ARRANCA LA SEGUNDA GRAN REFORMA DE LAS PENSIONES EN MENOS DE DOS AÑOS

Cisma en el Comité de Expertos: no hay acuerdo sobre cómo reformar las pensiones

La ministra Fátima Báñez tendrá que esperar para conocer el contenido del informe que ha pedido a los expertos sobre una nueva reforma de las pensiones.

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Cisma en el Comité de Expertos: no hay acuerdo sobre cómo reformar las pensiones

La ministra Fátima Báñez tendrá que esperar para conocer el contenido del informe que ha pedido a los expertos sobre una nueva reforma de las pensiones. La ausencia de consenso ha impedido que ayer se cerrara un acuerdo. Entre otras razones, porque los expertos designados por UGT y CCOO, Santos M. Ruesga y Miguel Ángel García Díaz, respectivamente, jugaron fuerte la partida y se plantearon la posibilidad  de presentar sendos votos particulares a una reforma que convierte en papel mojado buena parte de las medidas aprobadas hace menos de dos años (en agosto de 2011) por el anterior Gobierno. Precisamente, con el respaldo de las centrales sindicales y de los empresarios de CEOE.

Como una señal para navegantes, Carlos Bravo, el responsable de pensiones de CCOO, dijo ayer que “para la reforma de las pensiones se deben tener en cuenta todas las variables de gastos e ingresos y no solo la cuestión demográfica”. Y en esa línea se encontraría también el catedrático José Luis Tortuero, cercano al PSOE.

Ahora esos pactos -reflejados en la Ley 27/2011- son los que revisarán de forma profunda. Y la ministra ya anunció que asumiría buena parte de las recomendaciones, que ahora se discutirán en el seno del Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria creada hace casi dos décadas para consensuar la política de pensiones. Los sindicatos no encuentran razones para reformar un texto que apenas ha echado a andar. Y por eso, tras más de siete horas de reunión, no se cerró ayer ningún acuerdo. Habrá nuevos encuentros.

El Gobierno ya envió hace unas semanas un documento a esa comisión en el que sugiere adelantar los cambios paramétricos y revisar la indexación de las pensiones respecto de la evolución del IPC.  Es decir, la esencia del sistema de reparto de la Seguridad Social sería siendo básicamente la misma, ya que tan sólo se alterarían las cifras y las cuantías de las prestaciones. Ni hablar de implantar un sistema de capitalización o un modelo mixto como el sueco de prestación definida (el trabajador sabe cuánto va a cobrar en el momento de jubilarse).

En el Plan Nacional de Reformas, de hecho, se anuncia la creación de una nueva regla de indexación que se aplicará a todos los ingresos y gastos del sector público, así como a las tarifas y precios regulados actualmente referenciados al IPC.  La nueva regla de indexación, alternativa al IPC, será la inflación subyacente a impuestos constantes, con un límite superior del 2%.

Esperanza de vida 

La actualización de la cuantía de las pensiones, en todo caso, también tendrá en cuenta factores como la marcha de los ingresos por cotizaciones, el aumento del número de pensiones, la esperanza de vida y la propia evolución de la pensión media. En ningún caso, el IPC, como ha sucedido en las dos últimas décadas.

Las reformas propuestas por mayoría de los doce expertos* designados por el Gobierno -aún en fase de borrador de propuesta- van en todas las direcciones. En particular, la fórmula que sirve para calcular la cuantía de la pensión (los años de cotización y las bases reguladoras), la entrada en vigor de la nueva edad legal de jubilación (67 años) o la actualización de las pensiones para adecuarlas a la evolución de los precios.

Y lo que proponen algunos de los expertos es que los actuales parámetros sean revisados de forma urgente. Es decir, sin esperar a 2027, que es la fecha por la que se decantó la última reforma de las pensiones para poner al día la edad de jubilación. Eso significa, lisa y llanamente, que se acortarán los plazos previstos, y que se basaban en avanzar tres meses por año la edad de jubilación desde los 65 años actuales hasta llegar a los 67 en 2027, salvo en el caso de los trabajadores que hubieran cotizado al menos 38 años y medio, que podrían jubilarse a los 65 años.

La sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, en todo caso, se articulará a través de una nueva fórmula que debe garantizar el equilibrio presupuestario. O expresado en otros términos, el gasto en pensiones dependerá de los ingresos, tanto individuales como colectivos, lo que quiere decir que si los pagos crecen por encima de la recaudación, por ejemplo un 5%, el desfase deberá corregirse de forma casi automática mediante la aplicación del factor de sostenibilidad. Es decir, reduciendo el gasto en la misma cuantía. El Estado, en todo caso, mantendría su política de pensiones mínimas del sistema.

La esperanza de vida, de igual forma, jugaría también un papel fundamental a la hora de calcular la cuantía de las pensiones y los años de cotización. Ello supone, igualmente, que si la esperanza de vida de los nuevos pensionistas es un 5% más elevada de la que tenían quienes causaron baja, la nueva pensión debería ser un 5% más reducida de la que percibían los anteriores perceptores.

* Víctor Pérez-Díaz (doctor en Sociología, Derecho y Ciencias Políticas), presidente; Manuel Lagares Calvo (doctor en Ciencias Económicas e inspector de Hacienda en excedencia); José María Marín Vigueras (catedrático de Economía Financiera y Contabilidad); Santos M. Ruesga Benito (catedrático de Economía Aplicada); Miguel Ángel Vázquez Burgos(periodista); J. Ignacio Conde-Ruiz (doctor en Economía); Rafael Doménech Vilariño (catedrático de Fundamentos de Análisis Económico); José Enrique Devesa Carpio (profesor titular de Universidad en el Departamento de Economía Financiera); Mercedes Ayuso (doctora en Ciencias Económicas y Empresariales); Miguel Ángel García Díaz (licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales); Francisco Castellano Real (catedrático de Hacienda Pública) y José Luis Tortuero Plaza (catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social).

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