Soria 'enchufa' 265 millones más de ayudas a la gran industria mientras recorta a las renovables

José Manuel Soria y Alberto Núñez Feijóo comprometieron su palabra en la campaña de las últimas elecciones gallegas. Y cumplirla no saldrá barato. Según prevé el Ministerio de Industria en la última orden de tarifas, la gran industria recibirá este año bonificaciones por valor de 748,9 millones de euros, 265 millones más que en 2012. Se trata de fondos que las Alcoa, Arcelor o Azsa reciben por el servicio de interrumpibilidad, mecanismo que permite cortarles el suministro eléctrico en caso de necesidad para el sistema. La paradoja es que España tiene un exceso de potencia instalada con la demanda en claro retroceso, lo que convierte la figura en mera retórica. Por ejemplo, los ciclos combinados no operan ni al 30%.

“Es el efecto Alcoa”, lamentan fuentes del sector. Corría el mes de octubre y el ministro de Industria entraba en la campaña electoral gallega para asegurar que el 1 de enero de 2013 estaría operativo un sistema que garantizaría la competitividad de las plantas que la empresa estadounidense Alcoa mantiene en España, dos de ellas en Galicia. “Al menos en lo que afecta a los costes de energía eléctrica”, remataba el político canario tras reunirse con responsables de la compañía y del Comité de Empresa en una visita a las instalaciones de la firma en San Cibrao, en Cervo (Lugo). Todo con el fin declarado de evitar la deslocalización de la compañía y la pérdida de empleos tras la subida de los precios de la energía.

En esta línea se movía también el presidente de la Xunta, que llegó a asegurar en esas fechas que el Ejecutivo autonómico se encontraba “detrás de cada uno de los puestos de trabajo” que genera Alcoa en la región. Tras la visita de Soria, Feijóo no tardó en verse con los trabajadores del gigante del aluminio para aprovechar la medida en ciernes. "Alcoa no sólo no va a cerrar, sino que va a tener el mismo precio de energía. Esa orden está firmada por el ministro de Industria", presumía durante un mitin. Semanas después, Alcoa España se congratulaba de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden del Ministerio que regulaba la interrumpibilidad para las empresas consideradas como grandes consumidoras de energía.

En efecto, el BOE del 29 de diciembre de 2012 regulaba el servicio de interrumpibilidad para “asignar una mayor retribución a aquellos consumidores que aportan un mayor volumen de energía al sistema en cada instante y que actualmente, por sus características de funcionamiento, no ven retribuida la potencia puesta a disposición del sistema”. El Ministerio justificaba la medida apuntando al mayor peso de las renovables y la incertidumbre que aportan al modelo. “[El] incremento de la producción de energía renovable no gestionable e intermitente se lleva a cabo en detrimento de la producción térmica convencional, lo que aumenta el riesgo de inestabilidad en el sistema”, rezaba el documento. El nuevo mecanismo de cálculo se traducirá en 265 millones más: de 484 a 748,9.

Equilibrar el sistema

El incremento de los pagos a la gran industria constituye un episodio más en la serie de malabarismos –unas veces motivados por razones técnicas, pero las más veces por cuestiones políticas- que el Gobierno popular viene escenificando para cuadrar las cifras del sector eléctrico y atajar el denominado déficit de tarifa, con beneficiados y perjudicados para tapar un agujero que apunta ya a los 30.000 millones de euros. De hecho, resulta paradójico que al tiempo que se aumenta la compensación a los Alcoa o Arcelor, el Ministerio de Industria anunciara la semana pasada la remisión al Consejo de Estado de un proyecto de ley por el que solicita un crédito extraordinario de 2.200 millones “para hacer frente a los posibles desfases” entre ingresos y gastos del sistema.

A la vez, el Gobierno daba luz verde a un decreto ley que atacaba a la línea de flotación de las energías renovables, a las que limitaba su retribución para conseguir un ahorro de entre 600 y 800 millones de euros, unas estrecheces que apenas tocaban a las eléctricas en esta última batería de medidas. No en vano, el Ministerio prevé en la citada orden de tarifas un incremento de los costes de distribución en 2013 de hasta 556,72 millones, una inyección de fondos en vena de las Endesa o Iberdrola. Y es que, además de los 306,72 millones reconocidos por la entrada en operación de nuevos activos, el departamento de José Manuel Soria consigna una partida de 250 millones para cubrir un plan de incentivos a la calidad del servicios. Eléctricas ganan, renovables pierden.

Según el cierre previsto para 2012, el déficit de tarifa en el pasado año alcanzó los 3.601,1 millones de euros. Y el Ministerio apunta directamente a las renovables. “Es necesario destacar que las partidas que han tenido valores superiores a los esperados han sido las relativas a primas del régimen especial que, de acuerdo con el informe de octubre de 2012 de la Comisión Nacional de la Energía, se espera que asciendan a 8.444 millones de euros”, subraya la orden de tarifas. Ya lo dijo Soria: “El Gobierno adopta las medidas que considera necesarias para el interés general y, si puede, para el interés particular. Pero en estos momentos el interés general es que no se repercuta a los precios finales el incremento de costes”.