Felip Puig intenta mediar en la crisis de los convenios que afecta a 800.000 catalanes

El conseller de Empresa y Ocupación de la Generalitat, Felip Puig, tiene otra patata caliente sobre la mesa: mediar entre sindicatos y patronal para que no venzan los convenios sectoriales fruto de la reforma laboral. En Cataluña esto supondría que más de 800.000 trabajadores quedarían amparados con sólo el Estatuto de los Trabajadores y el Salario Mínimo Interprofesional: 645,4 euros a partir del 1 de julio.

Para evitar esta crisis en un tejido social muy castigado, Felip Puig ha encargado a su hombre de confianza en la conselleria, el secretario de Relaciones Laborales, Ramón Bonastre, mediar entre las patronales Fomento del Trabajo y Pimec con los sindicatos CCOO y UGT, según han confirmado a este diario fuentes del departamento de Empresas y Ocupación. Bonastre aboga por alargar durante seis meses la vigencia de los actuales convenios para, de esa manera, ganar tiempo y poder cerrar durante ese período una solución legal más estable.

Las patronales han estado bloqueando la renovación de los convenios sectoriales, sabedoras de que el nuevo marco legal aprobado por Mariano Rajoy les beneficiaba, ya que la reforma laboral del PP permite que desaparezca la vigencia de un convenio colectivo cuando éste caduca o es denunciado. Antes de la reforma se prorrogaba automáticamente hasta que se firmaba el siguiente convenio, práctica conocida como ultraactividad.

La patronal, por ahora, se resiste a llegar a un acuerdo, porque el nuevo entorno legislativo le hace jugar en casa. Por su parte, los sindicatos no se niegan a una ampliación de los convenios en vigor para ganar tiempo y buscar así una solución más estable, pero pretenden que la prórroga sea de un año, como mínimo.

Un papelón para Bonastre, que además lidia con los sindicatos en Cataluña, la CCAA donde la fuerza sindical es mayor. Ya se vio durante el pasado Primero de Mayo, cuando las capitales catalanas fueron de las pocas donde no disminuyó la asistencia a las manifestaciones del Día del Trabajo, como pasó en el resto de España. En este momento, Cataluña es una referencia sindical para el resto del país.

La alternativa del arbitraje

Los sindicatos han planteado a la Generalitat una fórmula de arbitraje. Esta alternativa pasaría porque todas las partes acepten que en caso de desacuerdo en los convenios se acuda al Tribunal Laboral de Cataluña. El Gobierno catalán, en principio, estaría abierto a esta salida, pero Fomento y las patronales la rechazan por ahora, según señalan las fuentes sindicales consultadas. 

Felip Puig quiere evitar que el final de los convenios haga aumentar la conflictividad social en Cataluña. Como se trata de convenios sectoriales, afecta básicamente a pymes, el grueso del tejido industrial catalán. Por ahora, las posturas están muy alejadas.

En este clima, los sindicatos han convocado huelga en Cataluña para el próximo 23 de mayo en defensa de la negociación colectiva y del empleo. La intención de Felip Puig sería poder llegar a un acuerdo antes de ese día y conseguir incluso que se desconvocase la jornada de protesta. 

Consecuencias catastróficas

En el actual clima económico, con la economía en recesión y gran debilidad de la demanda interna, una bajada automática de salarios a tantos trabajadores sería muy dañina. Además, habrá sectores más afectados que otros: es el caso del metal, en donde podría llegar a haber un total de 250.000 personas perjudicadas. Otras patronales, como la de Textil o la Hostelería, también rechazan el acuerdo.

A pesar de la ventaja que puede tener para las empresas, el impacto para el consumo en Cataluña puede ser dramático. Por ello, la Generalitat preferiría seguir como hasta ahora y alargar la vida de los convenios provinciales, pese a que CiU en su día apoyó la reforma laboral en el Congreso.