PARA COMPRAR 4.500 CASAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

Morgan Stanley y Blackstone compiten por ser los caseros 'low cost' de Madrid

Pulso por convertirse en el nuevo mayor casero de la capital. Las viviendas de protección oficial (VPO) que gestionan el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid

Foto: Morgan Stanley y Blackstone compiten por ser los caseros 'low cost' de Madrid
Morgan Stanley y Blackstone compiten por ser los caseros 'low cost' de Madrid

Pulso por convertirse en el nuevo mayor casero de la capital. Las viviendas de protección oficial (VPO) que gestionan el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid a través de la EMVS y el IVIMA, respectivamente, pueden cambiar de manos en breve. Los fondos inmobiliarios de dos gigantes de la inversión, las firmas estadounidenses Morgan Stanley y Blackstone, compiten a brazo partido por hacerse con la cartera de 4.500 viviendas en venta de ambas Administraciones madrileñas, interesadas en hacer caja y, sobre todo, en deshacerse de la estructura de costes que supone su administración.

Tras un primer intento fallido, a finales de febrero el consistorio regido por Ana Botella recibió las ofertas de ambos fondos para comprar las 1.500 viviendas que se reparten entre los 18 edificios de VPO gestionados por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Como ya adelantó este diario, el proceso se ha realizado sin concurso público al no tratarse de bienes patrimoniales, de manera que aunque la operación llegue a los 150 millones de euros, los fondos desembolsarán entre 30-40 millones, pues el resto del importe forma parte de la subrogación de la carga financiera que tienen los pisos.

En el caso de Madrid, la EMVS es el brazo encargado de promover desde hace más de 30 años el acceso a la vivienda de los sectores con mayores dificultades, además de conceder ayudas para la rehabilitación y favorecer los realojos sociales. Al cierre de 2012, el consistorio gobernado por Ana Botella tuteló un total de 17.000 viviendas en alquiler, a un precio medio de 685 euros. De acuerdo con las condiciones contractuales, antes de que se formalice la transacción, los inquilinos pueden ejercer el derecho preferente para comprar la vivienda que disfrutan en régimen de alquiler social.

A pesar de la poca publicidad del concurso, los planes de la alcaldesa madrileña se conocen desde el pasado mes de diciembre. Desde entonces, el PSOE ha hecho causa política de esta situación al hacerse eco de las quejas de los vecinos afectados. A pesar de la opción preferente de compra, los inquilinos 'tocados' por los planes de Botella alegan que los precios ofrecidos por la EMVS, que oscilan entre 100.00 y 220.000 euros, representan cantidades inasumibles para contribuyentes que han tenido que recurrir a un programa de ayudas sociales para tener acceso a la vivienda. 

Liberar recursos financieros

Al igual que el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una operación similar. El consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, el popular Pablo Cavero, ha encargado un cuaderno de venta para desprenderse de un lote de 3.000 viviendas gestionadas por el Instituto de la Vivienda (IVIMA), organismo dirigido por Juan Van-Halen, que maneja un parque de 23.000 alquileres sociales. La operación permitirá generar ingresos que alivien las arcas regionales, que el pasado enero emitieron 2.270 millones en bonos a cinco años para sus necesidades de caja del año. 

En este caso, el proceso entrará en marcha después de que concluya el plazo ofrecido para que los inquilinos interesados en pasar a ser propietarios afronten la compra de sus viviendas. En este sentido, según los datos del IVIMA, se han ofrecido un total de 9.155 viviendas para las que "se firmó un convenio con entidades financieras para que ofreciesen condiciones ventajosas a los posibles compradores". Aunque el plazo expiró el 31 de diciembre de 2012, la disposición mostrada por más de 2.300 familias que no materializaron la compra a tiempo ha provocado una prórroga hasta el mes de junio.

Estas dos operaciones demuestran cómo las Administraciones Públicas siguen interesadas en liberar recursos mediante la venta de activos inmobiliarios y cómo los inversores oportunistas siguen queriendo hacerse con activos en renta después de que el FROB se haya quedado con la mayoría del 'ladrillo' de los bancos y cajas. Durante meses, el formato más habitual fue la venta y posterior alquiler (sale & lease back) de edificios en uso, aunque operaciones como las de Cataluña y Andalucía no se ejecutaron por el riesgo de impago y las dudas sobre el euro. Ahora el dinero busca otros perfiles.

Economía
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