Las autonomías quieren hincar el diente a los beneficiados por la amnistía fiscal

Los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal tienen un enemigo mayor que los inspectores de Hacienda: los de las comunidades autónomas, que se han lanzado a comprobar si de las declaraciones especiales pueden aflorar bienes ocultos que deberían haberse declarado en los tributos autonómicos de sucesiones y patrimonio. Se trata de una nueva vía para arañar algo más de recaudación con el objeto de aliviar la crítica situación de las arcas de muchas comunidades, y es relativamente sencillo de conseguir, según fuentes conocedoras de la situación.

 

"Lo primero que hizo el ministro Cristóbal Montoro fue compartir la lista de los acogidos a la amnistía con las comunidades autónomas, y eso es un chollo para ellas, como la lista Falciani", asegura una de estas fuentes. "Hay que tener en cuenta que la fiscalidad autonómica grava siempre bienes, no rentas, y la amnistía lo que hacía era aflorar bienes ocultos al fisco. No hay más que coger lo que ha declarado cada uno y comprobar si tributó por sucesiones o patrimonio", añade.

Otra fuente explica que "hay mucha gente que heredó el dinero negro a la muerte de su padre y, si no está prescrito, la pueden pillar por ahí. También hay muchas declaraciones que se han hecho mal. De cualquier forma, por si acaso puede rascar algo, la comunidad autónoma les está llamando a inspección y lo comprueba". En cuanto al impuesto de patrimonio, fue congelado en 2008 -el primer año al que se aplica la amnistía-, pero se 'descongeló' en 2011, y ese año sí está sujeto a inspección.

Acogerse a la amnistía fiscal libera del pago del impuesto sobre la renta y el de sociedades, pero no de los tributos autonómicos. Por eso, para hacer una regularización completa, los defraudadores deberían haber presentado complementarias por los otros impuestos que eran de aplicación a ese patrimonio oculto, como los de sucesiones y patrimonio, o el propio IVA (por ejemplo, cuando se trata de empresarios que han generado su patrimonio con actividades en dinero B).

El propio Montoro fue preguntado en el Congreso por estas complementarias, pero no cuantificó el importe recaudado, lo cual significa que "tiene que ser muy poco", según una de las fuentes. De ahí el interés de las comunidades por hacerse con ese pastel no declarado. Las regiones tienen que cumplir este año un objetivo de déficit del 0,7% del PIB, frente al 1,5% del año pasado. Y en un entorno de caída imparable de los ingresos (los del Estado cayeron el 20,2% en enero, aunque afectados por las famosas devoluciones de 2012), cualquier ayuda es poca para cumplirlo. Según las fuentes consultadas, Andalucía y Cataluña son las comunidades más activas en estas inspecciones por el momento.

El Estado, mucho más laxo

 

En cuanto a posibles inspecciones del Estado, no serán ni tantas ni tan voraces como las de las inspecciones autonómicas. Es cierto que el Gobierno cedió a las presiones de los inspectores a raíz del caso Bárcenas e incluyó la amnistía fiscal en el plan de inspección de la Agencia Tributaria para este año. Sin embargo, esto sólo aparece en el preámbulo y no hay ninguna instrucción concreta para inspeccionarlos. De ahí que los inspectores se teman que al final se inspeccione a muy pocos de los acogidos a la regularización y lo consideren insuficiente.

Concretamente, el plan dice lo siguiente: "En el marco de sus planes de control, la Agencia Tributaria analizará si los contribuyentes que se han acogido a procesos de regularización voluntaria de su situación tributaria, ya sean estos ordinarios o extraordinarios, se han ajustado a la finalidad prevista en la normativa reguladora de dichos procesos. Asimismo, la información obtenida en estos procesos será cedida a las CCAA cuando resulte de interés para la gestión de los tributos respecto de los que sean competentes".

 

Como adelantó El Confidencial en septiembre, la amnistía ha atraído a un elevado patrimonio -los 40.000 millones anunciados por Montoro-, pero ha recaudado muy poco para las arcas de Hacienda: 1.192 millones, apenas el 3% del volumen aflorado. La razón es que el recargo del 10% no se ha aplicado sobre todo el patrimonio regularizado, tal y como se pretendía inicialmente, sino sólo sobre el generado a partir de 2008; el anterior se considera prescrito y no ha tenido que pagar por regularizarse. Por tanto, de esos 40.000 millones hay sólo unos 12.000 no prescritos.