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España incumplirá la última reforma de la Constitución en déficit y deuda pública
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EL FMI DESCARTA CUMPLIR LOS OBJETIVOS

España incumplirá la última reforma de la Constitución en déficit y deuda pública

La última reforma de la Constitución -la que se refiere al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en 2020- es papel mojado. Al menos, eso es

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España incumplirá la última reforma de la Constitución en déficit y deuda pública

La última reforma de la Constitución -la que se refiere al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en 2020- es papel mojado. Al menos, eso es lo que puede extraerse del reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las cuentas públicas, en el que se da por hecho que España no podrá alcanzar el equilibrio presupuestario en términos estructurales -es decir, al margen del ciclo económico- en esa fecha.

En concreto, sostiene el FMI, el desequilibrio fiscal ajustado al ciclo (según la jerga de la institución) se situará en 2018 en el 5,7% del producto interior bruto (PIB), lo que hace prácticamente imposible lograr ese objetivo. Salvo un milagro. Sobre todo teniendo en cuenta que en 2012 se situó en el 5,1%. Sólo un intenso aumento de la recaudación fiscal y un fuerte descenso de los gastos podría variar este escenario, pero el propio FMI lo descarta. Según los economistas del Fondo, los ingresos públicos representarán un 36,6% del PIB en 2018 (apenas dos años antes de que haya que cumplir el  mandato constitucional), mientras que los gastos supondrán un 42,2%.

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria -aprobada ahora justamente un año- deja bien claro que, de acuerdo con la Constitución, “en 2020 deberán cumplirse los límites establecidos en los artículos 11 y 13 de esta Ley”. ¿Y qué dicen esos artículos? Pues ni más ni menos que “ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales”. Tan sólo en casos de “reformas estructurales con efectos presupuestarios” se permitiría a las distintas administraciones alcanzar un déficit del 0,4% del PIB. En todo caso, la norma habla de “equilibrio estructural”.

No sólo eso. La ley sitúa el límite de deuda de las Administraciones Públicas en el 60% del PIB  fijado por la Unión Europea, “salvo en las mismas circunstancias excepcionales en que se puede presentar déficit estructural”. Y hay que tener en cuenta que, según el FMI, el endeudamiento público se situará en 2018 en el 110,6% del PIB. Es decir, la deuda debería bajarse en 51 puntos del índice en dos años (unos 500.000 millones de euros), algo prácticamente imposible. Lógicamente, siempre que se cumplan las previsiones del Fondo Monetario.

La reforma de la Constitución para incluir estos requisitos tan exigentes fue pactada en pleno mes de agosto y en apenas 24 horas por el anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el actual, Mariano Rajoy. La proposición de reforma de la Constitución fue presentada el 26 de agosto por los grupos socialista y popular y el dos de septiembre, apenas una semana después, el Pleno del Congreso aprobó el cambio constitucional que ahora -con toda probabilidad- es papel mojado. 

Revisión en 2015 y 2018

El desarrollo de esa reforma correspondió al ministro Cristóbal Montoro, quien en la Ley de Estabilidad Presupuestaria incluyó una disposición transitoria que obliga a revisar en 2015 y 2018 las sendas de reducción de la deuda pública y del déficit estructural “para alcanzar en 2020 los límites previstos”. Es decir, equilibrio presupuestario y deuda pública por debajo del umbral del 60% del PIB.

La coyuntura económica, sin embargo, es muy distinta a la que podía imaginar una norma aprobada hace menos de un año. Y baste como ejemplo que en la ley se establece que “a partir del momento en que la economía nacional alcance una tasa de crecimiento real de al menos el 2% anual o genere empleo neto con un crecimiento de al menos el 2%, la ratio de deuda pública se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos porcentuales del producto interior bruto nacional”. Unos objetivos que hoy por hoy nadie espera a corto plazo. Al menos hasta 2015.

Según la metodología del FMI, la reducción del déficit estructural en 2012 representó 2,5 puntos del PIB -pasó del 7,6% al 5,1%-, por debajo de lo que estima el Gobierno. La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás,  aseguró la semana pasada en el Congreso que la disminución del déficit al margen del ciclo económico fue de “alrededor de tres puntos del PIB”. España ha hecho “la reducción de déficit estructural más importante de su historia”, dijo Currás.

La Comisión Europea situó recientemente el déficit estructural en el 6% del PIB -por encima del calculado por el FMI- con una reducción de 1,7 puntos, claramente por debajo de lo que estima el Gobierno español.

La última reforma de la Constitución -la que se refiere al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en 2020- es papel mojado. Al menos, eso es lo que puede extraerse del reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las cuentas públicas, en el que se da por hecho que España no podrá alcanzar el equilibrio presupuestario en términos estructurales -es decir, al margen del ciclo económico- en esa fecha.

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