La Audiencia de Barcelona ordena reabrir la causa contra los Carulla por fraude fiscal

La Audiencia de Barcelona ha ordenado este jueves reabrir la causa contra los seis hermanos de la familia Carulla acusados de un delito contra la Hacienda Pública en operaciones de compraventa de acciones entre empresas del conglomerado de sociedades de Agrolimen. Lo ha hecho tras aceptar los recursos presentados por el fiscal de Barcelona Francisco Bañeres y la Abogacía del Estado contra el sobreseimiento del caso que había decretado en octubre el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Barcelona, Josep Maria Miquel Porras, al no apreciar indicios de delito en varias operaciones de los hermanos Lluís, Maria, Montserrat, Artur, Aurelia y Jordi Carulla.

El fiscal sospecha que los hermanos utilizaron estas operaciones para hacerse irregularmente con entre 400.000 euros y un millón evadiendo impuestos, tal y como recogía uno de los informes de la Agencia Tributaria. En su recurso, había detallado que la conducta que tilda de delictiva "consistió en un reparto de dividendos desde la sociedad Arborinvest por importe de 61,5 millones de euros que acabaron aterrizando en los patrimonios respectivos de los imputados sin tributar los impuestos de la renta y patrimonio el año 2006".

Ahora, la Sección Séptima de la Audiencia ha ordenado reabrir la causa al considerar su sobreseimiento "precipitado", sobre todo porque el juez instructor no ha esperado a tener un informe definitivo de la Agencia Tributaria después de que ésta, en sus primeros avances, consideró que los imputados habían defraudado a la Hacienda Pública. Miquel Porras ordenó el archivo de la causa en base a un informe de un perito designado por el juzgado que en el auto de sobreseimiento "analiza pormenorizadamente" sin apreciar delito, pero también había designado como perito auxiliar a la Agencia Tributaria y no esperó a tener su informe final.

"El informe definitivo de la Agencia Tribuitaria es una prueba fundamental para las acusaciones y además fue acordado por el instructor", reitera la Audiencia en su resolución. Según la Audiencia, el juez debería haber esperado a este informe para tenerlo en cuenta junto a la pericial que él encargó y junto a los dos informes de las defensas y, en el caso de que hubiese contradicciones entre ellos, no sería él quien tendría decidir si darle más credibilidad a uno que a otro "salvo que alguno de los peritajes resulte clamorosamente erróneo".

Considera que el juez asumió "una competencia de enjuizamiento que no le corresponde" en el periodo de instrucción pues, según la Audiencia, únicamente tendría que haber constatado si existen indicios racionales de criminalidad sin entrar en el fondo del asunto. La Audiencia añade que tendría que haberle dado a las acusaciones la oportunidad de poder probar en el juicio sus argumentos "aportando las periciales que consideren oportunas".