El Gobierno blinda la ley de Unidad de Mercado con un 'sorbito' de Cassis-Dijon

“Todo producto legalmente fabricado y comercializado en un Estado miembro, de conformidad con la reglamentación y los procedimientos leales y tradicionales de este país, debe ser admitido en el mercado de cualquier otro Estado miembro”. Con esta declaración de principios, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea derribó en febrero de 1979 las barricadas que Alemania había levantado para la distribución de la crema “Cassis de Dijon”, un vino dulce francés que va a sentar ahora doctrina en España como punto de apoyo de la nueva Ley de Garantía de Unidad de Mercado.

El licor Cassis de Dijon era ofertado como bebida alcohólica cuando en realidad disponía de un nivel de grados inferior al 25% que prescribía la regulación germana. Sin embargo, una vez interpuesto el pleito por el importador alemán, la empresa Rewe-Zentrale AG, los jueces comunitarios le dieron la razón y rechazaron las restricciones por entender que eran contrarias al interés general. Este es el fondo de la cuestión a la que se acoge el Ministerio de Economía para aplicar la denominada licencia única, en virtud de la cual todo producto o servicio generado al amparo de cualquier normativa autonómica podrá ser ofertado en cualquier punto del territorio español.

El interés general se convierte en la piedra angular de la unidad de mercado con el fin de aprovechar las economías de escala derivadas de operar en un espacio económico mayor y con reglas de juego comunes. En el caso de España la situación cae por su peso si se observa que en los últimos treinta años los distintos Gobiernos regionales han promulgado más de 100.000 disposiciones normativas, provocando un marasmo legal que paraliza la iniciativa empresarial a poco que un agente económico intente salir de su demarcación de origen.

La nueva ley de Unidad de Mercado concede al Gobierno de la nación la potestad de impulsar un proceso de armonización que tendrá carácter de obligado cumplimiento para todas las administraciones periféricas. Este planteamiento implica la recuperación de competencias regulatorias, lo que puede chocar abiertamente con el instinto básico de las CCAA por defender su propia soberanía.

Para evitar o, cuando menos, soslayar el potencial enfrentamiento, la Secretaría de Estado de Comercio que dirige Jaime García-Legaz ha definido un marco legal que combina la diversidad normativa con la preservación de un mercado común dentro de España. El proyecto de ley que mañana abordará el Consejo de Ministros se fundamenta en la esencia del expediente Cassis-Dijon, cuya base no es otra que el reconocimiento mutuo de las diferentes normas dentro de la Unión Europea. Se trata de aplicar un criterio de confianza recíproca eliminando de golpe y porrazo las múltiples diferencias de regulación que limitan y restringen la actividad en el mercado interno.

El Gobierno pretende que en España las comunidades compitan entre sí por atraer y retener los recursos productivos en un proceso que posibilitará la convergencia de normas diferentes hacia estándares comunes o similares. De esta manera, los Gobiernos regionales con sistemas regulatorios o burocráticos demasiado onerosos serán penalizados por razones de pura competencia. Dicho de otro modo, las Administraciones intervencionistas deberán suavizar sus controles o resignarse a perder su producción, su capacidad para crear empleo y hasta su renta.