POR COMPUTAR LOS CRÉDITOS FISCALES

La banca española evita más ampliaciones de capital por un nuevo favor de Bruselas

Bruselas va a hacer otro favor a la banca europea en general y a la española en particular: va a alargar de cinco a 10 años

Foto: La banca española evita más ampliaciones de capital por un nuevo favor de Bruselas
La banca española evita más ampliaciones de capital por un nuevo favor de Bruselas
Bruselas va a hacer otro favor a la banca europea en general y a la española en particular: va a alargar de cinco a 10 años el plazo para que las entidades dejen de computar como capital los créditos fiscales que tienen en balance. Esto es muy importante para la banca española, que acumula enormes activos fiscales por las provisiones de los llamados decretos De Guindos y las fusiones con entidades con grandes pérdidas. Los bancos con más peso de estos activos en su capital son Sabadell, Popular, CaixaBank y Santander. Esta ayuda de la UE les permitirá no ampliar capital en el mercado, pero también puede evitar una mayor restricción del crédito.

Las normas de Basilea III establecen que los activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) se restarán del core capital de las entidades si superan el 10% del mismo, y concede un período transitorio de cinco años para eliminarlos. Ahora, la Comisión Europea pretende ampliar ese plazo a 10 años, según informa la agencia Bloomberg, lo que dará más tiempo a las entidades para gastar esos créditos antes de que se deduzcan de los fondos propios y para generar capital orgánicamente con sus beneficios.

Los DTA son derechos frente a Hacienda que se generan por incurrir en pérdidas deducibles (bases imponibles negativas) o por gastos no deducibles, como las provisiones genéricas, que están dotando unas pérdidas que no son reales hasta que se producen; por ello, Hacienda no se las devuelve sino que se guardan ese derecho para el futuro. Estas últimas tienen que pasar a ser deducibles con el tiempo para poder aplicarse en el Impuesto de Sociedades.

La banca española tiene el balance repleto de estos activos: 47.000 millones sólo en las entidades cotizadas. Esto se debe principalmente a las provisiones de la exposición al ladrillo exigidas el año pasado por el Gobierno -y que han provocado pérdidas generalizadas de los negocios en España-. Asimismo, los bancos que se han fusionado con entidades más débiles que han sufrido fuertes pérdidas también han generado estos créditos: Sabadell con CAM, CaixaBank con Banca Cívica o Popular con Pastor. 

Por eso, Sabadell es la entidad con un mayor impacto de los DTA en su capital: más de 5 puntos -correspondientes a 4.800 millones-, casi la mitad del 10,4% en que se sitúa su core capital al cierre de 2012. Una cifra que Morgan Stanley duda que pueda aplicarse contra los impuestos sobre sus beneficios futuros (tiene 18 años para hacerlo). Este crédito proviene de la inyección de capital recibida del FROB para la compra de la CAM, que se ha utilizado para sanear los activos tóxicos de la entidad alicantina. Para sustituirlo, KBW estima que el banco catalán puede generar 1,2 puntos porcentuales de capital al año gracias a las sinergias de la integración de la CAM.

Por detrás aparecen Popular, con 2,40 puntos de capital en activos fiscales, CaixaBank con 2,20 y Santander con 2. En cifras absolutas, el banco que preside Emilio Botín es el que más tiene, unos 17.000 millones. A juicio de Morgan Stanley, ni Santander ni BBVA (1,05 puntos de capital) deben tener ningún problema para aplicarse estos créditos en cinco años, dado su nivel de beneficios. Pero no así la entidad que preside Isidre Fainé, que será la más beneficiada de la ampliación del plazo a 10 años porque así podrá gastar todos esos créditos y no se los tendrá que deducir. Bankia también tiene unos 8.000 millones de DTA cuya capacidad para compensar con beneficios es más que dudosa (el impacto en el capital dependerá de los procesos de recapitalización en marcha).

Analistas frente a bancos

Esta ampliación del plazo ha soliviantado a algunos analistas y gestores, que consideran que "se está dando una ayuda más a la banca para evitar que tenga que captar capital de verdad en los mercados y diluir a sus accionistas", en palabras de uno de ellos. Así, si la deducción de los DTA entrara en vigor de inmediato, prácticamente todos los bancos españoles tendrían que ampliar capital para alcanzar los niveles mínimos legales, y algunos lo tendrían muy difícil como Popular, después de captar 2.500 millones en el mercado a finales del año pasado. 

Por el contrario, las entidades consideran que el aplazamiento es muy razonable porque "los bancos buenos han cargado con la losa de haber ayudado al sistema a salir de la quiebra con la adquisición de entidades en pérdidas, y es justo que puedan tener una compensación con los créditos fiscales que eso les ha generado", explica una. Por otro lado, endurecer los requisitos de capital con la deducción de estos activos implicará una restricción todavía mayor del crédito, que podrá evitarse con este plazo de 10 años. Asimismo, debilitar el capital de las entidades europeas en general las hace más vulnerables a ser adquiridas por bancos de otros continentes.

España pretende ir más lejos

Las cosas pueden llegar más lejos. Según algunas de las fuentes, el Gobierno español está pensando en flexibilizar más el tratamiento de los DTA permitiendo su transformación directa en créditos fiscales sin tener que generar beneficios en el futuro con los que compensarlos; es decir, se transformarán en una promesa de que el Gobierno acabará pagando esos importes en cualquier circunstancia. Es algo que ya se ha hecho en otros países como Italia, y con ello los bancos españoles quedarían en las mismas condiciones que sus competidores.

Un anticipo de esta medida se vio en la subasta fallida de CatalunyaCaixa. Allí, el FROB garantizó a las entidades pujantes que se mantendría la deducibilidad de los 1.600 millones de bases imponibles negativas pasara lo que pasara: aunque la entidad adquiriente diera pérdidas en el futuro, aunque el auditor de turno o Bruselas estimase que esa cantidad es excesiva en relación a los beneficios futuros y que no iba a poderse compensar en los 18 años, aunque la entidad resultante entrase en otra operación corporativa, etc.
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