Nadal enoja a las renovables al deslizar que costearán la ruina de los ciclos combinados

Semana de histeria en el sector eléctrico. La comparecencia de Alberto Nadal este miércoles en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados terminó por disparar todas las alarmas entre eólicos, fotovoltaicos y termosolares, estresados por la posibilidad de que este viernes el Consejo de Ministros trace la segunda parte del plan para reformar el mercado energético. Bastaron unas palabras del nuevo número dos del Ministerio de Industria señalando a las primas como origen del problema del déficit del sistema para que todos los verdes se teman lo peor.

Con vistas al mes de junio, la intención inicial del ministro José Manuel Soria pasa por refinanciar las subvenciones comprometidas a la producción, de manera que el recorte en las primas se compense con una extensión de los años con derecho a cobro. Sin embargo, esta no es la principal cuita que preocupa a los operadores de renovables. Su inquietud tiene que ver con la posibilidad de que el Gobierno pretenda que las tecnologías verdes asuman el coste que representan las bonificaciones especiales de los infrautilizados ciclos combinados, conocidos técnicamente como pagos por capacidad.

En principio, la justificación técnica para que las renovables carguen con el coste de los pagos por capacidad descansa sobre el concepto de que las centrales de ciclo combinado dan firmeza al sistema. Es decir, ejercen como garantes de la cobertura (back-up) en caso de que las energías verdes, que tienen prioridad de acceso a la red, desplazando precisamente al gas, estén improductivas. Por esta doble razón, Industria estudia la opción de que sean las renovables, en este caso las eólicas por ser las que más volumen aportan, quienes sufraguen ese coste que ahora se carga sobre la tarifa.

A finales de 2012, el propio Soria ya destinó un incremento de esta partida hasta los 750 millones, justificando que debido al incremento de la producción de energía renovable no gestionable e intermitente, que se lleva a cabo en detrimento de la producción térmica convencional, aumenta el riesgo de inestabilidad en el sistema. En origen, los pagos por capacidad se instauraron como incentivo para estimular a las compañías para que invirtieran en una tecnología deficitaria con la que operar en los picos de demanda que contribuyera a mantener la estabilidad del sistema. 

En este sentido, no faltan voces que abonen esta medida. El presidente de Enagás, Antonio Llardén, lo hizo el martes al sumarse a la reivindicación a favor de las centrales de ciclo combinado. A un nivel de actividad de sólo el 10%, como recordó Nadal en la Comisión de Industria, el presidente del operador de la red gasista justificó la bondad de que, a medio plazo, en aras de una mayor eficiencia, se tomasen medidas en esta dirección por parte del regulador, lo que permitiría abaratar el coste de la energía y optimizar “uno de los parques de ciclos combinados más eficientes y modernos de Europa”.

Con la incógnita de los pagos por capacidad sin despejar, parece fuera de toda duda que la reforma energética, que obligará también a modificar la ley del sector eléctrico de 1997, se extenderá además a otras actividades como el transporte y la distribución eléctrica. Ambos segmentos fueron ya objeto de un ‘ajuste fino’, casi 800 millones de euros hace ahora apenas un año. Sin embargo, el desequilibrio financiero del sistema eléctrico obliga a una segunda vuelta de tuerca que afectará directamente a Red Eléctrica y a las grandes eléctricas. Todo por acabar con el agujero anual de 4.000 millones.