Competencia 'tumba' la ley estrella de Cañete para acotar el poder de las marcas blancas

La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha amargado las fiestas al ministro de Agricultura, el popular Miguel Arias Cañete. El organismo supervisor considera que las medidas legislativas que pretende desarrollar la nueva Ley para la Mejora de la Cadena Alimentaria, cuyo texto original fue aprobado en consejo de ministros a mediados de octubre y luego remitido a trámite parlamentario, incurren en riesgos negativos que deben hacer reconsiderar la modificación sustancial del Anteproyecto de Ley, según consta en el informe elaborado y aprobado por la CNC el pasado 19 de diciembre, de acuerdo con fuentes del sector.

Según recoge el detallado informe de dieciocho páginas, que será publicado en los próximos días, la CNC advierte al Ministerio de Agricultura de la probabilidad de que las medidas propuestas para corregir las asimetrías existentes en la relación de poderes entre los operadores de la cadena alimentaria genere otros efectos más negativos, tanto para la industria agroalimentaria como para los consumidores, de los que se pretenden atajar. Por este motivo, el consejo del organismo supervisor recomienda eliminar parte del contenido y desactivar o atenuar otra gran parte, adecuándolo a las experiencias  europeas que están por venir.

Para corregir estas distorsiones detectadas, el equipo del ministro Cañete ideó un nuevo marco normativo con el que "mejorar la vertebración y el funcionamiento de la cadena alimentaria, aumentando la eficacia y competitividad del sector", así como "conseguir un mayor equilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor". En definitiva, acotar la hegemonía comercial alcanzada por las grandes firmas de distribución en la cadena de la industria agroalimentaria, que gracias al éxito de los productos de marca blanca han concentrado un poder en el canal de venta que ha tensionado al resto de la cadena. 

En menos de dos meses y tras varias citas, la CNC desmonta la base de la Ley para la Mejora de la Cadena Alimentaria, hasta el punto de señalar que “el desequilibrio o la asimetría entre las partes contratantes no es una anomalía o fallo del mercado sino una característica inherente… al que van dando respuesta desde un punto de vista dinámico, adaptando su organización productiva y mejorando su eficiencia”. Como explica, estas situaciones “contribuyen a mejorar la competitividad y productividad de los sectores, a fomentar la innovación… Por lo tanto, no resulta deseable constreñir este juego desde la intervención pública”.

El articulado del Anteproyecto de Ley diseñado por Agricultura y reclamado por productores (COAG, UPA, ASAJA) y fabricantes (FIAB, PROMARCA) recoge aspectos relevantes como la creación de un régimen sobre contratación y conductas comerciales abusivas, el diseño de un código de buenas prácticas en la contratación, la instauración de un Observatorio de la Cadena Alimentaria sustituto del Observatorio de Precios, el desarrollo de una potestad sancionadora por parte del Ministerio, la mejora de la vertebración entre los operadores y la regulación del trabajo de los laboratorios agroalimentarios.

Rebate los principales puntos

A pesar del objeto final, la CNC alerta del riesgo de sobreregulación, dado que para favorecer la denuncia, persecución y expulsión de prácticas proscritas (desleales o abusivas) se puede incurrir en medidas ineficientes, bien porque repercutan negativamente en las dinámicas económicas o porque ya están tipificadas en el ordenamiento jurídico (competencia desleal), y desproporcionadas, dada la complejidad a la hora de determinar los umbrales del ámbito de actuación. Respecto al régimen sancionador se muestra también contundente, pues entiende que las relaciones contractuales entre partes están sujetas ya al derecho mercantil.

Con su interés por mediar en todos los procesos de la cadena alimentaria, lo único que puede conseguir el Ministerio de Agricultura con su propuesta, según explica la CNC, es generar inseguridad jurídica con “problemas prácticos de duplicidad de actuaciones”, establecer en cierta medida “una burocratización de las relaciones comerciales” e introducir más costes en recursos públicos, humanos y materiales, con una esta nueva estructura administrativa, que además propicia un elevado riesgo de ruptura de la unidad de mercado al posibilitar la aplicación incoherente del régimen dependiendo del ámbito territorial.

Además, el informe apunta que igual es “más aconsejable esperar a conocer el posible marco normativo comunitario que se configure, para evitar someter las relaciones comerciales en España a normas que se tengan que ver adaptadas o modificadas con posterioridad, con el consiguiente coste para los agentes”. La observación es oportuna, dado que el pasado mes de diciembre la Comisión Europea reconoció que está examinando todas las opciones posibles, incluyendo la regulatoria, para evitar prácticas comerciales desleales, planteando el lanzamiento de una iniciativa legislativa a nivel europeo”. En España, sin embargo, hay prisa.