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El Gobierno desoye a los expertos y rechaza el sistema de capitalización en las pensiones
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APUESTA POR EL ACTUAL MODELO DE REPARTO

El Gobierno desoye a los expertos y rechaza el sistema de capitalización en las pensiones

¿Cuál es el mejor modelo para gestionar las pensiones públicas? El debate es casi tan viejo como la propia Seguridad Social, pero en momentos de crisis

Foto: El Gobierno desoye a los expertos y rechaza el sistema de capitalización en las pensiones
El Gobierno desoye a los expertos y rechaza el sistema de capitalización en las pensiones

¿Cuál es el mejor modelo para gestionar las pensiones públicas? El debate es casi tan viejo como la propia Seguridad Social, pero en momentos de crisis -como sucedió a mediados de los años noventa- vuelve a resurgir la controversia, como el Ave Fénix. Aunque hoy, como ayer, la respuesta del Gobierno (anteriormente el socialista) vuelve a ser la misma: el sistema de reparto no sufrirá modificaciones profundas. No se toca. Seguirá siendo básicamente el mismo.

O lo que es lo mismo, los trabajadores en activo (ya sean ocupados o parados) continuarán pagando las pensiones actuales de quienes trabajaron anteriormente. Y así seguirá haciéndose en el futuro. El Gobierno niega, de esta forma, y de manera tajante, la posibilidad de caminar hacia un sistema de capitalización en el que cada trabajador se pague su propia pensión.

La pervivencia del sistema de reparto ha sido confirmada por el Gobierno en el documento enviado al Pacto de Toledo sobre la revisión del llamado ‘factor de sostenibilidad’, que no es otra cosa que un método automático de análisis de la situación económica y demográfica de la Seguridad Social en cada momento, y que afecta tanto a la edad de jubilación como a la cuantía y los años de cotización. El Ejecutivo niega de forma velada en ese documento la posibilidad de caminar hacia un modelo de capitalización que conserve algunos aspectos del sistema de reparto, como ha reclamado recientemente un grupo de expertos convocados por Unespa, la patronal de seguros.

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En este documento, presentado la semana pasada, los expertos proponen al Gobierno un “gran cambio” respecto del actual modelo, y en concreto plantean la necesidad de caminar hacia un sistema denominado de cuentas ‘nocionales’ -que también parte de un sistema de reparto- que supone pasar de un modelo de ‘prestación definida’ (cada trabajador sabe cuánto va a cobrar en el momento de su jubilación si cumple una serie de requisitos) a un sistema de aportación definida: el trabajador sabe lo que pone mensualmente, pero no lo que recibirá en el futuro, ya que la cantidad dependerá de factores económicos o demográficos. O lo que es lo mismo, “si los sistemas de reparto clásicos tratan a los trabajadores como una colectividad, los sistemas de cuentas nocionales lo tratan en su individualidad", sostiene un informe que pretende estimular un gran debate social sobre cuál es el mejor modelo.

La fórmula de las pensiones

En palabras de los expertos de la patronal de seguros, la pensión de cada cotizante pasa a ser el resultado “simple y directo” de la totalidad de sus cotizaciones dividida por el número de años que se espera viva una vez retirado. El pensionista, por lo tanto, puede reivindicar a la generación que abona su pensión una transferencia de renta idéntica a la que él ha realizado en su momento.

Los expertos de Unespa están presididos por el exministro socialista Juan Manuel Eguiagaray. Y del equipo también forman parte José María Fidalgo (exsecretario general de CCOO), José Luis Leal (expresidente de los banqueros de la AEB), además de Rafael Domenech (BBVA) y el sociólogo Víctor Pérez Díaz. Los dos últimos forman también parte de la comisión de expertos creada por el Gobierno para reformar las pensiones, que tendrá que tener listo su documento antes del próximo 1 de junio.

La intención del Ejecutivo es sacar del debate político el asunto de las pensiones -como pretendía el Pacto de Toledo-, y para ello parece dispuesto a respetar las conclusiones del informe en caso de que haya acuerdo, toda vez que la comisión creada por el Gobierno es una especie de Gobierno de concentración. Hay representantes del propio Ejecutivo, de los sindicatos, de los empresarios, de la banca y de la Universidad.

El llamado ‘factor de sostenibilidad’ pretende mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo. Y con ese objetivo, “se revisarán cada cinco años los parámetros fundamentales del sistema por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027”, dice el Gobierno.

Los expertos que asesoran a la patronal del seguro, por el contrario, sostienen que no se trata de hacer cambios sólo ‘paramétricos’ -la edad de jubilación o el número de años cotizados para tener derecho a una pensión-, sino que hay que caminar hacia un nuevo modelo sostenible en el tiempo. Y en concreto, proponen que “la pensión de cada cotizante pase a ser el resultado, simple y directo, de la totalidad de sus cotizaciones dividida por el número de años que se espera viva una vez retirado”.

La posibilidad de que cada trabajador capitalice su propia pensión –de forma complementaria a la pensión pública- también se incluye en su propuesta. Y en este sentido, se reclama al Gobierno que incentive el ahorro privado en pensiones utilizando un amplio conjunto de incentivos fiscales (subsidios de cuantía fija, contribuciones públicas equivalentes a las aportaciones privadas y las deducciones en el impuesto de la renta, que también incentiven el ahorro de los contribuyentes con rentas por debajo de la media); junto con otras medidas complementarias como son la mejora de la educación financiera y de la accesibilidad a planes privados, o la reducción de los costes administrativos y regulatorios de los fondos de pensiones.

Ninguno de estos puntos aparece en el documento enviado por la ministra Fátima Báñez al Pacto de Toledo, en el que se aborda únicamente el factor de sostenibilidad, que según la legislación actual debería activarse en 2027, que es cuando ha de culminar el calendario de transición hasta que ese año la edad de jubilación alcance los 67 años.

¿Cuál es el mejor modelo para gestionar las pensiones públicas? El debate es casi tan viejo como la propia Seguridad Social, pero en momentos de crisis -como sucedió a mediados de los años noventa- vuelve a resurgir la controversia, como el Ave Fénix. Aunque hoy, como ayer, la respuesta del Gobierno (anteriormente el socialista) vuelve a ser la misma: el sistema de reparto no sufrirá modificaciones profundas. No se toca. Seguirá siendo básicamente el mismo.

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