Los expertos aprueban la reforma de las pensiones con tres votos particulares

El informe elaborado por el Comité de Expertos designado por el Gobierno para diseñar el factor de sostenibilidad ha recibido diez votos a favor, uno en contra y una abstención. Además, tres de los expertos emitirán un voto particular antes de que el documento llegue esta misma tarde al Ministerio de Empleo. 

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha representado a UGT en el consejo de administración de RTVE, Santos M. Ruesga, ha sido el único que ha votado en contra del informe. Por su parte, el catedrático del Derecho del Trabajo y afín del PSOE, José Luis Tortuero, ha decidido abstenerse, mientras que el director del Gabinete de Estudios de CCOO, Miguel Ángel García, ha votado a favor del documento.

Estos tres expertos eran hasta ahora los más críticos con las propuestas del Comité. Pese a no haber votado todos en contra, los tres incluirán un voto particular al informe final, que han explicado que esta misma tarde se remitirá el documento al Ministerio de Empleo.

El comité de expertos lo componen Víctor Pérez-Díaz, presidente del mismo; Manuel Lagares Calvo; José María Marín Vigueras; Santos M. Ruesga Benito; Miguel Ángel Vázquez Burgos; J. Ignacio Conde-Ruiz; Rafael Doménech Vilariño; José Enrique Devesa Carpio; Mercedes Ayuso, Miguel Ángel García Díaz; Francisco Castellano Real y José Luis Tortuero Plaza

Ninguna pensión actual bajará con la reforma

¿Subirán o bajarán las pensiones con la reforma? Está por ver, y, en todo caso, la respuesta dependerá del espacio temporal sobre el que se quiera formular la pregunta. A corto plazo, las pensiones nuevas tenderán a bajar en términos reales al endurecerse las bases reguladoras, pero a medio y largo plazo, por el contrario, deberían subir si la reforma, como se pretende, garantiza la sostenibilidad del sistema. Pero lo que está claro es que las actuales pensiones -al menos en términos nominales- no bajarán. Los propios expertos, de hecho, recomiendan al Gobierno que no lo haga, entre otras cosas porque podría ser inconstitucional.

¿Qué quiere decir esto? Pues que la reforma de las pensiones recaerá, sobre todo, en los nuevos pensionistas. Si bien es verdad que los actuales también se verán afectados debido a que se les aplicará una de las dos fórmulas que recoge el texto (la que regula la cuantía). En todo caso, lo que no se tocará es la edad de jubilación: 67 años en 2027.

La primera de las dos fórmulas que han aprobado los expertos tiene que ver con el binomio esperanza de vida-edad de acceso a la jubilación. O dicho en otros términos, los años que teóricamente le queden por vivir al nuevo pensionista serán una variable más que relevante en el cálculo de la pensión inicial. La segunda fórmula modulará la revalorización de las pensiones. Es decir, la cuantía. Su actualización para adecuarla a la evolución de los precios deja de ser automática como hasta ahora (el IPC noviembre sobre noviembre). Y hay que tener en cuenta que esta fórmula se aplicará a todos los pensionistas, tanto a los actuales como a los futuros.

Lo que no está claro es cuándo se aplicará la reforma. Si en 2014 -como plantea la mayoría de los expertos- o en 2019. La última palabra, en todo caso, la tendrán el parlamento y la Comisión del Pacto de Toledo, que es la que ahora estudiará las recomendaciones. Y así es como lo han reconocido esta tarde los expertos.

Nueva base reguladora

¿Y de dónde vendrá, entonces, el ahorro previsto por el Gobierno a la hora de reformar las pensiones? Básicamente del endurecimiento de lo que técnicamente se denomina tasa de sustitución o de reemplazo. Es decir, la diferencia entre el último salario percibido por el trabajador antes de la jubilación y la primera nómina que reciba como pensionista, y que hoy se calcula sobre una base reguladora muy simple: relación entre número de años y coeficiente reductor.

Así, por ejemplo, esta base, en 2013, se calcula como el cociente que resulta de dividir por 224 las bases de cotización que el nuevo pensionista haya podido abonar durante los 192 meses inmediatamente anteriores al del mes previo de la jubilación. O lo que es lo mismo, los últimos 16 años -en 2022 se habrá ampliado de forma progresiva este plazo hasta los 25 años- divididos por un determinado coeficiente corrector, y que la vigente ley lo eleva de forma progresiva, hasta situarlo en 350 en 2022.

Dicho en términos más sencillos. La tasa de sustitución se sitúa actualmente en el 85,71%. Eso es lo que cobra un pensionistas respecto de su último salario, pero en el futuro está relación será más baja. 

Esta fórmula es la que ahora se completará con la inclusión de nuevas variables, como la esperanza de vida del pensionista, que, lógicamente, cambia en función de si el perceptor tiene 63, 65 o más años. Y a esa fórmula es a la que se le aplicará un nuevo coeficiente  corrector de, por ejemplo, 0,90, lo que significa que la diferencia entre la última paga como trabajador y la primera como pensionista tendería a ensancharse, ya que no es uno a uno. Dicho en plata. Si ahora la tasa de sustitución es del 85% (se cobra un 15% menos siendo pensionista que trabajador), en el futuro ese porcentaje podría ser del 75% o del 70%, según las circunstancias personales.

La complejidad de este sistema es evidente, toda vez que la esperanza de vida puede cambiar en función de los patrones de mortalidad. Según las últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), la esperanza de vida de un varón con 65 años es actualmente de 18,7 años, mientras que en el caso de las mujeres con la misma edad, es de 22,8 años. Ahora bien, el propio INE señala que de mantenerse las tendencias demográficas actuales, la esperanza de vida de los varones aumentará dos años entre 2011 y 2021, y casi ocho años entre 2011 y 2051.

Un sistema de cuentas nocionales

La doble fórmula para calcular las pensiones (por un lado, esperanza de vida, y, por otro, relación entre ingresos -bases de cotización y número de afiliados- y gastos sólo en pensiones contributivas-) supone, por lo tanto, un modelo muy parecido al que existe en algunos países europeos, que han puesto en marcha las llamadas cuentas nocionales. Estas cuentas permiten al trabajador conocer la cuantía de la pensión, ya que tiene una carrera laboral individualizada a efectos de la Seguridad Social.  Algunos piensan que una vez que se conozca la cuantía, el trabajador tenderá a complementar su pensión pública con un fondo privado, y eso sería lo que se pretende con la reforma.

Sea como sea, los expertos consideran que a medio y largo plazo las pensiones tenderán a subir ya que se aprovecharán de los avances en productividad, aunque no totalmente, ya que una parte formará parte de los excedentes empresariales. Y de hecho, calculan que con crecimientos de la economía de apenas el 1,5% anual en términos reales (una tasa muy por debajo de la registrada en los años anteriores a la recesión) no sólo se garantizaría el poder adquisitivo de los pensionistas, sino que aumentaría al crecer la productividad.

El problema que se deriva de esta fórmula es que es claramente procíclica -los pensionistas tendrían mayores ingresos cuando la economía fuera bien, y recibirían menos recursos cuando las cosas fueran mal- y eso puede provocar fuertes desequilibrios en el sistema y acabaría con el papel estabilizador de rentas que tienen las pensiones. De ahí que se haya propuesto crear un instrumento capaz de garantizar las rentas durante los periodos bajistas del ciclo económico.