Economía ningunea a la CNMV en la reforma del Gobierno Corporativo en Bolsa

El afán del Gobierno a la hora de rellenar con renglones gruesos el Plan Nacional de Reformas ha supuesto un revés en las expectativas que tenía la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por liderar la puesta al día del Código Unificado de Gobierno Corporativo. Ahora será el Ministerio de Economía el organismo encargado de tomar la iniciativa en una misión ardua que está abocada a un encendido debate con las grandes entidades emisoras y, en última instancia, a un endurecimiento del ordenamiento jurídico de las sociedades cotizadas en España.

Los tiempos que corren no son los más propicios para la lírica de la autorregulación que hasta ahora ha dirigido la letra y música en todos los manuales de eso que se conoce como el buen gobierno de las empresas en Bolsa. Desde los más antiguos Código Olivencia e Informe Aldama hasta el actualmente vigente que redactó el grupo de trabajo presidido por Manuel Conthe, todos los esfuerzos de los organismos supervisores se han limitado a una serie más o menos amplia de recomendaciones sin mayor exigencia legal.

Con el paso del tiempo y la evolución de la crisis, incluyendo los múltiples escándalos financieros de los últimos años, una buena parte de estas animosas sugerencias han sido trasladadas al ordenamiento mercantil de una forma bastante arbitraria y con gran pesar de las propias entidades reguladas. El buen gobierno se ha convertido la mayor parte de las veces en una derivada de la presión social, cuando no la consecuencia directa de procesos judiciales de fuerte componente mediático. Este último fue el caso que propició el llamado destape de las retribuciones individualizadas auspiciado por el Banco Santander después de que la entonces juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, sentase en el banquillo a Emilio Botín por las indemnizaciones multimillonarias pagadas a José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui.

La intención inicial de Elvira Rodríguez, en su calidad de máxima responsable de la CNMV, consistía en incorporar a los propios emisores a un nuevo grupo de trabajo encargado de renovar el Código Conthe. Tras casi siete años de muy laxa funcionalidad y con serias veleidades a la hora de cumplir e incluso explicar los motivos de tales desobediencias, la eventual ‘Comisión Rodríguez’ tenía previsto iniciar sus trabajos a mediados de mayo.

El regulador pretendía concentrar los esfuerzos en el nuevo Código Unificado una vez que las principales sociedades del Ibex 35 hubieran culminado la presentación de los resultados correspondientes al cierre del pasado ejercicio 2012. Fuentes gubernamentales reconocen que “el arroz se le ha podido pasar” a la presidenta de la CNMV porque el ministro de Economía se ha apresurado a arrimar el “ascua a su sardina”, tomando el timón del nuevo gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en España.

La renuncia de Alfredo Sáenz como telón de fondo

En la iniciativa de Luis de Guindos podría haber influido, según los citados medios, la decisión de Alfredo Sáenz de poner fin a su agonía de estos últimos meses como consejero delegado del Banco Santander. El ministro sabía el desenlace del banquero y se ha quitado un gran peso de encima, lo que deja ahora al Gobierno en una situación inmejorable para abordar un cambio radical de los sistemas de gobernanza corporativa en España.

Es probable que el Ministerio de Economía se apoye en las muletas institucionales de la propia Comisión de Valores para espulgar el Código Conthe y limpiar las impurezas de esas 57 recomendaciones propuestas el año 2006 como mano de santo de un gobierno corporativo que todavía deja mucho que desear. Lo que está claro es que el Gobierno quiere sacudirse el polvo de las sandalias con una política mucho más beligerante que implique el traslado al ordenamiento mercantil de lo que hasta ahora sólo eran prácticas voluntarias de actuación.

La principal novedad de la revolución que diseña Guindos en materia de gobierno corporativo reside en el papel preponderante de la Junta General como principal órgano de gestión, lo que servirá para reforzar también la posición de la masa anónima de accionistas minoritarios. A partir de la reforma que viene, los administradores de las sociedades cotizadas tendrán que someter la actualización de sus salarios y demás aportaciones retributivas al acuerdo mayoritario de la Asamblea General de Accionistas. A más de uno, la ‘jugada’ le puede costar un buen puñado de millones de euros.