LAS PREJUBILACIONES SERÁN CLARAMENTE PENALIZADAS

Báñez pretende ajustar las pensiones con arreglo al IPC europeo, sin incluir los carburantes

La gran incógnita de las pensiones está a punto de despejarse. Por lo menos en lo que concierne a la propuesta que el Ministerio de Empleo

Foto: Báñez pretende ajustar las pensiones con arreglo al IPC europeo, sin incluir los carburantes
Báñez pretende ajustar las pensiones con arreglo al IPC europeo, sin incluir los carburantes

La gran incógnita de las pensiones está a punto de despejarse. Por lo menos en lo que concierne a la propuesta que el Ministerio de Empleo presentará en las próximas semanas a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo con el fin de erradicar el actual factor de sostenibilidad referenciado al IPC que fuentes del Gobierno consideran que “ya no se puede aguantar”. La solución que en estos momentos estudian los técnicos de la Seguridad Social tiene una naturaleza análoga, pero encaja dentro de los objetivos de una economía que necesita recuperar competitividad a pasos agigantados. El objetivo no es otro que vincular las pensiones con el IPC medio de Europa y, además, excluir los precios mucho más volátiles de los carburantes.

Desde la congelación decretada por Zapatero en mayo de 2010 y después de que el Partido Popular no haya podido cumplir su promesa de revalorización automática en 2012, todos los agentes sociales están convencidos de que el mandato legal para ajustar las pensiones al IPC ha pasado a la historia. La España en recesión, por lo menos hasta finales del nuevo ejercicio 2013, debe abordar durante este año un postrer esfuerzo de devaluación interna que garantice la potencialidad de la economía en el inmediato futuro. El Gobierno tiene que remendar de viejo con todas las consecuencias y, en el caso de las pensiones, Rajoy ha entendido que es mejor ponerse la cara una vez colorada antes que cien amarilla.

La determinación que impulsa al presidente viene impuesta también por las presiones recurrentes de las Autoridades comunitarias, que parecen insaciables a la hora de exigir nuevos ajustes estructurales. El comisario europeo de Empleo, el húngaro László Andor, ha visitado recientemente España acompañado de su equipo supervisor y ha quedado satisfecho con el grado de avance, objetivos y cumplimiento que presentan las reformas efectuadas en materias de su competencia. Al menos eso es lo que aseguran en el departamento que encabeza Fátima Báñez, aunque lo cierto es que pocos días después el otro comisario, Olli Rehn, responsable de Asuntos Económicos, volvió a la carga para reclamar una enésima adaptación, entiéndase retraso, de la edad de jubilación en nuestro país.

Bruselas ha hincado el diente aprovechando las deficiencias estructurales que debilitan el sistema público de pensiones y el Gobierno está dispuesto a aceptar las reivindicaciones de los burócratas, que insisten en adaptar el retiro a la mayor esperanza de vida. A bote pronto, la solución sería tan simple como retrasar la jubilación más allá incluso de los 67 años o, en su defecto, acelerar el calendario para que esta edad sea efectiva mucho antes del horizonte legal que ahora está fijado para 2027.

No obstante, Fátima Báñez quiere sondear otros caminos menos tortuosos desde el punto de vista social, pero que pueden conducir perfectamente a la misma meta. La ministra considera que la sostenibilidad de la Seguridad Social en España tiene algunos otros resortes que es preciso poner a prueba y el más importante ahora es atacar el fraude de ley que existe en la jubilación anticipada.

Medidas para endurecer la jubilación anticipada y la parcial

El ministro de Economía, Luis de Guindos, está también por la labor de acabar con las prejubilaciones, que se han convertido en la fruta más madura de la gran crisis nacional. En el último año, el número de pensionistas ha aumentado un 5%, pero los de menos de 65 años lo han hecho en un 12%. Dicho de una manera más lapidaria y según los datos oficiales, uno de cada tres pensionistas se jubila con menos de 65 años.

El Gobierno va a poner coto a esta práctica claramente insolidaria mediante el incremento descarado de los coeficientes de reducción y retrasando también de forma oficial hasta los 63 años la edad de jubilación anticipada, que ahora es factible a partir de los 61 cuando se trata de retiros supuestamente forzosos. En paralelo, los borradores que maneja la Seguridad Social comprenden cambios definitivos de la jubilación parcial, que exigirán un mínimo tiempo de trabajo del 50% frente al 25% ahora vigente, así como el endurecimiento de los contratos de relevo que hacen las empresas para cubrir los periodos de empleo vacantes. Como corolario de la reforma se pretende potenciar el llamado envejecimiento activo, que permitirá compatibilizar en España la pensión con determinados tipos de empleo asalariado.

El objetivo es romper la carrera hacia el precipicio de ese gran caballo de batalla que es el sistema público de pensiones mediante el cambio de unos hábitos perversos que orientan la huida de la crisis con el abandono del mercado de trabajo. Tanto las empresas como los trabajadores han encontrado vericuetos legales para convertir la jubilación anticipada en un mecanismo de regulación de empleo que carga a hombros del erario público los anhelos de competitividad o las expectativas de una renta vitalicia. Pero lo que se daba se tiene que acabar porque a día de hoy la Seguridad Social ni tan siquiera dispone de dos trabajadores activos para pagar la pensión de cada jubilado. Una ratio algo más que inquietante y no sólo por la intimidación de Bruselas.

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