Salgado renunció a limitar los depósitos para no vulnerar la competencia

El Gobierno socialista estuvo a punto de adoptar una limitación a la remuneración de los depósitos similar a la impuesta ahora por el Banco de España, pero la descartó porque supondría una práctica restrictiva de la competencia, precisamente lo que va a investigar en el caso actual la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), según se anunció la semana pasada. Este organismo está dispuesto a abrir un expediente sancionador al Banco de España, algo sin precedentes con una institución pública, si confirma su responsabilidad en la rebaja generalizada de los intereses de estos productos.

"El Gobierno socialista estudió una medida parecida a la que ha adoptado ahora Linde, pero se desestimó porque iba contra la competencia y se asumió casi de facto que la CNC abriría un expediente por la concertación que supondría en el sector", explican fuentes del anterior Ejecutivo. De ahí que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, optara por una fórmula diferente: en vez de imponer mayores exigencias de capital como en estos momentos, castigó a los que dieran extratipos con una mayor aportación al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Además, dejó fuera los bonos y pagarés, lo que permitía a las entidades ofrecer alternativas a sus clientes, cosa que ahora no ocurre.

"Se discutió mucho y se decidió que, si una entidad estaba pagando de más, estaba introduciendo más riesgo en el sistema, que se mutualizaba en el FGD; por tanto, lo lógico era que esas entidades que incrementaban el riesgo aportaran más al FGD, era una especie de prima de seguro", añaden las fuentes citadas. Ahora, en cambio, el Banco de España impondrá unos mayores requisitos de capital sobre el 9% que establece la ley a las entidades que superen los nuevos topes de rentabilidad. La llamada 'ley Salgado' fue derogada en septiembre por el Gobierno del PP, ya que estaba provocando un trasvase de dinero de los depósitos hacia productos sin cobertura del FGD. 

 

Esta presunción de que una norma así vulnera la competencia es lo que ha llevado a Joaquín García Bernaldo de Quirós, presidente de la CNC, a solicitar información a las entidades y al Banco de España sobre la nueva limitación. Y está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, incluso a la apertura de un expediente sancionador al propio supervisor bancario, según fuentes cercanas al organismo. Este particular nunca ha ocurrido, porque la CNC sólo suele imponer sanciones a las empresas implicadas en prácticas anticompetitivas, mientras que dirige informes no vinculantes a las instituciones públicas cuando detecta políticas que imponen barreras a la competencia.

Según estas fuentes, el tipo de medida dependerá de si se trata de una normativa del Banco de España en el ejercicio de sus funciones, en cuyo caso la CNC no puede anularla y sólo podría emitir un informe, o si se trata de un acuerdo entre competidores con el beneplácito del Banco de España, en cuyo caso sí incoaría expediente para las entidades y para el supervisor.

El BdE, en tierra de nadie

Ahora bien, como ha explicado El Confidencial, no se trata de ninguna de las dos cosas, sino de una instrucción informal -transmitida por teléfono, email o en encuentros personales- por el Banco de España a las entidades. De hecho, desde el supervisor se niega que se vaya a plasmar en una circular (precisamente, algunos expertos entienden que lo hace así para no exceder las competencias del BdE al determinar los tipos de interés de mercado). De ahí que algunos expertos duden sobre la consistencia de un posible expediente sancionador.

Andrew Ward, socio de Cuatrecasas experto en competencia, considera que abrir expediente al BdE no tiene sentido porque no es una asociación empresarial que sugiere a sus miembros que pacten los precios, sino una autoridad pública que impone una obligación, aunque esta sea del agrado de sus supervisados. Además, sostiene que el tope a los depósitos, aunque tiene efectos anticompetitivos, no se justifica por razones de competencia, sino de otro tipo: evitar que más bancos vean amenazada su solvencia. Así, AFI considera que la medida supondrá una caída del coste del pasivo de 1.400 millones, un 4,6% del margen del sector.

Esta situación no cae dentro de los tres supuestos que debe perseguir la CNC: acuerdos entre empresas, abuso de posición dominante y competencia desleal. Este abogado recuerda que ha habido casos anteriores en que estaba involucrado un organismo público y no se le abrió expediente. Uno de ellos fue el pacto de precios de los productores de mosto y vino de Jerez, que fueron instados a pactar los precios por la Consejería de Agricultura de Andalucía, pacto que incluso se plasmó en un reglamento. Entonces, la CNC sancionó a las empresas, pero sólo envió un informe no vinculante a la Consejería.