BBVA y la Caixa 'financiarán' el ERE de Aena, que afectará a 1.256 trabajadores

Las dos entidades aseguradoras de BBVA y la Caixa serán las encargadas de garantizar las indemnizaciones de los 1.256 trabajadores de AENA que finalmente se han acogido al expediente de regulación de empleo (ERE) acordado por la compañía, dependiente del Ministerio de Fomento, con los sindicatos mayoritarios, CCOO, UGT y USO. El plazo de solicitud de bajas terminó el 31 de diciembre y ha supuesto una importante piedra de toque en los planes del gestor aeroportuario, que había estimado el techo máximo del ajuste en 1.600 trabajadores sobre una plantilla total de 13.000 personas.

La sociedad que preside José Manuel Vargas ha repartido la reducción de plantilla en dos grandes grupos correspondientes a las respectivas actividades empresariales que realiza la entidad. En el conjunto de los 47 aeropuertos gestionados por la empresa estatal, se han rubricado acuerdos con un total de 1.000 trabajadores excedentes, cuya indemnización será cubierta mediante contrato con BBVA Seguros. En el negocio de navegación aérea la cifra de empleados que se han adherido al plan alcanza los 256 y la financiación de los despidos correrá a cargo de Adeslas SegurCaixa.

Los costes totales para AENA serán de 125 millones de euros con una tasa de retorno del 40%, lo que supone que la reestructuración de empleo estará amortizada en un plazo de dos años y medio. La compañía ha cubierto con el ERE uno de los objetivos esenciales de su plan estratégico, adecuando la estructura laboral al horizonte previsto de rentabilidad sin que sean necesarios nuevos despidos. Los futuros esfuerzos de gestión tendrán que orientarse a la mejora de los ingresos comerciales, entre los que destaca la reciente subasta de las tiendas libres de impuestos, además de la próxima refinanciación de la deuda bancaria, que se estima en 12.600 millones de euros.

El ERE de la empresa que gestiona los aeropuertos españoles representa un claro marco de referencia en todo el proceso de reconversión del sector público que el Gobierno se propone llevar a cabo en 2013. La estrategia de ajuste se ampara en las facilidades que otorga la reforma laboral para reducir el coste del despido a un máximo de 20 días por año trabajado con un total de 12 anualidades, si bien la empresa estatal ha ido ampliando el cálculo de la compensación en favor de aquellos empleados mayores que, por tanto, se encuentran más cerca del final de su carrera profesional.

Claves del pacto exprés con los sindicatos

AENA consiguió desactivar así la bomba de relojería que supuso el anuncio en otoño del expediente de regulación llegando a un pacto exprés con los sindicatos tras un mes de negociaciones. La clave que posibilitó el acuerdo residía en la voluntariedad de los excedentes laborales y la adopción de medidas claramente incentivadas aprovechando la pirámide de edad de la compañía. Los 20 días mínimos de indemnización fueron ampliados en ocho más por año trabajado para todo el grueso de personas que no pudiesen beneficiarse de un plan de recolocación durante los próximos seis meses. Además, para aquellos empleados que acumulen diez años de servicio en la casa y que tras su baja no encuentren empleo en el plazo citado de un semestre la dotación inicial se extiende a un total de once días.

El ERE contemplaba situaciones excepcionales que, a la postre, garantizaban su efectiva aplicación por cuanto que la plantilla de AENA cuenta con 1.400 personas mayores de 55 años que cumplen los mínimos establecidos de antigüedad. Dicho colectivo se ha apuntado masivamente a las bajas con la certeza de que, echando números, la compensación económica que van a recibir equivale prácticamente a un 70% de su salario neto durante todos y cada uno de los próximos años hasta que alcancen la edad oficial de jubilación.

De acuerdo con las nuevas disposiciones laborales, AENA pagará también las prestaciones de paro y las cotizaciones a la Seguridad Social, de manera que el ajuste no revierta contra la caja del Estado, como ha ocurrido con otras grandes empresas españolas que han venido utilizando las jubilaciones anticipadas como mecanismo de regulación de empleo. La era de las mal llamadas prejubilaciones doradas con cargo al erario público ha pasado a la historia y ahora cada palo tendrá que aguantar la vela de un ajuste que, dentro del sector público, no ha hecho más que empezar.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, alcanzó hace tres meses un acuerdo con su colega de Empleo, Fátima Báñez, para la puesta en marcha de un nuevo Reglamento de Despido Colectivo que facultará los expedientes de extinción de contratos en los organismos y empresas estatales, así como en las comunidades autónomas y ayuntamientos con un máximo de 20 días por año trabajado. La medida afecta al personal laboral, no a los funcionarios de carrera, pero supone un arma negociadora de ajuste masivo para un total de 700.000 empleados de las diferentes Administraciones Públicas.