La Agencia Tributaria reclama 7 millones a los Carulla por presunto fraude fiscal

La Agencia Tributaria ha elaborado un informe definitivo en el que cifra en 7 millones de euros la reclamación fiscal a los hermanos Carulla como consejeros y accionistas del grupo Agrolimen, según fuentes judiciales conocedoras del caso.

Esta cifra incluye la deuda tributaria, la sanción y los intereses. El grueso de la cuantía corresponde a la retención previa no realizada en las declaraciones de IRPF por un supuesto dividendo percibido y que supone el 21% de la cantidad de la que, en teoría, se beneficiaron los acusados.

El reparto no es proporcional para los seis hermanos: Lluís, Maria, Montserrat, Artur, Aurelia y Jordi Carulla, y es a este último hermano a quien más le reclama la Agencia Tributaria. Este informe es el definitivo y se entregó hace un mes. Precisamente, que el juez titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona, Miquel Porras, dictase que no había delito antes de recibir este dictamen  resultó  determinante para que la Audiencia de Barcelona ordenase reabrir el caso.

El informe se centra en el presunto fraude fiscal que llevaron a cabo los Carulla cuando decidieron repartirse los fondos que provenían de Arbora, el fabricante de productos de higiene íntima que tenían al 50% Agrolimen y la multinacional estadounidense Procter & Gamble. El año pasado los americanos compraron su parte a la familia catalana.

Arbora era una máquina de hacer dinero. La ganancias se acumulaban en la firma Arbor Invest, donde los Carulla llegaron a cargar a reservas 61 millones de euros. Pero en un momento determinado la familia Carulla decidió legítimamente repartir las ganancias. La Fiscalía y Hacienda entienden que estos fondos de la sociedad Arbor Invest acabaron en manos de unas sociedades supuestamente instrumentales, con sede en Holanda, gracias a una operación de compraventa de acciones que les sirvió para eludir el pago de impuestos en España. Esta compra permitió a los Carulla evitar que la operación tributase en España, algo que hubiera sido obligatorio si se hubiera abonado un dividendo extraordinario.

Los Carulla alegan lo contrario. En sus declaraciones, los miembros de la familia  justificaron esa compra de acciones por parte de la sociedad holandesa como una reinversión en el grupo Agrolimen de la liquidez obtenida, dado que su mercado de actividades es más amplio que el de Arbor Invest.

Residencia o domicilio

En el informe de la Agencia Tributaria también se hace una disquisición legal entre residencia y domicilio. Se acepta que Jordi Carulla, como siempre ha defendido este empresario, tiene domicilio en Londres. Pero se considera que la residencia como concepto legal no siempre depende del domicilio: sino de otros factores como la fiscalidad, dónde está centrada la actividad económica o la nacionalidad. En este sentido entiende que la actividad económica y la nacionalidad era española, y que Jordi Carulla sólo pagaba una parte de sus impuestos, y no la más significativa, en Gran Bretaña.

En todo caso, desde la Fiscalía se relativiza la importancia del tema de la residencia de Jordi Carulla, que se ha convertido en una obsesión de la Agencia Tributaria. Se considera que la clave es demostrar el delito fiscal.

El gran perjudicado

El gran perjudicado por todo este proceso es Artur Carulla, presidente de Agrolimen. De hecho el escándalo hizo que en su momento Artur Carulla no pudiese optar a la presidencia del Círculo de Economía, pese a ser uno de sus vicepresidentes.

Artur Carulla sucedió a su hermano, Lluís Carulla, como presidente del grupo Agrolimen. Jordi Carulla, en cambio, nunca ha asumido la máxima responsabilidad del holding inversor catalán, que suma unas ventas conjunta de más de 1.000 millones de euros. Por su parte, las hermanas Carulla, nunca han tenido responsabilidad directa en la gestión de Agrolimen.

Se espera que en breve, durante este mes  el juez Miquel Porras dicte un auto de transformación a procedimiento abreviado tras lo cual se podrá fijar una fecha para el juicio.