del presidente. Pero este informe, firmado por Javier Martín Cavanna, considera que esta debe ser una medida excepcional y temporal, cuando en España se ha convertido en la regla en vez de la separación de poderes.

Otro elemento llamativo es que 12 compañías mantienen el mismo auditor desde hace más de 20 años, y lo peor es que no dan ninguna justificación de por qué lo hacen ni explican las garantías para evitar riesgos contra la independencia de este. La presencia de consejeros independientes sí está generalizada (porque es obligatoria), pero los "mecanismos de resolución de los conflictos de intereses establecidos por las empresas españolas son extremadamente débiles". Es más, Iberdrola es la única que justifica la selección de los independientes, mientras que el resto se limita a incluir en la web el currículo. 

Nadie hace referencia a la dedicación individualizada de cada consejero, que permitiría tener una referencia del número de consejos que puede asumir la misma persona. En España hay profesionales de los consejos que acumulan asientos hasta en cuatro empresas. Respecto a la longevidad de los independientes, sólo un 44% de las compañías fijaba un límite en 2012 (desde marzo se sitúa en 12 años por ley) y sólo una tiene un límite inferior, de ocho años. Resulta llamativo que se trate de BME, cuyo presidente, Antonio Zoido, lleva en el puesto desde antes de que se creara el holding de los mercados, como presidente de la Bolsa de Madrid.

La opacidad de nuestros buques insignia empresariales alcanza su cima en lo que a las retribuciones se refiere, porque el informe anual sobre esta materia -que no todas publican- no incluye el voto de la Junta General sobre esta materia y, sobre todo, ninguna empresa proporciona información desagregada e individualizada sobre los altos directivos. Y son ellos, y no los consejeros, los que han protagonizado los grandes escándalos en esta área. Sólo cuatro miembros del índice no tienen cláusulas de blindaje (Abengoa, Bankinter y BME) o las someten a votación de la Junta (Indra).
 
Otro elemento en el que España naufraga ostensiblemente es la igualdad de género. Sólo el 11% de los miembros de los consejos son mujeres, frente al 16% de Alemania o Inglaterra, o el 19% de Holanda, por no hablar del 42% de Noruega. Diez empresas no tienen ninguna consejera independiente o ejecutiva, y en otras siete no llegan al 10%. Ninguna da información del porcentaje de mujeres en relación a los empleados totales y a la alta dirección. Sólo 11 han tomado medidas para impulsar la presencia femenina en sus órganos de administración. "El resto de empresas o bien omiten cualquier tipo de explicación o bien manifiestan, con una ingenuidad rayana en la ridiculez, que en la elección de los miembros del consejo no se han dejado llevar por ningún sesgo negativo hacia las mujeres, como si hubiese alguna manera de comprobarlo", afirma el informe.

Hay que cambiar todo el sistema

Más allá de las áreas concretas, esta fundación cree que el problema en España está en el sistema de gobierno corporativo, donde las empresas se limitan a rendir cuentas a la CNMV sin preocuparse de adoptar buenas prácticas ni de la necesidad de ofrecer la información que demandan los distintos grupos de interés en la era de Internet. En parte, esto se debe a que la información sobre gobierno corporativo suele estar en manos de abogados del Estado, en vez de en las áreas de comunicación u otras dependientes del primer ejecutivo. Y en otra gran parte, se debe a la desidia de la CNMV, que se limita a colgar los informes y a hacer un resumen anual -con un año de retraso, por cierto-.

Por eso, la solución no pasa por aprobar un nuevo código, sino en cambiar la actitud de las compañías y las autoridades hacia este tema. Así, considera que la CNMV debe tener un papel mucho más activo y exigir explicaciones cuando las empresas no cumplen el código, aplicando de verdad el principio de "cumplir o explicar", que ahora mismo brilla por su ausencia. En cambio, el Gobierno ha puesto en marcha un comité para reformar el código, aunque al menos está resistiendo la presión de las grandes empresas, que abogan por relajar todavía más la regulación.

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