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Guerra en el Consejo General de Economistas tras la fusión con los titulares mercantiles
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MADRID, VALENCIA, LEÓN Y BALEARES IMPUGNAN LOS NUEVOS ESTATUTOS

Guerra en el Consejo General de Economistas tras la fusión con los titulares mercantiles

El nuevo Consejo General de Economistas, surgido de la fusión con las organizaciones colegiales de titulares mercantiles, ha desatado una guerra civil entre los profesionales de

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Guerra en el Consejo General de Economistas tras la fusión con los titulares mercantiles

El nuevo Consejo General de Economistas, surgido de la fusión con las organizaciones colegiales de titulares mercantiles, ha desatado una guerra civil entre los profesionales de este segmento básico de actividad profesional en España. Los Colegios de Economistas de Madrid, Valencia, León y Baleares se han unido en un frente común para denunciar ante la Audiencia Nacional el proceso de integración e impugnar los estatutos de la institución que será formalmente constituida a finales de este mismo mes de mayo.

A través de un recurso contencioso-administrativo, las citadas organizaciones regionales aducen una grave infracción del principio de representación ponderada en relación con el número de colegiados. En su opinión, la configuración del nuevo Consejo General lesiona gravemente los intereses de los profesionales y la privación “a estos Colegios de su respectivo derecho a elegir directamente a aquellos consejeros que los estatutos del Consejo General de Economistas le atribuye”. De esta forma, añaden, se vulnera el principio democrático impuesto por el artículo 36 de la Constitución Española.

Asimismo, junto con el escrito de interposición, se ha solicitado la suspensión cautelar con carácter de urgencia de la ejecutividad de la disposición dado que el próximo 24 de mayo de 2013 se celebrará la primera Junta del Consejo General de Economistas y ello conlleva el desapoderamiento de los cargos que democráticamente le corresponderían a los consejeros en proporción a sus colegiados. Si el calendario se desarrolla conforme a lo previsto se produciría una situación irreversible por cuanto los Estatutos definitivos serían definidos y aprobados sin una presencia democrática y los acuerdos que se adoptasen por el Consejo serían imposibles de retrotraer al Estado previo a su constitución (fusión de patrimonios, absorción del personal, subrogación de todos los derechos y obligaciones provenientes de los Consejos respectivos).

La controversia se produce después de las gestiones llevadas a cabo por los presidentes de las dos organizaciones en proceso de fusión; Lorenzo Lara, en representación de los titulares mercantiles y Valentí Pich, como responsable máximo del hasta ahora vigente Colegio General de Economistas de España. Precisamente, la omisión de la antigua definición en la que desaparece la referencia nacional que siempre había identificado a la institución es otro de los motivos que ha provocado la ruptura en el seno de la organización colegial de economistas.

Fuentes de los colegios disidentes denuncian además que la nueva organización colegial establece también los principios de una política de retribuciones inusual en la vida de estas instituciones. Las juntas de gobierno de los colegios de economistas se caracterizan hasta ahora por no cobrar más que dietas cuyo destino final se traduce en donaciones a otras organizaciones sin ánimo de lucro.

La fusión de los economistas y los titulares mercantiles viene dada como consecuencia de la ley 30/2011 de 4 de octubre que propició la creación de una comisión gestora con un plazo de dos años para formalizar los estatutos de la nueva institución colegial. Las normas reguladoras del Consejo General de Economistas fueron promulgadas en el BOE del pasado 12 de marzo.

El nuevo Consejo General de Economistas, surgido de la fusión con las organizaciones colegiales de titulares mercantiles, ha desatado una guerra civil entre los profesionales de este segmento básico de actividad profesional en España. Los Colegios de Economistas de Madrid, Valencia, León y Baleares se han unido en un frente común para denunciar ante la Audiencia Nacional el proceso de integración e impugnar los estatutos de la institución que será formalmente constituida a finales de este mismo mes de mayo.