La Caixa se sale con la suya: no tendrá que vender nada de CaixaBank

La Caixa se ha salido con la suya. La entidad con sede en Barcelona, al igual que el resto de cajas sanas, no perderá el control de la entidad a través del que ejerce su actividad bancaria (CaixaBank) pese a que el Memorándum de Entendimiento con Bruselas (MoU) así lo establecía. Luis de Guindos ni siquiera le obligará a desprenderse de ningún porcentaje (actualmente posee el 62%), según fuentes del Ministerio de Economía. A cambio, las fundaciones bancarias en que se transformarán las actuales cajas de ahorros tendrán que dotar un fondo de reserva ante posibles insolvencias del banco filial (falta por definir su cuantía) y no podrán simultanear consejeros en una y otra entidad, como adelantó El Confidencial. No obstante, el periodo para cumplir este requisito es de casi dos años, lo que permitirá, por ejemplo, que Isidre Fainé compagine la presidencia de La Caixa y CaxaBank en ese tiempo.

Esto también se aplica a Braulio Medel en Unicaja, Amado Franco en Ibercaja, Mario Fernández en KutxaBank, Carlos Egea  en BMN y Manuel Menéndez en Liberbank. Ninguno de ellos tendrá que vender una acción de sus bancos filiales o participados, y todos tendrán dos años para elegir entre sentarse en el consejo de la antigua caja -ahora transformada en fundación bancaria- o hacerlo en el del banco a través del que realiza la actividad financiera, según se recoge en el anteproyecto de Ley de Cajas y Fundaciones Financieras presentado hoy por el Gobierno.

El punto 23 del MoU establece que "Las autoridades españolas prepararán para finales de noviembre de 2012 normas que aclaren la función de las cajas de ahorro en su calidad de accionistas de entidades de crédito, para, en último término, reducir su participación en las mismas hasta un nivel no mayoritario". Lo cual había abierto una negociación entre Bruselas, el Gobierno español y las entidades para definir qué se entendía por "nivel no mayoritario" y conseguir algún tipo de compensación o de período transitorio a cambio de esta obligación de venta, con Fainé como principal adalid de la misma en su doble condición de presidente de La Caixa y de la CECA.

Sin embargo, el Gobierno finalmente ha convencido a Bruselas de que las cajas "sanas" debían tener un trato diferenciado de las cajas quebradas y nacionalizadas. A cambio, ha tenido que conceder la creación de un fondo de reserva de cuantía indefinida para garantizar que "el mantenimiento del control de los bancos por parte de las cajas -cuando superen el 50% del capital- "no supone un riesgo en el futuro para su solvencia y sus requisitos de capital", según las fuentes citadas. Todavía no se ha estimado cuál será la cuantía de este fondo, que determinará el Banco de España. Las cajas que mantengan el control de sus bancos también deberán también presentar un plan de diversificación de inversiones y de gestión de riesgos, pero eso es más una forma de limitar el riesgo de contrapartida que una obligación de invertir en negocios no financieros.

La otra contrapartida es la incompatibilidad para ser consejero simultáneamente de la fundación y del banco, algo que también se aplicará a los consejeros ejecutivos. En este caso, Fainé también es el más interesado en mantenerse todo el tiempo posible al frente de la caja y del banco. Dispondrá de dos años para ello. Primero, porque no se espera que la nueva norma entre en vigor antes de finales de este año o principios del próximo. Después, porque ésta concede un período transitorio de otro año más para que las cajas que ya ejercen su actividad de forma indirecta se transformen en fundaciones, lo que nos sitúa a finales de 2014 o principios de 2015. 

Se libra de la Generalitat

Como adelantó El Confidencial, La Caixa también ha conseguido su objetivo de no quedar supervisada por la Generalitat de Catalunya, sino por el Banco de España y el Estado. Las fundaciones con más de un 30% en sus bancos tendrán la actividad financiera supervisada por el Banco de España y la obra social reacerá en las comunidades autónomas salvo que ésta se ejerza en más de una, como es el caso de la entidad catalana. Caso aparte es el de las cajas vascas, cuya supervisión de la obra social no queda clara en el texto actual y deberá definirse en su tramitación parlamentaria.

La nueva Ley de Cajas también endurece los requisitos para ser consejero de una entidad (aunque no de las fundaciones), después de los escándalos de miembros del consejo sin ninguna preparación que cobraban cantidades astronómicas. Así, se exigirá un mínimo de conocimientos y experiencia, y será causa para no considerar a alguien honorable no que esté condenado en sentencia firme, como hasta ahora, sino estar meramente imputado. Las instituciones públicas podrán mantener el 25% de la asamblea de las cajas (o de los patronatos de las fundaciones).