La judicatura culpa al juez de ‘cargarse’ el caso Blesa con su alarmante instrucción

El juez Elpidio José Silva Pacheco ha conseguido dejar al pie de los caballos la investigación contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, en la que hay indicios de que pudo cometer un delito de administración desleal y otro societario en la compra del City National Bank de Florida por 1.117 millones de dólares. La decisión de citarle de urgencia este miércoles y enviarle a prisión sin fianza cuando existe sobre el magistrado una recusación es, cuando menos, alarmante y puede anular todo el proceso. Varias fuentes judiciales consultadas por El Confidencial lamentan que esta actuación vaya a emborronar todo el caso, en el que ya se ven indicios de delito contra el exbanquero.

El instructor sostiene que está en trámite la recusación únicamente de la causa que se investiga por el crédito concedido al empresario Gerardo Díaz Ferrañ de 26,5 millones de euros a sabiendas, presuntamente, de que no iba a poder revolverlo. Así se lo recordó a la defensa de Blesa antes de comenzar este último interrogatorio. El problema radica en que, inicialmente, la investigación por el crédito y por la compra del City National Bank of Florida (CNBF) formaban parte de la misma causa. Incluso cuando el titular del Juzgado número 9 de Madrid decidió enviar por primera vez a Blesa a prisión con una fianza de 2,5 millones de euros, el pasado 16 de mayo, sólo existía una causa, la 58/2010.

El abogado del exbanquero optó por recurrir el auto de prisión y por presentar una recusación contra el juez por falta de imparcialidad y enemistad manifiesta. Fue el 22 de mayo, cuando estaban citados los seis miembros del Comité Financiero como imputados por la parte del crédito a Díaz Ferrán, cuando Silva les informó de que había divido en dos la causa y había desgajado de manera independiente la cuestión de la compra del CNB. Acto seguido, el instructor celebró una vista con los letrados para que se pronunciaran sobre la recusación.

Cinco días después, el 27 de mayo, anunció por providencia que admitía a trámite la recusación y la envió a la Audiencia Provincial de Madrid para que resolviese. A partir de ese momento, el titular del Juzgado número 36 se quedó como sustituto de la causa 35/2010, pero no de la nueva, la 3173/2013. El instructor entiende que se trata de un hecho independiente por el que no hay ningún expediente de recusación abierto y que, hasta que alguien diga lo contrario, puede seguir practicando diligencias. 

Posible prevaricación del juez

Según varias fuentes consultadas, esta actuación revierte indicios de prevaricación porque el magistrado dividió en dos causas unos hechos que son similares; lo ha hecho para poder seguir adelante con la investigación y que no le afecte el incidente de recusación. Es decir, podría haber dictado una resolución injusta a sabiendas, por tanto, de una prevaricación. Se trata, en suma, de un fraude de funcionario público por mantener la competencia de una causa en la que está apartado de manera provisional hasta que una sección lo resuelva.

Otras fuentes van más allá y hablan no sólo de fraude de ley, sino de hechos delictivos, una prevaricación “de libro”, llegan a decir. Para algunos compañeros de profesión se trata de una “barbaridad” el hecho de partir en dos una causa para seguir instruyendo. Es más, hay otro hecho en el que el juez ha actuado erróneamente, según estas fuentes. En el momento en que decide crear otra causa con la compra del CNB y, por lo tanto, convertirlo en algo totalmente independiente de su investigación inicial tendría que haber enviado el asunto a reparto y que el decano decidiera el juzgado al que asignárselo.

Como Garzón con la Memoria Histórica

Silva Pacheco, según algunas de estas fuentes, ha llevado a cabo un “artificio procesal” para evitar los obstáculos que se le presentan y seguir adelante. Por esto mismo se imputó y se sentó en el banquillo de los acusados al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al pretender investigar los crímenes del franquismo. En ese caso, el instructor comenzó a practicar diligencias, sin declararse competente, por desapariciones forzosas en el territorio español, un delito que no era competencia de la Audiencia Nacional. Para poder seguir adelante, Garzón introdujo el “alzamiento nacional” como nuevo objeto del procedimiento. 

El juez lo tipificó como delito contra los altos organismos de la Nación y la forma de gobierno, que sí es competencia del órgano judicial. Lo hizo sin que constara en las denuncias y a sabiendas que los investigados estaban fallecidos, entre ellos el propio dictador, Francisco Franco. El Tribunal Supremo lo acabó absolviendo, pero después de haberlo condenado ya por las escuchas ilegales del caso Gürtel.

Sobre el auto de prisión sin fianza, las voces no son tan unánimes. Algunas sostienen que esta medida, tomada tan sólo tres semanas de acordar otra prisión pero con fianza de 2,5 millones de euros, no es razonable. El instructor no ha demostrado que existan datos nuevos, posibilidad de destruir pruebas o riesgo de fuga para adoptar tal medida que restringe los derechos más fundamentales de una persona.

Indicios contra Blesa

Otras fuentes, sin embargo, señalan que los hechos que remarca el juez en su auto son muy graves, con un informe del Banco de España que respalda que Blesa troceó la compra del CNB para saltarle los controles y las necesarias autorizaciones de Caja Madrid. Destacan que este último auto está bien estructurado y argumenta correctamente su decisión de prisión sin fianza. Entiende que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, pero no lo pudo acordar antes porque en la anterior comparecencia la acusación solicitó la prisión con fianza y, por tanto, no podía acordarla de oficio.

Una vez que Blesa ya está en prisión incondicional, ahora debe quedar anulada su fianza de 2,5 millones de euros y por tanto, queda cancelado el aval bancario entregado para salir libre el pasado 17 de mayo, menos de 24 horas después de ingresar en prisión.

Estas fuentes lamentan que se vaya a estropear la investigación, aunque consideran que todavía se está a tiempo de nombrar a otro juez que siga adelante con la misma. Este planteamiento no es compartido por la Fiscalía de Madrid, que considera que no existen pruebas que justifiquen su apertura y muchas de las practicadas no se ajustan a derecho. Aun así, deja claro que sí quieren investigar las irregularidades o delitos que se ciernen sobre la gestión de Blesa, pero con una actuación que se ajuste a Derecho para evitar así posibles nulidades de actuaciones. Algo que no está haciendo, a su juicio, Silva Pacheco, de quien sospechan que ha podido cometer un delito de prevaricación e irregularidades procesales.