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España pagará 5.580 millones sólo en intereses por financiar el déficit de tarifa
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España pagará 5.580 millones sólo en intereses por financiar el déficit de tarifa

El PP alumbró en el año 2001 un abstruso sistema para controlar políticamente el recibo de luz: las eléctricas dejaban de cobrar el precio real de

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España pagará 5.580 millones sólo en intereses por financiar el déficit de tarifa

El PP alumbró en el año 2001 un abstruso sistema para controlar políticamente el recibo de luz: las eléctricas dejaban de cobrar el precio real de la electricidad y se conformaban con el coste regulado que fijaba el Ejecutivo. ¿Perdían la diferencia? Ni mucho menos. Esa brecha –conocida como déficit de tarifa- se reconocía a las compañías, que la financiaban e incorporaban a sus cuentas de forma diferida con cargo a las facturas de años siguientes. El PSOE, conforme con un modelo tan beneficioso desde el punto de vista político, miró para otro lado. Más de una década después, el agujero roza los 30.000 millones -se acerca al coste del rescate bancario- y el pago por intereses se ha desbocado. Una chapuza de altura.

Los datos prueban el fenomenal desaguisado. Y es que el Gobierno de turno tendrá que afrontar en los próximos años (hasta 2027) el pago de 5.580 millones en concepto de intereses por la deuda de 18.652 millones titulizada hasta ahora, y que apenas alcanza las dos terceras partes del total. De hecho, los próximos ejercicios se vislumbran especialmente duros, según revela un detallado estudio publicado en el Boletín Económico del ICE y elaborado por la investigadora del Banco de España María de los Llanos Matea Rosa. De acuerdo con su análisis, los vencimientos se sitúan en 2.066 millones en 2013, llegan a los 2.705 millones en 2014, y se disparan hasta los 4.600 en 2015. Desembolsos de más de 9.300 millones que vendrán acompañados de más de 2.404 millones de euros a satisfacer en intereses sólo en ese trienio.

Es más, ante la cercanía de esas obligaciones, ya se atisban problemas que pueden obligar a subidas de tarifa. “En este contexto y ante la necesidad de hacer frente al primer vencimiento de los bonos emitidos por el fondo (…), que se producirá en septiembre de 2013 por un valor de 2.066 millones de euros, desde finales de octubre se han llevado a cabo tres emisiones para refinanciar las emisiones de dicha serie (…), con las que se han obtenido unos 497 millones de euros para esa finalidad. Si los restantes 1.569 millones no se financian con los peajes de acceso, el FADE deberá realizar en los próximos meses nuevas emisiones para su refinanciación”.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero constituía el 14 de enero de 2011 el llamado Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), nacido para favorecer la titulización del déficit de tarifa ante los problemas de las compañías eléctricas para colocar la deuda con los mercados estrangulados. Con este mecanismo, las empresas ceden total o parcialmente sus derechos de cobro al FADE, encargado de transformarlos en valores de renta fija con el aval del Estado. Hasta marzo de 2013 y con más o menos suerte, esta instancia ha realizado 37 emisiones por el citado importe de 18.652 millones de euros. Paradójicamente, casi la mitad de ese montante se obtuvo con las primeras cinco operaciones, debido a la posterior crisis de deuda soberana que impidió nuevas transacciones. 

En todo caso, se trata de emisiones que han obligado a abonar elevados intereses. “Por lo que se refiere al tipo de interés pagado, cabe señalar cómo a pesar de que los bonos cuentan con el aval del Estado, el mercado ha exigido un diferencial con el bono español de entre 98 y 53 puntos básicos por la menor liquidez del FADE en el mercado secundario. Además, dicho tipo de interés ha sido muy superior al que se les había reconocido a las empresas eléctricas por el déficit de tarifa”, subraya el documento, dando muestras de la magnitud del problema. Los 5.580 millones ya comprometidos en intereses son el equivalente al gasto en política de educación y sanidad que contemplan los Presupuestos Generales del Estado para 2013 o a los fondos que las cuentas públicas destinan a materias de enjundia como la I+D+i civil.

Una deriva sin freno

Además de los vencimientos e intereses ya contraídos, que se extienden hasta el año 2027, aún queda una parte considerable del déficit susceptible de cederse al fondo y de generar mayor carga. “Después de la última emisión (…), se estima que las empresas eléctricas tienen unos 5.500 millones de euros que podrían ceder al fondo. En consecuencia, es de esperar que a lo largo del presente año y si las condiciones financieras lo permiten, el FADE lleve a cabo nuevas emisiones por un importe superior al efectuado en 2012, que no llegó a los 6.000 millones de euros. (…) Cabe hacer hincapié en el hecho de que, al haberse suprimido la obligación de no generar nuevos déficits de tarifa a partir de 2013, el montante del déficit susceptible de ser cedido al FADE podría, si así se decidiese, aumentar”, subraya sin ambages el informe.

En esta línea, el arranque del año no invita al optimismo. No en vano, la primera liquidación del déficit de tarifa correspondiente al presente ejercicio efectuada por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) se fue a los 692 millones de euros. Por ley, el FADE puede adquirir derechos de cobro del déficit tarifario hasta el 25 de enero de 2016, mientras que su actividad no puede prolongarse más allá de enero de 2034. Los bonos emitidos por el fondo en cuestión, aunque no contabilicen como déficit público, sí se suman a la deuda pública al incluirse el fondo en el sector de las Administraciones Públicas.

El presidente de la patronal eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, se refería recientemente a la lacra del déficit de tarifa y sostenía que se ha convertido en “un problema financiero a nivel país” al alcanzar los 28.000 millones de euros. En esta línea, abogaba porque la electricidad se pague al precio que cuesta. "No puedo decir que quiero un Mercedes que tenga paneles solares, pero sin poder pagar más de lo que cuesta un Volkswagen Polo", ponía como ejemplo, en declaraciones a la agencia EFE. Eso sí, el ejecutivo tendrá que esperar un poco más. Al menos hasta otoño. Tras dos años de impasse y de remiendos, el PP ha anunciado una reforma eléctrica con soluciones estructurales para el sector. Lo que sean capaces de hacer José Manuel Soria y su nuevo capataz en Industria, Alberto Nadal, está por ver.

El PP alumbró en el año 2001 un abstruso sistema para controlar políticamente el recibo de luz: las eléctricas dejaban de cobrar el precio real de la electricidad y se conformaban con el coste regulado que fijaba el Ejecutivo. ¿Perdían la diferencia? Ni mucho menos. Esa brecha –conocida como déficit de tarifa- se reconocía a las compañías, que la financiaban e incorporaban a sus cuentas de forma diferida con cargo a las facturas de años siguientes. El PSOE, conforme con un modelo tan beneficioso desde el punto de vista político, miró para otro lado. Más de una década después, el agujero roza los 30.000 millones -se acerca al coste del rescate bancario- y el pago por intereses se ha desbocado. Una chapuza de altura.

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