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Fabricantes y distribución pugnan por torcer la polémica ley alimentaria de Cañete
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PRESENCIA GARANTIZADA EN LOS LINEALES

Fabricantes y distribución pugnan por torcer la polémica ley alimentaria de Cañete

Pulso a muerte entre los agentes de la cadena agroalimentaria para introducir cambios en el anteproyecto de Ley para la Mejora de la Cadena Alimentaria. Tras

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Fabricantes y distribución pugnan por torcer la polémica ley alimentaria de Cañete

Pulso a muerte entre los agentes de la cadena agroalimentaria para introducir cambios en el anteproyecto de Ley para la Mejora de la Cadena Alimentaria. Tras varias semanas cociéndose en el Congreso, el texto impulsado por el ministro Miguel Arias Cañete para modificar la relación de poderes que rige el sector agroalimentario enfila su recta final. Llega el momento de que la posición de las últimas comas y la selección apropiada de algunos términos marque de manera definitiva el nuevo marco jurídico que delimitará las reglas de juego entre productores, fabricantes y distribución.

Además del régimen sancionador que se ha concedido el propio Ministerio de Agricultura, a pesar de la opinión contraria de Competencia (CNC) y del malestar del Ministerio de Economía y de la secretaría de Estado de Comercio, una "herencia envenenada" que puede derivar en una fragmentación administrativa por comunidades autónomas, queda por decidirse un espinoso aspecto que enfrenta de manera directa a fabricantes de marca propia, capitaneados por las grandes multinacionales de la alimentación, y a los grandes de la distribución que operan con marca blanca.

La cuestión crucial que puede dirimirse estos días pasa por la posibilidad de que los distribuidores tengan que ofrecer a los fabricantes un espacio garantizado para sus productos. El ambiguo texto original del anteproyecto hace referencia a la obligación de los distribuidores a "gestionar las marcas de productos alimentarios que ofrezcan al consumidor, tanto las propias como de otros operadores, evitando prácticas contrarias a la libre competencia", es decir, algo aproximado al deseo de los fabricantes de contar por ley con un espacio comercial garantizado en los lineales de los supermercados.

El impreciso apunte incluido en el anteproyecto, un simple guiño para algunos, un dardo envenenado para otros, forma parte del nudo gordiano que enfrenta a los principales fabricantes y a la gran distribución, más allá del régimen sancionador que contempla la nueva ley, con multas de entre 3.000 euros y un millón a cualquier eslabón de la cadena alimentaria que cometa prácticas abusivas, además de que sea obligatorio la formalización por escrito las transacciones cuyo precio supere los 2.500 euros. Está en juego saber quién decide qué se tiene que vender en los pasillos de cada gran superficie.

Desde que el pasado 8 de febrero se aprobó el anteproyecto, las idas y venidas de los distintos lobbies han sido vertiginosas. Además de las sesiones informativas ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, los actores en juego han desplegado todo su arsenal, en unos casos para jugar a la ofensiva, como ocurre con los fabricantes representados por Promarca, y en otros para mantenerse a la defensiva, como interpretan las patronales ANGED, ASEDAS y ACES. Sin embargo, el monopolio de los populares en la bancada ha reducido el margen de maniobra y la posibilidad de actuar a través de otros partidos.

Arias Cañete está decidido a hacer de la controvertida Ley de la Cadena Alimentaria su gran obra al frente de Agricultura un año y medio después de llegar al cargo. Desarrollada para eliminar la posible prácticas abusivas existentes entre los operadores, la realidad es que la hegemonía comercial alcanzada por la marca blanca de los distribuidores ha tensionado a buena parte de los fabricantes y productores, que han acudido al legislador para que limite en la manera de lo posible el impacto negativo que el nuevo actor dominante ha provocado para la viabilidad de su modelo empresarial.

De momento, superado el posible veto de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el grueso de medidas presentadas por Cañete ante el consejo de ministros con su anteproyecto de ley ha servido para que el ministro de Agricultura reciba el apoyo unánime de agricultores y fabricantes a través de los sindicatos agrarios ASAJA, UPA, COAG y la patronal FIAB (Industrias de la Alimentación y Bebida). Sin embargo, queda por despejar la principal incógnita, la que afecta a la posible obligatoriedad sobre la distribución para que garanticen un espacio comercial a los productos de los grandes fabricantes.

Pulso a muerte entre los agentes de la cadena agroalimentaria para introducir cambios en el anteproyecto de Ley para la Mejora de la Cadena Alimentaria. Tras varias semanas cociéndose en el Congreso, el texto impulsado por el ministro Miguel Arias Cañete para modificar la relación de poderes que rige el sector agroalimentario enfila su recta final. Llega el momento de que la posición de las últimas comas y la selección apropiada de algunos términos marque de manera definitiva el nuevo marco jurídico que delimitará las reglas de juego entre productores, fabricantes y distribución.

Miguel Arias Cañete