El exdirector general de Caixa Penedès afronta casi 4 años de cárcel por asignarse 11 millones

El exdirector general de Caixa Penedès, Ricardo Pagés, se enfrentará a tres años y medio de cárcel como autor de un delito societario continuado de administración desleal. Junto a él, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para otros tres directivos de la entidad, Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas, tres años de prisión por el mismo delito en grado de cooperadores necesarios.

El fiscal ha remitido su escrito de acusación al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para que decrete apertura de juicio oral contra los cuatro miembros de la caja, tan sólo dos meses y medio después de que se iniciara la investigación contra ellos. Este caso ha demostrado la celeridad con la que se pueden tramitar ciertas causas.

El Ministerio Público pedirá al tribunal que les enjuicie que declare nulas las pólizas que contrataron a su nombre cuando dirigían la entidad por las que recibieron más de treinta y un millones de euros entre cinco directivos –uno de ellos no está acusado a causa de su fallecimiento-. Así, deberán indemnizar a Caixa Penedès con las sumas recibidas por las pólizas cobradas una vez que abandonaron la entidad, y en el caso del fallecido, Jaume Jorba, serán sus herederos legales quienes deberán restituir a la caja el dinero percibido de manera fraudulenta.

Según el escrito de acusación, Pagés aprovechó su condición de máximo responsable ejecutivo de la caja y “prevaliéndose de un poder de hecho omnímodo para la gestión de la entidad”, para diseñar una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse él mismo y sus más cercanos colaboradores una “desproporcionada” ganancia patrimonial a costa de la entidad. Estaba pensada para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo por cualquier motivo, “desbordando el marco de su contrato laboral y enmascarando su actuación frente a los órganos colegiados de la misma, que ni conocieron ni, por supuesto, autorizaron la actuación de los acusados”. Desde el primer momento contó con el conocimiento y colaboración del resto de los acusados.

A espaldas de la Caja

Pagés, con la ayuda de los directivos más cercanos, urdió un plan para autoconcederse derechos económicos no contemplados en sus contratos de trabajo con vistas al momento en que, por la causa que fuera, pudieran tener que abandonar sus puestos directivos en la entidad. Esos beneficios fueron concedidos y dotados económicamente a espaldas de los máximos órganos colegiados de la caja, “logrando mantenerlos en una conveniente penumbra mediante informaciones fragmentarias e incompletas acerca de su verdadera naturaleza y extensión”.

En realidad, lo que hicieron fue recoger como cláusula para cobrar las pólizas la validez en cualquier supuesto de abandono de la entidad. Es decir, su salida voluntaria o despido procedente eran causas justificadas para cobrarlas. Crearon una “única y exclusiva iniciativa” de  “blindaje” de su situación laboral frente a cualquier eventualidad que les pudiera llevar a abandonar la entidad, pues en este momento podrían llevarse las sumas aportadas y sus rendimientos sin necesidad de esperar a la jubilación.

Pagés y los demás directivos acusados ostentaban, según el fiscal, un control total sobre la situación, puesto que copaban dos de los tres polos de la relación: eran quienes firmaban vinculando a Caixa Penedès como tomador de las pólizas y al mismo tiempo eran los asegurados en la misma. En suma, cuatro pólizas, más el plan de pensiones a su nombre, que ascendían a un total de 31.652.917 de euros, de los cuales 11.609.708 estaban a nombre del ya exdirector general y el resto dividido entre los otros tres acusados y el fallecido.

Conscientes de sus abusos

Sin embargo, la placidez derivada del colchón económico que los acusados se habían autoconcedido se vio perturbada por la crisis económica y el subsiguiente proceso de reestructuración del sistema financiero español que la misma ocasionó. Esa reestructuración dio lugar a restricciones normativas y endurecimiento de controles administrativos en el sector a partir del año 2009, en particular en materia de remuneración de directivos.

A esta situación se unió la crisis en Caixa Penedès, que se vio obligada a integrarse con otras cajas bajo el nombre del banco Mare Nostrum en 2010, proceso que precisó el apoyo financiero público a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para su culminación. Este convulso entorno generó la "lógica" preocupación de Pagés y su equipo directivo más cercano, “pues todos ellos eran perfectamente conscientes de que se habían atribuido abusivamente derechos económicos no sustentados por sus respectivos contratos de trabajo, derechos que en cuanto afloraran podrían ser por ello cuestionados, máxime cuando la entidad que hasta entonces regían autónomamente iba a integrarse en un ente mayor”.

Para evitar que se conocieran sus artimañas, el principal acusado convocó apresuradamente a la Comisión Ejecutiva de la caja para que aprobaran, de acuerdo con datos falsos y manipulados, una modificación en sus contratos de trabajo de personal de alta dirección de 1996 que, en definitiva, “bendecía la abusiva autoconcesión de derechos económicos” que había tenido lugar en la firma de la póliza de AXA en 2001 y en la modificación de la de Zurich en 2002. Asimismo, se aprobó la reformulación de la retribución variable incorporando una parte importante de la misma al sueldo fijo a partir de entonces.

Blindaje de sus pensiones

Se hizo creer al resto de miembros de la comisión que únicamente se estaban realizando adaptaciones técnicas sin repercusión económica cuando en realidad lo que se estaba haciendo era 'blindar' formalmente los derechos y cantidades de sus pensiones.

A juicio del Ministerio Público, “la jugada era redonda” puesto que los acusados, iban a ser propuestos como miembros del Consejo de Administración del nuevo Grupo Banco Mare Nostrum, puesto que no está retribuido y que exigía que cesaran en sus funciones de directivos, lo que provocaría que pudieran cobrar las pólizas. De ahí que se explique que los acusados se apresuraran, como siempre de forma velada frente a los órganos colegiados de la entidad, a modificar sus contratos de trabajo para que cuando cesaran en sus cargos pudieran reclamar a AXA y Zurich las obligaciones económicas contraídas para cualquier supuesto de cese antes de la jubilación.

Y siguiendo el plan establecido, Pagés causó baja voluntaria de todos sus cargos el 30 de mayo de 2011. “Resulta patente a estas alturas que a los acusados poco o nada les importó la situación económica de la entidad, las recomendaciones europeas y los límites derivados del proceso de integración en curso, el cual había requerido apoyo financiero público a través del FROB”, señala el escrito fiscal.