IAG se escuda en Almunia para renegar del arbitraje de Ana Pastor en Iberia

El consejo de administración de International Airlines Group (IAG) se reunió este miércoles en Madrid para analizar el grado de avance de las negociaciones en Iberia y ratificar la ‘línea dura’ con los sindicatos y también frente al Gobierno. Los máximos responsables del grupo surgido de la fusión con Britsh Airways han recibido con alborozo los rumores que apuntan a un espaldarazo inesperado del comisario europeo, Joaquín Almunia, quien habría amenazado con sancionar a España si el Ministerio de Fomento cae en la tentación de abordar un arbitraje forzoso para resolver el conflicto de Iberia.

La convocatoria del máximo órgano de gobierno de IAG, previa a la presentación de los resultados prevista para mañana, sirvió también para que José Pedro Pérez-Llorca, consejero nombrado en su día a instancias del entonces vicepresidente económico Rodrigo Rato, justificara su sorprendente dimisión como presidente de la comisión de auditoría. El que fuera padre de la Constitución de 1978 y ministro con Adolfo Suárez, apeló a problemas de agenda y falta de tiempo para atender su tarea como responsable directo en los trabajos de certificación de los estados financieros del grupo.

Pérez-LLorca, que llegó a la cita con cierto retraso sobre la hora prevista, seguirá ocupando un sillón en el consejo de administración del grupo, algo que fue aceptado por el resto del consejo con cierta flema británica. Los consejeros representantes de British no terminan de entender los motivos personales que aconsejan el abandono de la comisión de auditoría sin renunciar al puesto de administrador en la compañía.

La reunión del consejo de IAG contó con dos bajas muy destacadas. El exsecretario del Tesoro estadounidense, John Snow, que excusó su asistencia por motivos profesionales, al igual que César Alierta, quien tenía convocado su propio consejo de administración de Telefónica. Ambos consejeros han tenido una participación muy directa en todos los debates corporativos que la multinacional hispano-británica está llevando a cabo sobre el futuro de Iberia.

El consejero delegado de IAG, Willie Walsh, aprovechó la celebración del consejo para informar del papel que la Comisión Europea ha decidido emprender sobre el futuro de Iberia y que se resume en la supuesta intención del responsable comunitario de Competencia, Joaquín Almunia, de evitar cualquier intromisión del Gobierno española en el conflicto. El comisario español introduciría así una china en el zapato de la ministra Ana Pastor, que ha señalado su intención de proceder a un arbitraje si finalmente se demuestra a imposibilidad de cerrar un acuerdo con los sindicatos.

La designación de un mediador, como es el catedrático Gregorio Tudela, forma parte del guión de un proceso en el que la Unión Europea no tiene nada que decir. A fin de cuentas, el nombramiento del citado hombre bueno ha sido oficialmente acordado de común acuerdo entre la dirección de la aerolínea y los sindicatos. Bruselas entiende, sin embargo, que esta intercesión representa el paso previo para luego llevar a cabo una intervención oficial a partir de un laudo de obligado cumplimiento, tal y como sucedió en el conflicto del Sepla sobre Iberia Express. En aquella ocasión, la mediación de Manuel Pimentel dio paso después al arbitraje de Jaime Montalvo, que sería recurrido por la dirección de la aerolínea.

La Comisión Europea no parece muy favorable a que se repita la jugada y hasta podría aplicar fuertes sanciones económicas a España si el Gobierno toma cartas en un asunto que, según la doctrina comunitaria, forma parte del ámbito de una empresa privada. Para IAG, la irrupción de Bruselas constituye un aval político de gran valor a la hora de reafirmar la posición negociadora con los sindicatos, algo que ahora obliga a la dirección española de Iberia, encabezada por Rafael Sánchez-Lozano, a echar el resto en defensa de la ‘línea dura’ impuesta por Walsh.