Industria también planea enviar los huertos fotovoltaicos a la Sareb

El Gobierno ultima la enésima reforma eléctrica, con las energías renovables en su punto de mira. Según aseguran fuentes próximas al Ministerio, Industria estudia dar facilidades a los dueños de instalaciones fotovoltaicas que no sean capaces de afrontar sus créditos para que las transfieran a la Sareb, el banco malo creado por el Ejecutivo con el fin de absorber los activos inmobiliarios tóxicos. El sector, que cuenta con más de 50.000 propietarios individuales, sacó adelante los proyectos con un apalancamiento medio del 80% y, con las actuales tasas de retorno, está en manos de las entidades financieras.

El departamento de José Manuel Soria se plantea la opción de un banco malo fotovoltaico para acotar de una vez el exponencial incremento que cada año registran las primas al llamado régimen especial -en esencia las energías renovables-, alentadas por una regulación mal diseñada en época de vacas gordas. Solo este año el desembolso en ayudas alcanzará los 9.100 millones de euros, la mitad de los costes regulados del sector. Para muchos propietarios, asfixiados por los sucesivos recortes a la retribución e incapaces siquiera de devolver los créditos, también puede ser una salida, aunque suponga dar por fracasada la inversión.

“Hay propietarios muy apurados a los que los retornos de la instalación no les permiten siquiera devolver los créditos. De hecho, hay gente con miedo a perder hasta los avales y que daría las llaves de la instalación por un porcentaje de lo que invirtió”, aseguraba recientemente un promotor, expresando el sentir general. Precisamente el principal escollo que afronta el Ministerio de Industria antes de enviar esos activos a la Sareb es encontrar una fórmula jurídica que permita levantar las garantías personales que muchos de esos inversores pusieron ante la banca para lograr la financiación de los huertos.

El Gobierno aprobaba a finales de agosto la creación de un banco malo para absorber los activos nocivos de las entidades financieras. A mediados de octubre le dotaba de nombre. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) nació para la “tenencia, gestión y administración” de inmuebles y crédito promotor transferido por entidades nacionalizadas –BFA-Bankia, Catalunya Bank, Novagalicia Banco-Banco Gallego y Banco de Valencia- o en proceso de reestructuración -BMN, Liberbank, Caja 3 y CEISS-. Su capital está aportado por entidades privadas (55%) y por el FROB (45%). El planteamiento de Industria supondría ampliar su cobertura para el crédito fotovoltaico. 

Al límite de sus fuerzas

Industria tiene sobre la mesa varias opciones. Podría darse el caso de que se diera luz verde al banco malo fotovoltaico en paralelo a otro ajuste de la retribución vía una rebaja de las primas a corto plazo a cambio de incrementar los años de cobro. Un planteamiento que permitiría al Gobierno cubrirse y cumplir en términos de seguridad jurídica, si bien la medida abocaría a gran parte de las instalaciones fotovoltaicas a la Sareb. Y es que los compromisos de los propietarios con los bancos son inminentes, no a largo. Diversos promotores consultados por este diario en las últimas fechas dejan claro que no sus tasas de retorno no aguantarían otra reducción de la retribución. Renunciarían a sus parques si sus avales personales no están en juego.

El último rejón a esta tecnología tuvo lugar en febrero. El Ejecutivo daba luz verde a un decreto ley que restringía la retribución del régimen especial mediante medidas como la no actualización del IPC en las primas, medida que se sumaba al impuesto del 7% para la generación de electricidad acordado a finales de año y aplicable a toda la producción. Sin contar con que las instalaciones fotovoltaicas soportan desde el año 2011 un tope de horas con derecho a primas, lo que ha recortado de forma drástica la retribución que tenían reconocida por ley. Todo en el marco de una deriva de parches a un sector que acumula una brecha entre ingresos y gastos –el denominado déficit de tarifa- que apunta a los 30.000 millones de euros.

Eso sí, como publicó El Confidencial, la reforma que prepara Nadal es integral y no sólo estrecha el cerco a las renovables. Industria también estudia atajar la subvención multimillonaria que recibe el carbón nacional y dar un nuevo viaje a la retribución del transporte y distribución. Tampoco las eléctricas se irán sin de rositas. Por ejemplo, Endesa está a punto de perder su secular monopolio en las islas, en una decisión que ha hecho tentarse la ropa también a Iberdrola por lo que pueda pasar después en la península. En esta línea, el Gobierno se plantea rebajar la Tarifa Último Recurso (TUR) –que afecta a 20 millones de hogares- de 10 a 5 kilovatios de potencia. El objetivo es asegurar un precio político solo para los llamados clientes vulnerables; el resto tendrá que vérselas con las comercializadoras.