España, un país menor: su peso en la UE es el más bajo desde su adhesión en 1986

Lo dijo ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, en Bruselas: España está infrarrepresentada en los órganos de decisión de la Unión Europea. Y lleva toda la razón. Nunca como hoy, desde que en 1986 se materializó la adhesión, España ha contado con menor peso político en los organismos comunitarios. Hasta el punto de que prácticamente su representación al máximo nivel se limita a dos altos cargos de la era socialista: el comisario Joaquín Almunia (cada país de los 27 tiene un representante) y Magdalena Álvarez. La exministra de Fomento retiene una de las ocho vicepresidencias del Banco Europeo de Inversiones. El resto es un desierto.

La escasa presencia de España en Bruselas afecta también al personal ‘raso’. Los 1.649 españoles que trabajan en Bruselas, según los datos de la propia Comisión Europea, representan apenas el 7% del peso de España en el conjunto de la región en términos económicos. Es decir, muy lejos del 11,7% que pondera el PIB de España respecto de la Unión Europea.

Incluso países ‘menores’ como Portugal o Grecia tienen mayor representación institucional que España, que no sólo ha dejado de tener un miembro en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), sino que no tiene presencia relevante en ningún otro órgano de decisión, salvo el Consejo Europeo, donde por razones obvias el presidente del Gobierno es uno más de los presentes.

El Defensor del Pueblo europeo, por ejemplo, es un griego, Nikiforos Diamandouros, y un compatriota suyo, Vassilios Skouris es el presidente del Tribunal de Justicia, donde un español, el jurista Gil Carlos Rodríguez Iglesias, llegó a ser en los años 90 el máximo responsable. Ahora, nada de nada.

Otro país sustancialmente más pequeño como Portugal tiene, incluso, mayor representación política que España. Al margen del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, otro portugués, Vitor Manuel da Silva Caldeira, es presidente del Tribunal de Cuentas, donde sólo hay un español relevante, Baudilio Tomé, ex alto cargo en tiempos de Aznar.

Habrá quien piense que el hecho de elegir a representantes de países pequeños forma parte de una estrategia política destinada a equilibrar el peso de los grandes, diluyendo su poder. Pero no es así. Alemania, el país más grande de la UE, cuenta con Gerhard Stahl como secretario general del Comité de las Regiones; además,  cuenta con el Parlamento Europeo en la figura de Martin Schulz. Otro alemán, Werner Hoyer (procedente del Partido Liberal), preside el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El presidente de la Comunidad de Murcial, Ramón Luis Valcarcel 'salva' el honor español como presidente en funciones del Comité de las Regiones, un cargo no ejecutvo.

Un puesto clave

Otra nación de las grandes, el Reino Unido, dirige la política exterior a través del Alto Representante de la Unión  Europea, que, como se sabe, está en manos de la baronesa Catherine Ashton. En su cartera es donde se observa con mayor intensidad la infrarrepresentación de España en la UE. No hay ningún español en el influyente Consejo del Servicio Europeo de Acción Exterior, donde hay ingleses, franceses y alemanes. Y eso que España ha gestionado esa cartera durante años en los tiempos de Javier Solana. Hoy no queda ni rastro de aquel nombramiento. Sólo un diplomático -el anterior embajador español en Rusia- con categoría de director general para Europa, Luis Felipe Fernández de la Peña.

Hay más casos. El holandés Peter Hustinx es el supervisor europeo de protección de datos, mientras que su compatriota Jeroen Dijsselbloem acaba de ser elegido nuevo presidente del Eurogrupo, un puesto clave en unos momentos especialmente delicados para España. El Eurogrupo coordina y supervisa la política económica de los países del euro y ejerce una presión real sobre los gobiernos, de ahí su importancia.

Las relaciones entre Guindos y su antecesor, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, han sido históricamente malas, y Alemania ha querido reservar ese puesto para un país como Holanda, incondicional de la política de Angela Merkel.

Hay que tener en cuenta que España perdió el pasado mes de julio su puesto permanente en el directorio del Banco Central Europeo (BCE) en beneficio de Luxemburgo, que logró colocar a su representante, Yves Mersch, para sustituir a José Manuel González Páramo, pese al voto en contra del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El Gobierno tampoco logró entonces que como compensación se ofreciera a un español la dirección del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede), pese a que presentó como candidata a la exdirectora del Tesoro y actual responsable de la Sareb, Belén Romana. El ‘patinazo’ del Gobierno fue todavía mayor si se tiene en cuenta que el presidente del fondo de estabilidad, el alemán Klaus Regling,  nombró como asesor ejecutivo a David Vegara, exsecretario de Estado de Economía con Solbes. Ni rastro de candidatos del nuevo Gobierno.

El descuelgue de España de los órganos de dirección de la UE no acaba ahí. El presidente del Fondo Europeo de Inversiones -fundamental para encontrar financiación destinada a las pequeñas y medianas empresas-  es el británico Richard Pelly, mientras que el presidente del Comité Económico y Social (un organismo donde están representados sindicatos y empresarios) es el sueco Staffan Nilsson. Ninguno de los vicepresidentes es español, como sucede con tantos otros organismos europeos, donde la representación de los españoles se limita a puestos de asesor.

Este es el caso del BCE, donde el puesto más relevante -además de la presencia del gobernador Linde en el Consejo de Gobierno- lo ocupa el jurista Antonio Sáinz de Vicuña, director general de Asuntos legales. Tampoco España cuenta con presencia verdaderamente relevante en la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés).