El ‘gran ajuste’ ha llegado: el consumo público retrocede a niveles de 2007

El gran ajuste ha llegado. En 2012, por primera vez desde que estallara la crisis, el gasto en consumo final de las administraciones públicas ha sufrido un drástico recorte. En concreto, ha bajado hasta situarse en 211.382 millones de euros. Es decir, el nivel más bajo desde el año 2007.

Esto significa un recorte de nada menos que de 11.339 millones en un solo ejercicio. Nunca, desde que existen series históricas, se había producido un ajuste de tal magnitud en el gasto público. Y para hacer una idea de su significado económico hay que tener en cuenta que en 2011 -en época del anterior Gobierno de Zapatero y en medio de una crisis fiscal de enorme importancia- el ajuste presupuestario fue de apenas 1.790 millones de euros respecto del año anterior. Algo que explica que en 2011 apenas se avanzara en la senda de reducción del déficit público.  El año se cerró con un desequilibrio equivalente al 9,4% del PIB. 

Para estimar el impacto de esta variable sobre la economía española hay que tener en cuenta que al comenzar el siglo, en el año 2000, el gasto en consumo final de las administraciones públicas apenas ascendía a 107.951 millones. Es decir, hace sólo una docena de años, el gasto público era la mitad que ahora. No es de extrañar que entre el año 2001 y el 2007, siempre creciera anualmente por encima del 8%.

Desplome de la inversión

Las cifras sobre el consumo público no incluyen las inversiones en capital fijo, sino solamente las transferencias, lo que significa que el ajuste fiscal ha sido, en realidad, mucho mayor. La inversión pública representó el año 2011 -todavía no existen datos del año pasado- un 2,9% del PIB, con un descenso de nada menos que 1,2 puntos de PIB. Y esa tendencia a la baja se ha mantenido en 2012, pero con mucha mayor intensidad. De hecho, entre 2007 y 2012 la inversión, tanto pública como privada, se ha desplomado en una increíble cifra de 120.000 millones de euros. O lo que es lo mismo, ha pasado de representar más del 30% del PIB, nivel de un país en vías de desarrollo al calor del boom del ladrillo, a un 19%. Lo nunca visto en la Unión Europea en apenas un quinquenio. 

¿Y quién ha hecho el ajuste? Pues, en particular, y en contra de lo que suele creerse, las comunidades autónomas, lo que es coherente con el hecho de que representan más del 60% del consumo privado. Lógicamente, derivado de que sus competencias incluyen partidas como la sanidad y la educación. No hay que olvidar que, según el Instituto Nacional de Estadística, prácticamente la cuarta parte del consumo público se destina a la salud, mientras que otro 21,2% va a financiar el sistema educativo. Por debajo, pero todavía con un peso importante, se encuentra la partida dedicada a garantizar el orden público y la seguridad (9,4% del total), ligeramente por encima del 9,1% que se gasta en servicios públicos de carácter general (administración y burocracia).

Como consecuencia de ello, el consumo público representa alrededor de la tercera parte del gasto de las familias, que en 2012 ascendió, según la Contabilidad Nacional, a 612.666 millones, lo que supone un descenso del 2,2% en términos de volumen.