Cañete pasa del consenso y blinda su Ley de la Cadena a las enmiendas

Pocas propuestas llegan al Congreso con tanto consenso como la Ley para la Mejora de la Cadena Alimentaria. De hecho, tanto industria como agricultores, los dos principales afectados, avalaban un proyecto que el Gobierno aprobaba en febrero con el objetivo de salvaguardar el tejido agrario y reducir los desequilibrios en las relaciones comerciales. Un clima de entendimiento que ha saltado por los aires en la tramitación parlamentaria de la norma, después de que el Partido Popular haya tirado de rodillo y no haya abrazado hasta siete enmiendas claves planteadas por los dos sectores implicados.  

Precisamente hoy está previsto que la Comisión de Agricultura apruebe el proyecto de ley, con competencia legislativa plena y sin necesidad de que vaya a pleno. Industria y agricultores daban por hecho ayer que sus enmiendas, finalmente canalizadas a través de resto de grupos parlamentarios, no encontrarán el respaldo del partido en el Gobierno. Ante ese rechazo, no está siquiera claro que esas formaciones políticas voten a favor de la norma. El PSOE ya ha dicho no. “Es una pena porque el proyecto de ley tuvo una acogida muy favorable por parte de los grupos cuando entró en el Congreso. Pero el PP no ha admitido ni una sola de las enmiendas de calado en la ponencia”, exponen fuentes conocedoras del proceso.

Industria alimentaria y agricultores plantearon nueve enmiendas para mejorar la ley. Las dos que tendrán el apoyo del PP son meramente técnicas. El resto afectan a la gestión no discriminatoria de las marcas, la inclusión de la gestión discriminatoria como conducta sancionable, la elevación de la cuantía de las sanciones y aspectos relacionados con la prohibición de ventas a pérdidas. Pese al rechazo del Partido Popular, las marcas y el sector agrícola han encontrado la comprensión del PSOE, que ha abrazado y planteado cinco de esas enmiendas; de IU y UPyD, que han dado cobijo a siete esos planteamientos; de CiU, que ha incluido seis de las tesis, y del PNV y el Grupo Mixto, que han propuesto ocho de esas ideas.

Por ejemplo, PSOE, UPyD, CiU, PNV y Mixto plantean la inclusión de un nuevo artículo que incluya los tres supuestos de venta a pérdida desleal que ya recoge la ley. ¿Objetivo? Facilitar su detección y persecución. Los socialistas justifican la iniciativa para “evitar los abusos que suponen las conductas, cada vez más frecuentes en la cadena alimentaria, de ventas a precios extremadamente bajos o de productos reclamo por el perjuicio que estas conductas generan a los productores”. Además, existe consenso entre los diferentes grupos en plantear una mejor tipificación de las infracciones y algunos de ellos coinciden en la necesidad de que un artículo específico establezca la obligación de cumplir con la normativa de plazos de pago.

Sanciones más duras 

Más relevante si cabe, PSOE, IU, UPyD y Grupo Mixto también están de acuerdo en pedir un radical endurecimiento de las sanciones. Actualmente, la ley prevé que las infracciones leves alcancen hasta los 3.000 euros, que las graves se sitúen entre 3.001 y 100.000 euros, y las muy graves entre 100.001 y 1.000.000. En concreto, se solicita que las leves supongan el 0,1% del volumen de negocio de la empresa infractora en el ejercicio precedente, las graves un 0,5%, y las muy graves el 1%. Si no se puede delimitar la facturación, el rejón es considerable: hasta 300.000 euros en las faltas más benignas, entre 300.001 y 1.000.000 en el caso intermedio, y entre 1.000.001 y 10 millones de euros en el peor escenario. Un incremento más que notable.

Según el PSOE, “se trata de adecuar las sanciones a las infracciones. (…) Además, se propone la elevación general de las sanciones, adaptándola al volumen de negocio del infractor y, en su defecto, fijando la cuantía aplicable para que estas sanciones cumplan adecuadamente su función disuasoria y punitiva y su adaptación, con esta misma finalidad, a cada tipo de infractor”, expone el Grupo Parlamentario Socialista. En esta línea, IU/Izquierda Plural va un paso más allá y subraya que “el importe de las sanciones fijado en el Anteproyecto es irrisorio hasta el punto de que puede fomentar el incumplimiento de la Ley por parte de los distribuidores en vez de prevenirlo”. Asimismo, deja claro que “las sanciones que contemplan importes mínimos y máximos fijos afectan significativamente más a los operadores cuya facturación es menor”.

El secretario general técnico del Ministerio de Agricultura, Adolfo Díaz-Ambrona, ya anticipó que el trámite en el Congreso no estaría “exento de complejidades” durante una reciente mesa redonda celebrada en El Confidencial a finales de febrero. No obstante, dejaba claro cuál sería el signo final de la norma. “El texto, a día de hoy, ya está consensuado a nivel de Gobierno. Ahora nos queda la tramitación parlamentaria que, por qué no decirlo, si tiene el acuerdo del Consejo de Ministros no se desviará mucho del texto actual”, remachaba. El político admitió que el sector industrial sufre prácticas desleales y abusivas de la gran distribución y que el sector agroalimentario español vive una situación “cuasi dramática”.